La escenificación del desacuerdo entre el PSOE y UP, a la hora de formar gobierno, nos invita a sondear las razones de fondo de este fiasco de la izquierda oficial, que piden el voto para gobernar, pero son incapaces de hacerlo al carecer de un proyecto que aúne las demandas sociales, democráticas y nacionales.
No es la primera vez que el desgobierno se adueña de la situación política española con todas sus consecuencias. Recordemos cómo el partido corrupto de Rajoy estuvo sometido al desgobierno durante diversos procesos, que puntualmente se resolvió con la abstención ante su investidura de los diputados del PSOE. Sin embargo, sí es la primera vez que, habiendo mayoría de representantes en Cortes que se reclaman de la izquierda y del nacionalismo democrático, éstos son incapaces de establecer las bases necesarias para formar gobierno. Hace muchos años que los dirigentes de la izquierda española abandonaron sus propios relatos políticos para adherirse a la política de la “razón de Estado”, formada por los privilegios antidemocráticos de la Monarquía como centro del poder del régimen. Y que, desgatada como está por décadas de abandono de su propio ideario, es ahora presa de las condiciones impuestas por la Monarquía, que concentra las exigencias de la burguesía, de la UE y la OTAN … Las 370 medidas de Sánchez son un intento de adaptarse dócilmente a estas exigencias del poder.
La incapacidad manifiesta del sistema político para facilitar gobiernos estables, respondiendo a las demandas mayoritarias de la población, ha llegado con P. Sánchez a un punto crítico. La cuestión social y la cuestión nacional (en su combinación) aparecen en primer plano de la crisis política tal y como se manifiesta mediante el desgobierno.
La extrema debilidad del sistema constitucional se prolonga y agudiza metido en un verdadero bucle. La Constitución del 78 fue pactada para repartirse la gobernanza cada cuatro años entre partidos que deberían representar formalmente a la izquierda y a la derecha, pero todo dentro de un orden: del orden impuesto por la herencia de las instituciones franquistas, conocido por “el atado y bien atado”. El pacto establecido en la Transición con los nacionalistas para colaborar con los gobernantes de turno, de uno u otro color, no solo fue anterior al pacto del 78, sino que constituyó la base sustancial de dicho pacto, que dio lugar al Estado autonómico. La Generalidad, una institución de raíz republicana, fue traída por Suárez a la Plaza de San Jaume de la mano de Tarradellas para convertirla en base constitucional.
La crisis y las políticas de austeridad impuestas por la Unión Europea -y aplicadas por los gobiernos del PSOE y del PP- han creado un nuevo relato de la cuestión social, el relato de lucha contra la precariedad y la austeridad, de la pobreza para un sector de trabajadores, al que se aplicó la contrarreforma del 135 por el segundo gobierno de Zapatero, por la que los pagos de la Deuda a
los bancos y prestamistas se constituyó en el eje de la contrarreforma social. Contrarreforma social que se combina con el fracaso de la reforma estatutaria de las nacionalidades históricas, lo que ha provocado un punto de bloqueo general de todo el sistema político y constitucional, que también conoció su propio intento de retroceso-contrarreforma con la aplicación del 155. La entrega de la Jefatura del Estado de Juan Carlos a Felipe se sitúa en el contexto de esta crisis, de esta doble quiebra constitucional.
En definitiva, ha sido el profundo desgaste político de los partidos de gobierno, y la corrupción de Estado, lo que ha arrastrando a los partidos y sindicatos oficiales, y al mismo estado autonómico, minando la alternancia en el gobierno, que no en el poder, ya que quedó en exclusiva en las manos de la familia Borbón y entre las familias franquistas de la Banca y los grandes negocios.
El bipartidismo PSOE-PP se acabó con la crisis y se transformó en desgobierno, por carecer los partidos disminuidos de los respaldos necesarios, y ello durante años, después de varias elecciones generales con resultados diversos.
La Monarquía, como consecuencia del dictado Constitucional, es el centro político del poder y de todo el sistema político, sin ningún tipo de legitimidad ni control democrático. Las Cortes Generales, donde se refleja la voluntad de la población (más o menos deformada por las leyes), reúne a representantes a dos asambleas, el Congreso y el Senado, que quedan excluidas de todo papel soberano. Las asambleas nacionales y regionales, englobadas en el sistema autonómico, se rigen por Estatutos de Autonomía que, como normas inferiores de la Constitución, establecieron en su momento un equilibrio muy inestable entre las Cortes Generales y los Parlamentos autonómicos.
Desde hace años, los partidarios de la Constitución de 78, entre ellos parte de la dirección del PSOE, comenzaron a hablar de la necesidad de una reforma “democrática” del texto constitucional que no se atreven a emprender. De una parte, por la negativa de los partidos de la derecha y, de otra, porque el texto constitucional está cerrado sobre sí mismo y aparece de muy difícil reforma, mientras que es un texto totalmente abierto a medidas de contrarreforma que pactan con la derecha. Es el mismo problema que se presenta a la hora de formación de gobierno.
A partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional, imponiendo un Estatuto del Estado a Cataluña contra el Estatuto aprobado por el pueblo, viene a romper todo equilibrio político, y pone en situación de quiebra el sistema constitucional en su conjunto.
La Diada 2019 ha vuelto a evidenciar el gran respaldo popular que tiene la demanda republicana y soberana de la Generalidad, pese a las diferentes posiciones existentes, que se dividen entre los que exigen una negociación con el Estado y los que entienden que hay que seguir avanzando en la vía unilateral de referéndum del primero de Octubre de 2017.
Cuando la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, viene a declarar “que no hay vía para llegar a un acuerdo” en lo que hace referencia a la formación de gobierno, ¿acaso se está refiriendo a la vía política y constitucional?
La ruptura con las contrarreformas políticas y sociales de parte de quienes se reclaman de la izquierda se constituye en la exigencia primaria para avanzar y salir del bucle electoral indefinido.
Los privilegios de la Monarquía y de los poderes a ella vinculados aparecen en toda esta crisis política como el verdadero problema de fondo.
, jueves 12 de septiembre, 2019
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