Una exigencia democrática fundamental: romper los consensos con los herederos del franquismo
El ministro del Interior del gobierno de coalición se ha colocado en
primer plano de la crisis política del régimen monárquico. La decisión
de cesar al jefe de la comandancia de Madrid de la Guardia Civil, Diego
Pérez de los Cobos, por “falta de confianza”, ha venido a abrir una
cadena de dimisiones de altos cargos de dicha entidad, y a romper
consensos de Estado que son los que dan base de sustentación al régimen.
El origen del conflicto es el de una demanda judicial -presentada
contra los responsables de autorizar la manifestación feminista del 8 de
marzo en Madrid-, por posible extensión de la infección del coronavirus
a denuncia tomada en consideración por la juez Carmen Rodríguez Medel,
quien encarga a la Guardia Civil, (y no a la policía a quien
correspondía la investigación del asunto), señalando en su auto la
exclusividad de dicha información para su juzgado.
El gobierno de coalición comienza a ver en los movimientos judiciales
y policiales un “complot” destinado a encausar al mismo gobierno para
hacerle políticamente responsable de la crisis del coronavirus,
empezando por imputar al Delegado de Madrid, y exige a Pérez de los
Cobos el conocimiento de las pesquisas policiales realizadas sobre el
caso.
El coronel se niega y es destituido. El Ministerio del Interior
oculta los hechos y explica públicamente que el cese del coronel se
debió a una “reconstrucción de nuevos equipos” de la dirección de la
Guardia Civil.
La destitución y las dimisiones de los jefes de la cúpula
de la entidad que le han seguido se han visto acompañadas, el mismo día
y hora, con la equiparación salarial de la Policía Nacional y la
Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos.
Estos hechos han
convertido la sesión de control del gobierno en las Cortes en una
caldero ardiendo, en el que la oposición de las derechas se ha puesto
de acuerdo en tirarse al monte exigiendo la dimisión del ministro
Marlaska, apareciendo en la superficie de los debates buena parte de las
contradicciones del régimen de la monarquía, a saber: la
incompatibilidad manifiesta entre el franquismo coronado -que se
protege detrás de los pactos y acuerdos que dieron lugar al régimen del
78- y toda expresión libre, independiente y democrática de la sociedad.
Franquismo y democracia son incompatibles.
El fondo de la cuestión que ha venido a quebrar los consensos
derecha-izquierda oficial en la crisis del coronavirus es el siguiente:
¿Quién es el responsable político de los miles de muertes evitables
provocadas por falta de personal y de medios sanitarios? Y las derechas
no han dudado en impulsar una trama política-policial y judicial
estructurada por las grandes sectas religiosas mayoritarias en la
judicatura y en la cúpula policial, como es el caso del Opus Dei, para
hacer responsable único del desastre al gobierno de Sánchez mediante la
manipulación de una nueva “Causa General”, y tratar, con ella, de echar
abajo al gobierno en base a una campaña mediática de los principales
medios de comunicación, a la que se sumó el mismo grupo Prisa después de
los consejos en ese sentido de Felipe González.
La Causa General, so pretexto de los efectos del coronavirus,
instada, como dice el catedrático Pérez Royo, es fruto de una
¿prevaricación administrativa o de ignorancia judicial? Estableciendo
que “en materia de derechos fundamentales la autoridad administrativa no
decide NUNCA. O deciden los ciudadanos que ejercen los derechos que la
Constitución reconoce o deciden los jueces y magistrados que integran el
Poder Judicial”. Llegando a la conclusión de que el delito de
prevaricación administrativa exige una manifestación de voluntad expresa
de actuar de manera contraria a la que establece la ley, y que por ello
no hay delito a la hora de acceder a las peticiones de manifestación
del día 8 de marzo, es decir, no hay causa.
La trama judicial-policial parece ser, por el informe que se ha
conocido, que ha tratado de urdir una trama en base a falsificar la
realidad para fabricar una causa postiza. Cuando la verdadera causa
política que surge de la pandemia es la siguiente ¿Quién, o quienes
destrozaron la sanidad pública, facilitando el hecho de la incapacidad
de atender a todos los que lo necesitaron; teniendo que soportar la
indignidad y vergüenza como país de contar con uno de los mayores
índices de mortalidad del mundo por la epidemia?
