La gran tragedia que viven día a día millones de personas por no tener la posibilidad de obtener ingresos a través del trabajo se ve multiplicada por la imposibilidad de poder salir a buscarse las “habichuelas” (cuidadoras o trabajadoras de la limpieza, artistas callejeros, chatarreros, vendedores ambulantes, jornaleros, etc.), debido a la alerta sanitaria que estamos atravesando.
La Unión Europea diseñó hace ya casi cuarenta años nuestro futuro: ser el burdel de Europa. Nos redujeron nuestras fuentes de riqueza al turismo, con la desaparición de la industria y de gran parte de nuestro campo. En todo ese tiempo, ningún gobierno ha apostado, aun siendo un país referente en energías limpias, por la investigación en renovables con lo que ello hubiera supuesto de creación de empleo. Todo ello aderezado con una batería de recortes que no han hecho sino desviar el dinero público a lo privado, empequeñeciendo el Estado y sus coberturas para la inmensa mayoría social, que apenas tiene un 20% de la riqueza total, cuyo 80% restante se reparten entre un puñado de personas. Una Unión Europea que ha fomentado el discurso del enfrentamiento entre pobres por las migajas que nos dejan, que nos muestra a la persona emigrante como el enemigo en ese reparto de la parte diminuta del pastel. Ha bastado esta pandemia para volver a la realidad: nadie está a salvo de tener que huir de donde vive en algún momento. Hemos descubierto, de repente, que lo que necesitamos es una sociedad basada en la cooperación y donde las personas seamos una compañeras y no adversarias. Por eso, ahora más que nunca, son necesarias medidas para eliminar otras pandemias: la de la pobreza, la de la miseria y la de la esclavitud.
Y, en la situación de crisis sociosanitaria actual, hacen falta medidas que garanticen que todas las personas puedan vivir con unos ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas, con el pago de los ERTEs de forma inmediata y con la garantía de que no van a haber ni desahucios ni cortes de suministros como los de agua, gas o luz, así como el mantenimiento de una sanidad y educación públicas de calidad.
Para llevar adelante este plan no hacen falta vacunas. Hace falta solidaridad, empatía y sobre todo ser conscientes de que todas las personas tienen derecho a vivir dignamente.
Desde la Marea Básica contra el Paro y la Precariedad, hemos solicitado en dos ocasiones una reunión con el Ministerio de Derechos Sociales que dirige el Vicepresidente 2º del Gobierno, Pablo Iglesias y con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social de José Luis Escrivá. Solicitudes que no han sido atendidas, habiéndose reunido, sin embargo, con otros estamentos que nada han tenido que ver con la reivindicación de la Renta Básica. Esas reuniones tenían como objetivo tratar la imperiosa necesidad de una Renta Básica de Cuarentena para afrontar la situación actual, con las características de que fuera incondicional y suficiente, y con la posibilidad de que, una vez pasada la pandemia y la situación de desempleo masivo que nos invade ya, se pudiera regularizar el cobro a través de las declaraciones de la renta. Sin embargo, el Ingreso Mínimo Vital que parece plantearse desde el gobierno nace ya absolutamente insuficiente. Llegará, en el mejor de los casos, a un millón de beneficiarios, que tendrán que cumplir y demostrar un sinfín de requisitos, en un remedo de las Rentas Mínimas que contemplan algunas Comunidades Autónomas y que no alcanzan al 6% de la población que las necesita, y que, cuando les llega, han pasado hasta un año y medio. Sin embargo, lo que necesita la sociedad son medidas urgentes, que no sean excluyentes y que se pongan en práctica ya.
En este entorno del 1º de mayo del confinamiento y ya que el gobierno vuelve a tratar de diferente forma a los grandes capitales frente a las personas más vulnerables, hacemos un llamamiento a una nueva alianza social alrededor de siete propuestas. Un llamamiento similar al del 15M, al de las Marchas de la Dignidad, al de las luchas de PAH y los Campamentos Dignidad. Esas propuestas son:
- Una Renta Básica Universal, con el cumplimiento de la Carta Social Europea: ningún subsidio, ayuda, prestación o pensión por debajo del umbral de la pobreza (739€ mensuales hoy)
- Derecho a un trabajo digno. Derogación de las dos últimas reformas laborales. Disminución de la jornada laboral para el reparto justo del trabajo sin rebaja de salarios.
- Pensiones decentes. Subida según el IPC. Pensiones mínimas de acuerdo con la Carta Social Europea.
- Derecho a la vivienda. No a los desahucios de la vivienda habitual. Ocupación social del parque de viviendas rescatadas a los bancos.
- Defensa de la Sanidad y la Educación públicas. No a los recortes: recuperación e incremento de la inversión pública. No a la privatización.
- Derogación inmediata de la Ley Mordaza. Restablecimiento urgente de las libertades individuales y colectivas.
- Medidas ambiciosas y firmes contra la violencia machista y en favor de la igualdad de género real e integral.
La crisis del Covid-19 va a dejar muchísimas más víctimas por sus consecuencias que por el propio virus. Millones de personas en nuestro país perderán sus empleos y quedarán en situación límite. El cambio de paradigma es inevitable: cada vez se necesita menos mano de obra ante el uso de las nuevas tecnologías, lo que no significa que los beneficios empresariales se multipliquen exponencialmente.
Es hora ya de entender un mundo con menos trabajo, más repartido y, sobre todo, que entienda que el planeta no admite el consumismo y la barbarie capitalistas. Es hora de repartir la riqueza y, como venimos reclamando desde hace décadas, de la instauración de la Renta Básica Universal, incondicional, individual y suficiente que la ponga en práctica junto a otras medidas de marcado carácter social y ecologista.
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