La exhumación de Franco del panteón faraónico del “Valle de los Caídos”: ¿depende en última instancia del Papa?
Quienes siguen defendiendo las políticas que se establecieron desde las direcciones políticas y sindicales de consenso con los franquistas, de subordinación a la herencia de la dictadura y sus consecuencias -situación que más de cuarenta años después aún se padece-, establecen justificaciones cada vez más contradictorias con la lucha del laicismo y la democracia.
Una de esas argumentaciones la acabamos de escuchar estos días en relación con la formación o no de un gobierno de coalición PSOE-UP. Se dice que Sánchez y los dirigentes del PSOE “tienen miedo de que se demuestre que se puede gobernar de otra forma”, aludiendo a que, gracias a aquellos acuerdos de la Transición, se ha mantenido un texto constitucional como ley principal que lo permite. Nuestra referencia a aquellos pactos y consensos es de sobra conocida por los lectores de Espacioindependiente, y se concreta en la apreciación política de principios de que franquismo y democracia son incompatibles.
La alianza secular entre el trono, el altar y el ejército tomó acomodo también en la Constitución del 78, con todo tipo de privilegios. La permanente financiación de la Iglesia por el Estado, ¿viene a pagar la campaña internacional de colectas en todas las partes del mundo, organizada por el Vaticano desde julio del 36, para financiar a los fascistas en la guerra y contrarrevolución que llevó a Franco al poder? Los obispos y cardenales -que se encargaron de llevarlo bajo palio- y su heredero político, Juan Carlos de Borbón, instalaron sus restos “en sagrado” y con todos los honores del Estado. Y ahora se niegan a renunciar a dicha situación de privilegio.
No es ajeno a este despilfarro de fondos que el Estado español desvía a la Iglesia Vaticana (gran propietaria de suelos, inmuebles y fondos bancarios), el que, además de considerarla en la práctica un paraíso fiscal, la financia con unos presupuestos que alcanza los 12.000 millones de euros/año. La severa austeridad con la que se tratan los presupuestos de sanidad y educación, y de lo público en general, nada tiene que ver con la disposición de fondos con la que se sigue pagando los compromisos franquistas por los gobiernos “democráticos”. Tal es el caso también del pago de las pensiones de “la guardia mora de Franco”, pago denunciado por el senador de Compromís Carles Mulet, que recriminaba al Ejecutivo que se siga pagando 150 millones de euros año por la guardia personal del dictador, destinados a acusados de múltiples delitos contra la humanidad.
Durante décadas, y con respecto a este asunto de la combinación de franquismo y democracia, funcionó el cuento de la Transición, que rellenó miles de editoriales interesados, consistente en el argumento de que un Rey valiente se había deshecho de las influencias franquistas para “salvar la democracia”. Cuento que aún forma parte del mito fundacional del régimen y que pasa ahora por una grave crisis política, territorial y social.
Poniendo a prueba estas cuestiones de los pactos y consensos de la Transición, con el hecho mismo de la demanda democrática de la exhumación del dictador y la anulación de toda exaltación política y/o religiosa, comprobamos cómo dicha reivindicación democrática ha sido utilizada por el
Gobierno Sánchez, mediante una decisión ejecutada “por razones de interés público”, como alegación principal. Con la cual el Gobierno no ha podido llevar a cabo la exhumación, no solo por la oposición de la familia del dictador y de otros organismos como la misma Iglesia, sino porque las leyes en las que se sustenta son insuficientes, ya que no condenan (en ningún caso) el franquismo como régimen criminal.
El Tribunal Supremo parece que va a tomar decisión sobre el fondo del asunto el próximo día 24 y que no hay aún un acuerdo definitivo de los seis magistrados de la Sala, sobre todo, a la hora de establecer el destino final de los restos. Como se sabe, la pretensión de la familia -que cuenta con el respaldo vaticano- es la de volver a dar a los restos del dictador un nuevo lugar de honor, lo que les lleva a exigir que se depositen en la Catedral de la Almudena de Madrid. Esto conllevaría una cierta canonización del personaje, reconociendo el privilegio a mantener la exaltación del franquismo, exaltación condenada por resoluciones de NNUU contra el fascismo y el nazismo.
EL movimiento memorialista y de víctimas denuncia, por su parte, que se pueda volver a dar honores de Jefe de Estado a quien está acusado de crímenes contra la humanidad, y que, además, se pague por el gobierno el traslado con fondos públicos, dando sepultura en cementerio de titularidad pública. El Gobierno, por su parte, asegura que el cementerio de El Pardo “reúne las condiciones idóneas de adecuación”. Sin embargo, conocemos que, por encima de la decisión del gobierno y de la que tome el Tribunal Supremo, es en última instancia el Vaticano quien puede impedir la inhumación en aplicación de los Acuerdos entre el Estado español y el Estado del Vaticano (continuidad del Concordato) y del mismo Código Eclesiástico.
El Vaticano tiene, en la autoridad del Papa, la última palabra y decisión, si de honores religiosos al dictador se trata. Aunque se ha dicho que, en el caso de la pretensión de mantener dichos privilegios, el Vaticano prefiere que el conflicto se reduzca a un problema entre la familia y el Gobierno, a nadie se le escapa que la familia no está sola en el asunto: los benedictinos y la misma Iglesia española están también involucrados en el tira y afloja cubriendo las vergüenzas e intereses vaticanos.
Con todo lo expuesto sobre el caso de la exhumación del dictador, podemos hacer una pregunta de gran actualidad ante la convocatoria de nuevas elecciones generales para el 10 de noviembre: ¿Se puede “gobernar de otra forma” manteniendo el poder y privilegios que la Constitución del 78 deja en manos de las instituciones franquistas?
Ni el gobierno y sus leyes de impunidad, ni el Tribunal Supremo y sus sentencias, parece que tienen la última palabra sobre la exhumación de los restos del dictador; como tampoco la tienen sobre la transformación del lugar de exaltación de los crímenes del franquismo, que está bajo la autoridad de la secta benedictina de un estado extranjero: el Estado Vaticano.
Acabar con el monumento al crimen del Valle de los Caídos, al que bautizaron como “el Altar de España, de la España heroica, de la España mística, de la España eterna”, y acabar con la exaltación del franquismo en todas sus formas, es una exigencia democrática y laica irrenunciable que demanda leyes de ruptura con el franquismo por parte de unas Cortes soberanas.
CONCENTRACIÓN FRENTE AL TRIBUNAL SUPREMO, 24 DE SEPTIEMBRE A LAS
