IDELFONSO GÓMEZ, PRESIDENTE DEL PSLF
1.- Negociación política y movilización democrática
La situación política
está dominada por la crisis de Estado, y por el agotamiento del sistema
político establecido a la muerte de Franco.
Desde hace años, la
sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto reformado de Cataluña
vino a establecer la nulidad del acuerdo Suárez-Tarradellas (que dio lugar a la
Generalidad previa a la misma Constitución), y que supuso- en consecuencia- la
quiebra del pacto preconstitucional, y el inicio de grandes movilizaciones populares
que han venido a cuestionar la Constitución e instituciones del
régimen del 78.
Las elecciones generales reiteradamente
convocadas (cinco en cuatro años) tendentes a encontrar una mayoría de gobierno
que se oponga al cuestionamiento constitucional han fracasado reiteradamente,
acelerándose por el contrario la polarización política y social en tres grandes
bloques: izquierda, derecha y nacionalistas.
El preacuerdo entre las
direcciones PSOE y Unidas Podemos tras las elecciones del 10N tendente a
investir presidente para la formación de
Gobierno- ahora depende las negociones
entre el PSOE y los
representantes del proceso republicano e independentista catalán, y de ERC en
particular-pero es un acuerdo que puede y debe abarcar a la mayoría de la
cámara .
La condición fundamental
para la investidura es el establecimiento de un principio de acuerdo para la
apertura de un proceso negociador entre la Generalidad de Cataluña y el
Gobierno del Estado. Negociación que centra las principales cuestiones de la
crisis política y que desplaza a enero de 2020 la investidura, si es que la
hay.
La negociación, si queremos que una de manera
efectiva establezca una alianza de la mayoría de representantes de formaciones
políticas que se reclaman de los derechos de los trabajadores y los pueblos
debe ir acompañada de la más amplia movilización en todas partes.
Esta situación se
convierte en una verdadera encrucijada política, en tanto que las demandas
democráticas que se negocian viene a poner en cuestión el continuismo de las
instituciones del régimen del 78 , y en definitiva el poder cifrado en su
Constitución.
Las alternativas giran en
torno a dos extremos, de una parte, si progresa el proceso negociador, y se
establece un gobierno dependiente del proceso republicano catalán se producirá
un grave deterioro del papel del Jefe del Estado, que contribuirá a su
cuestionamiento y el de la monarquía, y con los privilegios franquistas.
De otra parte, sí las
fuerzas que se oponen a la negociación logran desestabilizar al PSOE, y a su
actual dirección, como ya está sucediendo con las provocaciones de los
dirigentes de la Transición, y de algunos barones autonómicos que, sirven los
argumentos a la derecha sobre el eje
:”España no puede depender de los independentistas”, entraríamos en una giro a
la derecha .
Los argumentos que vienen alimentar la
reacción españolista y monárquica se comienzan a multiplicar, a fin de que
se produzca un proceso de regresión política encabezado
por el Rey como caudillo de la unidad nacional del Estado y sus leyes, tal y
como sucedió a partir del discurso bonapartista de la Corona del 3 de octubre
de 2017 contra los acuerdos del Parlamento de Cataluña, y la realización del
referéndum soberanista de 1 de ese mismo mes de octubre, expresión periodística de esta situación es el titular
de la publicación VOZ POPULI sobre la investidura :”Sánchez fuerza al rey a
tener que encargarle a ciegas formar gobierno”
Sobre esta encrucijada influyen
directa o indirectamente múltiples factores, y en particular las decisiones
políticas, económicas y jurídicas de la
Unión Europea sobre España .En el terreno judicial el próximo día de 19 de
diciembre se conocerán las sentencias de los tribunales europeos sobre la situación de los dirigentes del
procés, presos y/o exiliados .La
judicialización de la política española puede llevarse un nuevo varapalo con el
reconocimiento de la inmunidad de los electos
2.- ¿Acabar o
mantener la herencia política del franquismo?
Desde la exhumación de
los restos del dictador del VALLE DE LOS CAIDOS la política de reforma de la
Memoria Histórica ha quedado congelada, y pendiente de los mismos resultados
electorales. La exhumación no ha acabado con el Valle de los Caídos como lugar
para la exaltación del franquismo en manos de la Iglesia, como tampoco ha
desposeído a los Franco de la tumba de Estado, ya que la de Mingo Rubio ha sido
adquirida con dineros públicos, y aún menos se han dado pasos para proceder
contra la herencia familiar millonaria de la familia que tiene mucho que ver
con el saqueo y la corrupción de la guerra y la dictadura.
Como tampoco se ha
permitido avanzar en la localización y exhumación de fosas de republicanos
asesinados con verdad, justicia y reparación. Celebrar la exhumación contra los
privilegios de la dictadura está por tanto limitada al hecho de que se
mantienen otros muchos privilegios, y sobre todo el hecho de que sobre todo
ello se mantiene la impunidad de Estado, y de sus personajes que hicieron
posibles los crímenes franquistas.
Hay por tanto que
establecer la continuidad de las iniciativas contra la impunidad, situación que
pervive en las instituciones fundamentales del Estado, gracias a que el régimen
del 78 y sus leyes (Amnistía y Memoria) lo han hecho posible hasta hoy.
Sacar la herencia
política del franquismo del corazón del Estado y juzgarla es una imperiosa
necesidad democrática que afecta a toda la sociedad. Entre las medidas pactadas
por PSOE-UP para formar gobierno se habla de forma muy sucinta de un “país de
memoria y dignidad” sin más desarrollos de los que se tenga conocimiento.
El movimiento de víctimas
y de la memoria debería emprender un trabajo de formulación de cuáles son los
pasos en el camino de la lucha por la memoria y la dignidad que establezca una
hoja de ruta para acabar con la impunidad
de los crímenes de la guerra, la dictadura y la transición. Convocando en los
próximos meses un nuevo Encuentro Estatal que permita unir a la mayor cantidad
posibles de asociaciones, partidos y sindicatos abrir la negociación necesaria
con las fuerzas parlamentarias , y con el mismo gobierno que se forme.
Solo una ley de víctimas
que condene el franquismo como régimen criminal y reconozca los derechos de las
víctimas abrirá las puertas a acabar con
las leyes de punto final e impunidad. Notas para la intervención en la Coordinadora
de la Memoria.Madrid 14 de diciembre 2019
