La nueva Ley de la Memoria
juega con la ilegitimidad de los crímenes del franquismo para mantener su
legalidad
En septiembre de
2009, hace ahora más de once años, el Ayuntamiento de Ferrol, en aplicación de
la Ley de la Memoria Histórica (52/2007), aprobó por mayoría absoluta una moción
instando a los poderes públicos, en particular al Ministerio de Defensa, para
que procediese a la retirada de las calles del Arsenal de la Armada los
símbolos referidos a la guerra civil, a la represión y a la dictadura. Los
altos jefes militares contestaron en 2012, tres años después, diciendo que ya “se
identificaron, acometieron y finalizaron las acciones necesarias para dar cumplimiento
en este Arsenal a lo dispuesto en la citada norma. El proceso se llevó a cabo,
al igual que en el resto de unidades de la Armada, bajo la coordinación de la
Comisión Ministerial constituida al efecto”.
En el año 2019 se
comprobó que todos los símbolos franquistas, que hacen alusión a franquistas
sublevados, siguen en su mismo sitio. Símbolos, todos ellos, que ensalzan a
miembros de la Marina de Guerra que se sublevaron contra el gobierno de la
Segunda República en julio de 1936, y que cometieron delito de rebelión contra
el Estado, faltando a su juramento de lealtad republicana.
Fueron responsables de la feroz e ilegal
represión que llenó las cárceles y los cementerios de la ciudad de Ferrol de
militares y civiles. Entre los nombres de los militares, que siguen señalando
las calles del Arsenal de Ferrol, se encuentran Francisco Moreno (Marqués de
Alborán) y su hermano Salvador, que formaron parte de los 35 altos cargos del
franquismo que fueron imputados por la Audiencia Nacional en el sumario
instruido por el Juez Baltasar Garzón, por delitos de detención ilegal y
crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra y revolución española.
Proceso que fue declarado ilegal por el Consejo General del Poder Judicial, en
base a la Ley de Amnistía de 1977, y que sirvió de base política y de consenso para
el acuerdo constitucional de1978.
Lo que está sucediendo en Ferrol con la
Memoria Histórica nos trae a la memoria el contenido, absolutamente incumplido
por el Estado, del art. 15 de dicha ley: “Las administraciones públicas, en
el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la
retirada de los escudos, placas y otros objetos y menciones conmemorativas de
la exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra
Civil y de la represión de la Dictadura”.
Vale, por tanto,
decir y entender que, cuando se habla de Memoria Histórica por los organismos
oficiales del Estado, se hace con el absoluto conocimiento de que se trata de
una memoria vaciada, vacía de contenido real y derechos reales; y que parte de
la negación del mismo reconocimiento jurídico de las víctimas.
No menos interesante
es, para entender el vaciado oficial de la Memoria Histórica y Democrática, el
punto en el que se encuentra la querella interpuesta por miles de víctimas del
franquismo, o por sus familiares, en el Juzgado de lo criminal de Buenos Aires,
conocida como “Querella argentina”.
El 14 de abril de
2010 se inició la querella, a diez mil kilómetros de España, y ello por la
negativa de los jueces españoles y de la casta política del consenso con los
franquistas a entender y proteger a los millones de víctimas de los crímenes
franquistas. Los gobiernos españoles, tanto los del PP como los del PSOE, no
han hecho sino obstaculizar por todos los medios a su alcance, que son muchos, cada
uno de los pasos dados por el juzgado argentino constituido en juzgado
universal. Esgrimen en todo momento la vigencia de la ley de amnistía de 1977, como
ley de impunidad y punto y final, que tanto los partidos de derechas como los
de izquierda se niegan a derogar. Impiden así la efectividad de los exhortos, órdenes
de detención y extradición llevados por el juzgado contra 23 altos cargos
franquistas imputados por crímenes contra la humanidad, entre los que se
encuentran ministros, policías y guardias civiles, jefes militares, jueces y fiscales.
La juez Servini tenía
previsto interrogar el próximo mes de marzo en Madrid al ex ministro franquista
Rodolfo Martín Villa, imputado por crímenes policiales que, en el caso de los
crímenes de los trabajadores de Vitoria-Gasteiz, ordenaba a la policía a través
de la emisora policial: “Disparad con todas vuestras energías. No os importe
matar” … Y, una vez más, el Ministerio de Justicia -ahora con el gobierno
de “coalición” en la Moncloa- acaba de anular el próximo interrogatorio de
Martín Villa, para exigir la puesta en marcha por el juzgado argentino de un
exhorto internacional. Un nuevo aplazamiento con el que no trata sino de vaciar
la memoria de víctimas y la exigencia de justicia, para dejarla reducida a un
formalismo sin sentido, como el que resulta de la Proposición de nueva Ley de
Memoria Histórica y Democrática, presentada a las Cortes por el Grupo
Parlamentario Socialista.
Esta Ley pretende la
búsqueda de desaparecidos, pero manteniendo la impunidad; o la creación de una
Banco Nacional de ADN de familiares de víctimas para no hacer justicia a las
víctimas. Habla de hacer un censo nacional de víctimas, de las personas que
sufrieron fusilamientos, cárceles, exilio, depuración, personas represaliadas
por su condición sexual, de género, de las que sufrieron tortura en los campos
de concentración, guerrilleros, niñas y niños sustraídos …, a mero título
informativo sin más. Propone otras medidas, como “Lugares de Memoria”, medidas
en materia de educación y género, “Día de recuerdo y homenaje a las víctimas”,
… que huyen, todas ellas, de reconocer a las víctimas como víctimas y, por
tanto, como sujetos de derecho.
En cuanto a la
supuesta “Declaración de nulidad” que se propone, relativa a la modificación de
la Ley 52/2007, ha dado lugar a falsas noticias de prensa, según las cuales el
grupo Socialista proponía la declaración de nulidad de los juicios franquistas.
Nada más lejos de la verdad. Como se sabe, la ley de Memoria de Zapatero
declaraba la ilegitimidad de las leyes franquistas, lo que implicaba, sin
embargo, su legalidad. Ahora, de nuevo, se sigue jugando con la misma
expresión: declarando en la nueva ley “la ilegitimidad y nulidad de los
órganos penales y administrativos”, así como la “ilegitimidad y nulidad
de sus resoluciones”. Una vez más para mantener la impunidad de los
crímenes del franquismo se vuelve a vender humo con la Memoria.
Dicha declaración de
nulidad, de falta de legitimidad, no anula las sentencias, ni sus consecuencias
de todo tipo. Lo que anula -solo y simplemente- es su legitimidad, que no su
legalidad; por lo que, de aprobarse la nueva ley, los crímenes del franquismo, como
crímenes contra la humanidad, una vez más, y después de 43 años, seguirán
siendo legales en España.
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