CARTA ABIERTA AL GOBIERNO CONTRA LA IMPUNIDAD
La Vicepresidencia
primera y el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática ha puesto a disposición de la ciudadanía y de las organizaciones y
asociaciones el correo electrónico consultaleymemoria@mpr.es para recibir propuestas, ideas, opiniones o
sugerencias de cara a la modificación y profundización del contenido normativo
de la ley 52/2007 de 26 de diciembre, conocida como Ley de Memoria Histórica.
Por ello, en el
periodo de aportaciones y en nombre de la ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL ESTADO (AVICES),
comparecemos para exponer, a nuestro mejor entender, que recoge las principales
demandas de las víctimas y de sus familiares así como las medidas democráticas
y sociales imprescindibles para derribar el muro de la IMPUNIDAD, que constituye el verdadero nudo
histórico, ilegal e ilegitimo, impuesto por la razón de Estado, con el que se quiere impedir la Verdad, la Justicia y la Reparación de los
crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos desde la guerra, la dictadura
y en el periodo posterior, supuestamente democrático, hasta nuestros días.
La impunidad española
constituye el reverso de la cara oficial de la supuesta versión oficial de la
“democracia española” por la que se viene negando durante más de cuarenta años -de
forma individual y colectiva a millones de víctimas- y a la sociedad más en
general, el derecho de defensa y el principio general de igualdad ante la ley
de todos los ciudadanos.
El origen histórico
de la impunidad en España deviene del golpe de Estado promovido por los
generales africanistas respaldados por la Alemania nazi, la Italia de
Mussolini…, y el Estado Vaticano, que consiguió aplastar la resistencia popular
estableciendo un régimen ilegal de guerra permanente contra trabajadores y
pueblos, persiguiendo toda expresión de actividad democrática, sindical, social
y laica. Desde entonces la “cuestión española” arrastra y resume el binomio
contradictorio que comprende la condena internacional del régimen de la
dictadura de 1946, “la de un régimen fascista impuesto al pueblo español con
la intervención armada de las Potencias del Eje” y la admisión de este
mismo régimen en el sistema de las Naciones Unidas, promovida por los EEUU para
respaldar el régimen de hecho.
Los crímenes
cometidos por el régimen franquista fueron tipificados en el Estatuto de Nuremberg,
que los clasificó como CRÍMENES CONTRA LA PAZ (planificación, financiación y
conspiración contra un régimen legalmente establecido), CRÍMENES DE GUERRA (violación
de las leyes internacionales y nacionales o usos de la guerra) y CRÍMENES
CONTRA LA HUMANIDAD (actos inhumanos cometidos contra la población civil). Principios,
que además proceden de las conclusiones establecidas contra las guerras, que se
reforzaron desde los desastres de la Primera Guerra Mundial.
Por ello, las
reiteradas recomendaciones de las NNUU y de todo tipo de asociaciones de Derechos
humanos al Estado español no han dejado de insistir en la necesidad de acabar
con la impunidad impuesta por el Estado español, es decir, en “la
inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal por parte de los
autores de violaciones de derechos humanos, así como la responsabilidad civil,
administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a
su inculpación, detención, procesamiento y, en su caso, de ser reconocidos culpables,
condena, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas” (tal y
como se establece en el informe de L. Joinet en 1977).
Millones de víctimas
de la represión en nuestros pueblos siguen demandando Verdad, Justicia y Reparación
frente a las autoridades de un Estado que ni siquiera reconoce a las mismas
como sujeto de derecho, estableciendo por ello un sistema político y judicial
de desigualdad ante la ley por el que se ha establecido y consolidado que las víctimas
del terrorismo gozan de todos los derechos y las víctimas del franquismo de
ninguno.
Sanear los vicios
reiteradamente impuestos por la legislación vigente relativa a la Memoria Histórica
Democrática y a las víctimas pasa de forma inexcusable por la lucha democrática
contra la IMPUNIDAD, ya que históricamente es esta cuestión la que se sitúa en
el centro de los problemas de la lucha por la democracia y la justicia,
haciendo necesario declarar como leyes nulas de pleno derecho todas aquellas
que protegen los crímenes cometidos.
Las leyes que niegan la verdad, la
justicia y la reparación de las víctimas del franquismo, como es el caso de la
ley de Amnistía en vigor desde octubre de 1977, aprobada por una amplia mayoría
compuesta por UCD, PSOE, PCE, y nacionalistas vascos y catalanes, ley por la
que se procedió a amnistiar a los verdugos del régimen, dando paso a los pactos
y consensos con los franquistas que se establecerían en la Constitución del 78.
La ley de Amnistía sigue siendo el principal obstáculo en la búsqueda de la
justicia, que lleva a los jueces a archivar los casos sin siquiera conocer los
hechos, procedimiento en uso que lleva a amnistiar hechos que no se conocen en
sede judicial. La Sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Garzón puso de
manifiesto el doble rasero conformado por la justicia española, que llegó a
investigar y condenar los crímenes de la dictadura chilena y argentina, pero
impidió la investigación de los crímenes del franquismo. El argumento utilizado
(T.S.-SENTENCIA 101/2012) es la entronización de la más absoluta IMPUNIDAD: precisamente,
porque la “transición fue voluntad del pueblo español, articulado en una
ley, es por lo que ningún juez o tribunal, en modo alguno puede cuestionar la
legitimidad de tal proceso. Se trata de una ley vigente cuya eventual
derogación correspondería en exclusiva, al Parlamento”.
Impunidad que se restablece una y otra vez en
las diferentes versiones y proyectos que hemos conocido de la Ley de Memoria
promovidas por el Grupo Socialista, y que se fundamentan, todas ellas, en la
legalidad del franquismo, y por tanto de sus leyes y sentencias, es decir, de
todos sus crímenes.
La derogación de las
leyes de Amnistía y de la Memoria es una exigencia que debe abrir las puertas a
la democracia y a la justicia. No existe otra posibilidad para la verdadera
recuperación de la Memoria Democrática y Laica de los trabajadores y pueblos de
España, de la que depende su futuro en libertad.
La derogación de las
leyes que imponen la impunidad de los crímenes del franquismo, conjuntamente
con la derogación de las leyes que fueron prometidas por el actual gobierno en
el momento de su constitución, como es el caso de la ley mordaza y la reforma
laboral, son exigencias que no se pueden eludir por más tiempo por el Gobierno
y la mayoría en Cortes.
Dispuestos como
estamos a contribuir a la liquidación del modelo español de impunidad, impuesto
con leyes contrarias al derecho internacional, reclamamos del gobierno la
apertura de un proceso democrático de consulta con las organizaciones de la Memoria
y de Víctimas al que estamos dispuestos a contribuir a partir de esta
aportación.
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