A ello, hay que unir
algo aún más grave, y es el hecho de haber abandonado expresamente y,
por decisión política, a las personas mayores infectadas a su suerte;
por supuesta incapacidad de atención pública del sistema sanitario sin
los presupuestos adecuados.
El informe de los subordinados a Pérez de los Cobos, que según la
juez solo podía conocer ella en exclusiva, comenzó a publicarse
-conteniendo todo tipo de falsificaciones- en todos los medios de
comunicación, empezando por la misma televisión estatal. Informe que
sería la base para condenar a responsables administrativos y políticos,
como ha sucedido en tantas ocasiones, y en concreto en los informes que
llevaron a la cárcel a los dirigentes del proceso republicano catalán,
pero cuyo fin último es hacer política franquista desde las cloacas del
Estado para mantener los privilegios de todo tipo.
La no depuración democrática de los responsables de todo tipo de
desmanes, y de actos criminales contrarios a los derechos fundamentales,
tanto en la judicatura como en las Fuerzas y Cuerpos Policiales, y de
la alta estructura del Estado tiene una raíz histórica, que son los
pactos que establecieron la total impunidad de los crímenes del
franquismo y de la etapa posterior, con la Constitución falaz que niega
la soberanía popular y el derecho a decidir de la población, que llega
hasta nuestros días.
Lo que explica que el gobierno de coalición en sus
dos versiones políticas siga impidiendo la verdad, justicia y
reparación, manteniendo leyes de punto final como la de Amnistía y la de
la Memoria; llegando al extremo en estas fechas de impedir las
pesquisas de la causa argentina, o de mantener miles de medallas de
honor a los policías torturadores y maltratadores.
El régimen político coronado de la Constitución del 78 nunca ha dado
respuesta a las demandas democráticas y nacionales de los trabajadores y
pueblos. El sistema judicial, la Iglesia católica, las Fuerzas Armadas y
Policiales, la gran banca y el IBEX 35…, son, con la Monarquía al
frente, la expresión del continuismo franquista disfrazado de Estado
democrático y de derecho. Y, ello, cuando la corrupción institucional, y
la ausencia de justicia, la dependencia clientelar…, se manifiesta como
síntomas inequívocos de descomposición de las principales instituciones
del régimen.
La pregunta fundamental que hay que hacer a todos los que se
reclaman de los derechos democráticos y sociales es sí están dispuestos a
romper los compromisos con los partidos e instituciones que representan
la continuidad del franquismo, y que por ese motivo, y solo por él,
estos personajes y sectas preservan poderes y privilegios propios de la
dictadura. Romper con los herederos del franquismo es una cuestión de
vida o muerte para la inmensa mayoría de la población. Detrás de la
crisis política del coronavirus, y de la trama policial-judicial que
pretende derribar el gobierno con una nueva Causa General está la
necesidad de un giro político a la izquierda, un giro democrático y
social apara que no paguen la crisis los mismos de siempre.
El gobierno de coalición no puede pretender basar su gestión en el
mantenimiento de las alianzas y consensos con las instituciones y
personajes del franquismo, manteniendo leyes e instituciones que
conculcan derechos y libertades, tanto políticas como sociales y
económicas. El régimen del 78 es irreformable, solo la voluntad popular
libremente expresada, bien mediante constituyente soberana, o bien
mediante referéndum convocado a tal efecto puede establecer la base
democrática necesaria de la soberanía de los trabajadores y pueblos.
Dirimir todas las responsabilidades de la crisis, impedir la
corrupción y los privilegios institucionales, tomar las medidas de
defensa de la sanidad y de la salud pública, acabando con el dominio de
los grupos de presión económica y religiosa, es una imperiosa necesidad
democrática. Unido, todo ello, a la lucha inmediata contra los despidos y
el paro, que comienza por el desmantelamiento de grandes empresas y
sectores, acabando con las colas del hambre y la precariedad con los
recursos públicos necesarios.
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