Espacioindependiente nº 288, jueves 3 de enero, 2019 https://elespacioindependiente.wordpress.com/:f:info.espacio.independiente
Un régimen incapaz de resolver los problemas
La polarización política se extrema entre la preservación del régimen y las demandas de soberanismo
2018 ha sido un año puente entre gobiernos diferentes: entre el gobierno de las familias franquistas y el gobierno del PSOE, apoyado por aquellos partidos que actuaron como oposición al anterior. Y, sin embargo, esto no ha conducido a soluciones demandas por la mayoría social. Asistimos a un cúmulo de versiones de unas mismas políticas, en su mayoría dictadas desde los organismos internacionales que imponen los intereses del capital. 2019 hereda, por tanto, la acumulación de problemas sociales, de toda una serie de elementos contradictorios políticos e institucionales no resueltos, muchos de ellos agravados por la parálisis de todo un mundo de instancias oficiales impuestas contra la voluntad de la mayoría.
El mundo de la Corte de la Monarquía, clientelar y corrupto, parece en estos días que ha menguado sensiblemente en sus expresiones y ha quedado reducido, después de las elecciones andaluzas, a sus esencias más franquistas, con una mayoría de las diferentes expresiones de la derecha. Las medidas policiales y judiciales, y las formas políticas de los partidos de las derechas, parecen querer volver al túnel de los tiempos, confundiendo los resultados electorales con los políticos, en una relación de fuerzas que no les son favorables.
Rajoy y sus ministros parecen olvidados, pero sus políticas y Presupuestos son, sin embargo, de plena actualidad. Porque sus cuentas, que son las del Estado, las hacen suyas fuerzas políticas que hablan de acabar con ellas, pero toman medidas de prolongación de las mismas políticas antisociales y antidemocráticas.
El gobierno de Sánchez prometía desde las Cortes que antes de las vacaciones de verano sacaría a Franco del Valle de los Caídos, más tarde se comprometió solemnemente a que lo haría antes de fin de año, para luego afirmar que en ningún caso podría ir a parar a la Almudena. Todo ello acompañado de otras medidas de ampliación de la Memoria Histórica -que nunca acaban de definirse- a fin de hacer compatible la impunidad y la legalidad del régimen basado en la gerencia franquista. Ni una, ni otra…
La noticia al respecto en los primeros días del año es que el prior del “Valle de los Caídos” se opone con todas sus fuerzas a la petición del gobierno de proceder a exhumar los restos del dictador, y en consecuencia deniega la petición de acceso al Gobierno. El prior, el benedictino Santiago Cantera, conocido por haber sido candidato electoral a las elecciones europeas de un partido falangista, basa su negativa a la petición de exhumación en su apoyo incondicional a la postura obstruccionista de la familia del dictador. Y se sostiene, de forma evidente, en la misma disposición del Tribunal Supremo, que recientemente avisaba en su auto al respecto de que atendería en su momento las demandas opuestas de los familiares de Franco.
Con lo de Franco, Cataluña y los Presupuestos…, la credibilidad del gobierno hace aguas por todas partes, y todo el mundo comprende que de nada vale dar palos de ciego administrativos ante una cuestión política de primara magnitud; cuestión que se resume en romper o no con la herencia y legado de las imposiciones franquistas, con las exigencias continuistas que están enquistadas en las instituciones de poder de nuestro país.
Ahora, el Gobierno se dirigirá a la Iglesia española y al mismo Vaticano, buscando un acuerdo amistoso para que el arzobispo de Madrid y la Conferencia Episcopal desautoricen al prior y, de no conseguirlo, acudir a las máximas autoridades del Estado Vaticano. Algo que ya intentó hace meses sin mucho éxito. Camino lento y tortuoso, que es el que le marcan los Acuerdos que establecen la íntima relación política y de financiación del Estado español con respecto al Estado Vaticano. Idas y venidas administrativas, que ponen de relieve el inmenso poder que ostenta la Iglesia en el régimen de la Monarquía a la hora de tomar decisiones políticas importantes, lo que puede ser, una vez más, el desarrollo del mismo cuento de nunca acabar. Existe, sin embargo, otra vía: la de la democracia y la justicia, la de la ruptura con el franquismo como régimen criminal, que debe empezar por la condena del franquismo y su herencia política por las Cortes Generales. Esto puede realizarse de inmediato mediante una Ley de víctimas del franquismo, que acabe con todo honor de Estado para los restos del dictador, y reconozca a las víctimas de la guerra, de la dictadura y del régimen impuesto por la Transición. Pero el Gobierno se resiste a avanzar en la vía de la democracia, que es la de la ruptura con la Monarquía franquista.
El principal problema político que 2019 hereda de la incapacidad de los partidos, y del mantenimiento a toda costa del marco legal e institucional impuesto en la Constitución del 78, para establecer un acuerdo político democrático, es el relativo al libre ejercicio del derecho a decidir de los pueblos, a decidir su gobernanza democrática. Asistimos, por ello, a dos movimientos contradictorios: De una parte, existe una pulsión amplia de tipo democratizador, muy diverso y plural, que arraiga sobre todo allí donde existe una tradición de demanda de autogobierno. Y de otra, una reacción de tipo españolista en torno a las señas de identidad del franquismo, sus banderas y mitos. Movimientos políticos que en su enfrentamiento han hecho saltar por los aires el sistema político organizado sobre la alternancia del PSOE y del PP, abriendo el campo electoral a expresiones políticas tanto por la izquierda como por la derecha.
Esta polarización política y social, que es el fenómeno que hay que destacar por encima de todos los demás, representa la suma de todas las contradicciones. De un lado, el soberanismo -en sus múltiples expresiones- que reclaman la República y la asamblea constituyente soberana como centro del poder; y de otro, la que se reorganiza sobre el continuismo del régimen, que vuelve a lo peor de sus esencias, y que se planta en los poderes de hecho de la Monarquía y su corte de partidos y sindicatos clientelares, faltos de credibilidad y de legitimidad.
La convocatoria de una jornada electoral múltiple para el próximo mes de mayo de 2019 contiene todos los elementos combinados de la crisis política del régimen. El hecho de que el sistema político impuesto sea incapaz de resolver los principales problemas sociales y políticos nos lleva a un agravamiento permanente de la crisis política e institucional. Y todo parece indicar que los juicios previstos contra los líderes del proceso catalán, tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y sus posibles sentencias condenatorias, no pueden sino desembocar también en la convocatoria de elecciones anticipadas.
Por todo ello, 2019 se presenta como un año clave en lo político, que puede comenzar a deshacer la madeja de la crisis, donde los que quieren mantener y agravar la forma de dominación carecen de legitimidad para hacerlo; y los que quieren avanzar en el proceso constituyente necesitan reagruparse sobre una misma estrategia, y acabar de formular las propuestas políticas y sociales necesarias para que los trabajadores y los pueblos puedan decidir libremente.
Este equilibrio de fuerzas, que se condensó en 2018, tiende a desatarse en cualquier acontecimiento donde se combinará lo político y lo electoral. Todo depende del grado de centralización que consiga la movilización democrática y soberanista en ruptura con el régimen.
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