jueves 25 de agosto, 2018
Acabar
con el techo de gasto
El
gobierno pretende mantener la austeridad y prolongar los recortes
Se
negocia a varias bandas entre las cúpulas de los partidos, que se reclaman de
la izquierda, el llamado “techo de gasto”. Se pretende que éste condicione los
Presupuestos Generales del Estado de 2019, estableciéndolos como prolongación
de las políticas de austeridad, de los recortes antisociales que demanda la
Troika.
La
mayoría de diputados que echaron a Rajoy del gobierno no logran establecer un
acuerdo común, y por ello una primera propuesta del PSOE quedó recientemente en
minoría. Se pone, así, en el centro de la situación política la continuidad o
no de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Es la ley del PP que resultó de la
contrarreforma constitucional del art. 135, llevada a cabo al alimón entre
Zapatero y Rajoy. Ley incumplida en lo que hace referencia a la cifra sobre el
PIB establecida en el 60%, pero convertida, sin embargo, en martillo de herejes
de la inquisición de la UE para reducir el gasto social de la sanidad, de la enseñanza
y del gasto público en general, empezando por los salarios y pensiones.
Según el dictado imperativo de la UE, el
déficit posible -que en principio se establecía en el 1,3% del PIB con el
gobierno del PP- no puede ahora superar el tope del 1,8%, que el gobierno de
Sánchez ha renegociado con los burócratas de Bruselas. Ese tope se convierte en
el límite de gasto, por el compromiso adquirido con los dignatarios de la UE,
tal y como también se ha hecho con los Presupuestos de 2018 del PP; al hacerlos
suyos, de arriba abajo, el gobierno de Sánchez contra las justas demandas de
los jubilados y trabajadores en general, que exigen poner término a la
austeridad.
La
crisis económica, política e institucional, que estalló en 2008, se prolonga en
formas diversas. Oficialmente, en España se habla de que se ha superado la
crisis económica, ya que desde hace cuatro años se están estableciendo tasas
anuales de crecimiento del PIB del 3%. Pero esa superación contrasta con
sueldos y pensiones congeladas, aumentando de esta manera los beneficios del
capital -especulativo fundamentalmente- a costa de pérdidas históricas de las
rentas del trabajo.
Combinado
todo ello con aumentos significativos de los precios de los combustibles, la
luz y los alquileres, están haciendo la vida de la población cada vez más difícil.
Mientras, la deuda pública se dispara a un billón ciento cuarenta y cuatro mil
millones de euros (1.144.000 millones €); y si a ella se suma la deuda de
empresas públicas de las distintas administraciones, la cifra se eleva a
1.612.000 millones € (141% del PIB). Además, se debe tener en cuenta que hay una
deuda privada de empresas y hogares, que se ha reducido, pero que aún alcanza
la cifra de 1.193.000 millones €.
Son
deudas a todas luces impagables de una economía dependiente de los bajos tipos
de interés del dinero impuesta por los Bancos Centrales. Economía dependiente,
que compite en condiciones de bajo coste en los servicios turísticos y
terciarios en general, pero que retrocede cada vez más en el terreno industrial,
agropecuario y productivo.
La
experiencia de lo sucedido en Grecia con los planes de austeridad de la Troika
debería servir de aviso. Grecia, y otros países como Portugal y Chipre,
soportaron durante años planes extremos de austeridad, llamados de “rescate”,
que en el caso de Grecia se han ampliado a tres planes de rescate consecutivos,
que se prolongaron durante ocho años.
Los
planes de rescate han consistido en salvar a los bancos y a los capitalistas
hundiendo las rentas de los trabajadores, los salarios y las pensiones, y destruyendo
las conquistas sociales, acabando con toda expresión de soberanía nacional de
los países intervenidos. Convirtieron la crisis económica y la recesión
capitalista en depresión social, imponiendo la pobreza generalizada y la
desigualdad.
La
economía de Grecia se ha contraído en este periodo en un 25% de su actividad y
el paro crónico supera el 23% de la población; los salarios han caído en un 30%
y las pensiones un 40%. Medio millón de jóvenes trabajadores han tenido que
emigrar en busca de trabajo. Y es a este panorama de desastre social y
retroceso económico al que los capitalistas llaman “rescate”.
En
consecuencia, volviendo a la situación española tan parecida a la de otros
países afectados por la crisis, ahora es el mantenimiento o no de la contrarreforma
social lo que está sobre la mesa con el “techo de gasto”, techo amarrado a la
Ley de Estabilidad de 2012, como producto de la modificación pactada del 135 de
la Constitución, por la que el pago de la deuda a los especuladores se antepone
a los gastos sociales.
Echar
abajo esa política miserable es una necesidad vital para los trabajadores, los
jubilados y los pueblos, en oposición a los planes y dictados de las
instituciones de la UE y la Troika.
La
mayoría de diputados en Cortes, que echaron a las familias del PP del gobierno,
no pueden aceptar ahora que se pretendan nuevas políticas de austeridad y
contrarreforma social.
La
clave es la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
