LA CORUPCIÓN DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA ES CADA VEZ MÁS VISIBLE
(Comunicado conjunto y plural de fuerzas y militantes de la izquierda organizada)
Era de dominio público que la monarquía borbónica, restaurada por Franco en 1975, amasa desde entonces una enorme fortuna en base a comisiones y chanchullos ilegales, amparados en la impunidad de la figura del monarca.
Costó que saliera a la luz el caso Noos que llevó a la cárcel al cuñado del actual rey, Iñaki Urdangarín, cuyos negocios ilegales los hacía en nombre del que entonces era rey, Juan Carlos I.
Y ahora aflora otro episodio de corrupción de comisiones ilegales ligado a la siniestra monarquía saudí, con la que Juan Carlos I tiene estrechos vínculos personales y económicos.
Hasta ahora todas las actuaciones del rey han estado amparadas en el artículo 56 de la Constitución Española que dice textualmente “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Pero sería discutible si esa inviolabilidad ampara sólo sus actuaciones políticas derivadas de su cargo, o también sus actos delictivos de responsabilidad civil o penal. ¿Todos iguales ante la ley?
En un estado de derecho es obligado investigar a fondo las denuncias por actuaciones ilícitas, y por ello exigimos a la Fiscalía que llegue hasta el fondo en su cometido, y al Congreso de los Diputados que rectifique la decisión de la Mesa de no crear una comisión de investigación.
Nos encontramos de nuevo ante una anomalía democrática que trata de proteger a una institución que fue impuesta en la transición. El cálculo que se estima de la fortuna acumulada por la monarquía española en absoluto se corresponde con la asignación anual de los presupuestos del Estado; sólo se explica por los abundantes casos de corrupción que han salpicado estos años a testaferros y personas cercanas a la institución.
El comunicado hecho público por la Zarzuela el pasado 14 de marzo no hace sino confirmar las sospechas de corrupción que están en el origen de la fortuna acumulada por la Casa Real. Por más que el comunicado pretenda lo contrario, el actual rey Felipe VI está implicado plenamente en las actividades ilícitas de su familia. Renunciar, supuestamente, a parte de su herencia económica no es suficiente; debería renunciar, al igual que su hija y resto de línea sucesoria, a TODA la herencia, incluida la propia corona, por lo ilegítimo de su origen y la corrupción ligada a su reinado.
La democracia, para ser plena, exige también que la forma de Estado sea decidida por el pueblo. La Monarquía, por tanto, debe dejar paso a un nuevo régimen, que deberá ser decidido por medio de un referéndum vinculante.
FUERA MONARQUÍA CORRUPTA
REFERÉNDUM VINCULANTE YA
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