¿El Estado prevaricador? Por IDELFONSO GÓMEZ
Las preguntas que surgen de
la extensión que ha tomado el conflicto político del Estado español por su
vulneración de derechos democráticos fundamentales que se ha agravado e
internacionalizado son del siguiente cariz:
¿Cómo pudieron ser condenados
los dirigentes catalanes del proceso político soberanista habiendo entre los
imputados quien gozaba de impunidad que impedía dicha condena?
¿Se han vulnerado con la
sentencia las reglas esenciales de procedimiento que son garantía básica del
Estado de derecho?
La reacción de las
instituciones judiciales españolas, y de los partidos de derechas ante la
sentencia del TJUE es muy poco comprensible si se tiene en cuenta que dicho
tribunal está por encima del Tribunal Supremo, es decir que es el verdadero
órgano superior de nuestro ordenamiento jurídico por decisión del Estado
español.
Con razón obligada la
vicepresidente en funciones Carmen Calvo ha realizado declaraciones llamado a
que se asuma por las instituciones judiciales españolas las consecuencias de
dicha sentencia, y algo parecido ha venido a manifestar también el Presidente
del Parlamento Europeo que no ha tardado en rectificar y aplicar la sentencia
reconociendo la condición de Puigdemont y Comín como diputados.
Habida cuenta que la primera
reacción de la Fiscalía del Tribunal Supremo, en vez de reconocer el hecho de
que tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo, cada uno a su manera
han violado todos los derechos de Oriol, y de los diputados y senadores
electos; ha sido la de solicitar que Oriol Junqueras no sea puesto en libertad,
y a ello añaden que sea inhabilitado como diputado europeo.
Parecida reacción automática
ha tenido el juez LLarena que parece no entender el motivo por el que él mismo
ha tenido que retirar por tercera vez la euro orden que pretendía la detención
de los responsables políticos de la Generalidad exiliados en diversos países de
Europa.
La judicialización represiva,
que fue la salida fácil para negarse a entrar en la solución democrática del
conflicto político no solo fue la respuesta del gobierno Rajoy sino del Estado
español en su conjunto con el Jefe de Estado a la cabeza. Y que pueden
constituir delitos continuados de prevaricación, delitos que cometen los
funcionarios públicos al actuar injustamente en las funciones propias de su
cargo, conscientemente o por ignorancia inexcusable. Que en el caso de los
jueces deviene de sentencias o resoluciones injustas.
Ahora ese bloque, que es el de los consensos
del régimen del 78, se descompone con el curso de la negociación política
abierta entre el PSOE y ERC, y de la misma sentencia que cuestiona la sentencia
política de Marchena y las euro ordenes de LLarena. En ese cometido tiene que
expresarse la Abogacía del Estado a instancias del Gobierno.
Ahora, el Tribunal Supremo, que
es la institución que tiene la pelota en su tejado, no puede pedir al
Parlamento Europeo el levantamiento de la inmunidad después de haberlo juzgado
y condenado, por lo contrario está señalado para que diga como aplica la
sentencia. La internacionalización del conflicto no solo contamina la Unión
Europea y sus Estados, la misma ONU está llamada a finales del próximo mes de
enero a tomar resolución sobre el caso.
Desde Bruselas, el portavoz
del PP venía a pedir algo parecido a un “Brexit” para España, consistente en la
petición de suspensión de la aplicación del Tratado de Schengen, apostando en
que la solución es volver a las antiguas fronteras para proteger las sentencias
de un reino bananero al margen de cualquier principio político y judicial que pueda
ser compartido por otros Estados, que se reclamen de la aplicación democráticos
fundamentales.
La manipulación política y no
la razón política parece presidir las decisiones represivas que hacen más y más
complejo el conflicto. A las dos horas de conocerse la sentencia del TSUE se
decidió por el tribunal catalán la suspensión del Presidente Torra ante el que
declaró: “A mí no me inhabilita un tribunal con motivaciones políticas porque
solo lo puede hacer el Parlamento de Cataluña”.
El Gobierno en funciones debe
pasar de las palabras a los hechos y reconocer que la aplicación de la
sentencia del TJUE pasa por declarar nulo de pleno derecho el juicio del
procés, con todas sus consecuencias. Acabando con la vía judicial y la
represión política si es que para él la negociación en curso va más allá de la
mera instrumentalización de la investidura, y si por fin ha comprendido la
necesidad de un giro democrático irreversible en nuestra sociedad que pasa por
el ejercicio a decidir. Atendiendo a las demandas de nuevo orden político
auténticamente democrático tendente a fundar la República en la acción conjunta
de los trabajadores y los pueblos. Alianza política y social que puede y debe
representar a la inmensa mayoría. La lucha por democracia y el federalismo es parte
sustancial de la estrategia por la emancipación definitiva de los trabajadores
del yugo del capital.
