Las demandas
sociales y políticas llueven sobre el nuevo gobierno y sobre las Cortes: es el
movimiento de la mayoría a la búsqueda de salidas democráticas que supere el
continuismo político y constitucional.
Los partidos de la
derecha solo hablan de la necesidad de que se convoquen elecciones cuanto
antes, lo que significaría defraudar, una vez más, las demandas sociales y
políticas de los trabajadores y pueblos. Unas elecciones generales, bajo la
marca indeleble del mantenimiento de todas las medidas de contrarreforma de los
gobiernos del PP, no vendrían sino a
favorecer a la derecha y a sus pretensiones. La portavoz del gobierno, por su
parte, se mantiene en la ambigüedad: "No se piensa en adelantar
elecciones, pero nadie va a resistir más allá de lo razonable”. ¿Ante quién
pretende no resistir el gobierno más allá de lo razonable?
El Gobierno y la
mayoría de partidos que votaron la moción de censura contra el partido de las
familias franquistas podrían avanzar sobre esas demandas sociales dándoles
cauce político a través de la soberanía de las Cortes y de los Parlamentos.
Camino que, por lo pronto, se ve bloqueado en primer lugar por las presiones
que reciben desde el poder y que vienen a multiplicar las renuncias y
vacilaciones de los ministros del PSOE, empezando por el mismo Presidente.
Quienes se proponían de inmediato derogar la reforma laboral, acabar con la ley
mordaza, poner término a los constantes delitos de corrupción política, sacar
al dictador del “Valle de los Caídos” e ilegalizar la Fundación Franco…, se ven
ahora paralizados políticamente ante los primeros obstáculos. Y, sobre todo,
ante los principales problemas derivados de la crisis de dominación política de
la monarquía en sus pretensiones de mantener las exigencias constitucionales
superadas por las demandas de la población. Vacilaciones y renuncias que
muestran su cobardía, sobre todo ante los más poderosos. Obviando todas
aquellas propuestas de reforma política de la Constitución para establecer un
marco federal de las que hablaban, y que comprometen directamente a la
presidencia de Pedro Sánchez.
A ello se suma el
hecho de que en este mes y medio de nuevo gobierno sometido a las viejas
políticas, en las que ha asumido hasta los Presupuestos antisociales diseñados
por el PP, hemos visto cómo otras contradicciones políticas fundamentales han
pasado a primer plano. Varios partidos que hicieron posible la moción de
censura se han unido de nuevo para solicitar que se cree una comisión de
investigación en las Cortes acerca de “la corrupción en la monarquía”, motivada
por la aparición en los medios de comunicación de los audios de Corinna en los
que acusaba directamente a J. Carlos de Borbón de usarla como testaferro de
operaciones de corrupción institucional. Solicitud a la que el PSOE se ha
negado a sumarse. Cuando se habla de que el gobierno en minoría de Sánchez está
maniatado y es rehén de otras políticas hay que poner de relieve que ese atado
no viene sino de las instituciones del Estado y de la UE, y que, en particular,
es rehén de las políticas continuistas contrarias a la democracia vehiculadas
por los medios de comunicación.
Y son esos condicionantes del poder los que tratan de
bloquear cualquier iniciativa democrática. Como está sucediendo con las
demandas de ruptura de la Generalitat Catalana, que busca hacer efectiva
mediante la implantación de la República Catalana; y donde el gobierno se
propone hablar de todo menos de lo que toca hablar ahora; que no es otra cosa
que del derecho de los pueblos a dirigir sus propios destinos, levantando sus
propias instituciones en base al respeto de la voluntad popular. La mayoría que
se opuso a la corrupción gubernamental con la moción de censura al gobierno del
PP no puede dejar de avanzar sobre todos los asuntos si quiere responder a las
demandas mayoritarias en Cataluña y en el resto de los territorios que demandan
el derecho a decidir, cómo es el caso de Navarra y Euskadi. La elección de
administrador único para RTVE es una prueba de si esa mayoría avanza o
retrocede. El gobierno no puede pretender gobernar al margen de las principales
exigencias democráticas. El problema político del momento no es que el gobierno
del PSOE tenga sólo un grupo de 84 diputados; el problema es que pretenda
imponer sus criterios continuistas frente a las demandas de cambio político y
social de la inmensa mayoría.
El director del CNI
ha tratado de salir al paso de dichas informaciones públicas sobre la gran
corrupción de Estado, ante las que el gobierno y la monarquía callan. Y
por ello, ha solicitado declarar en la
Comisión de Secretos Oficiales está misma semana, tratando así de evitar la
puesta en marcha de una Comisión de Investigación sobre los negocios de la
monarquía. El PSOE no puede bloquear dicha Comisión, muy al contrario debe
sumarse a ella y dar pleno sentido y alcance a sus investigaciones.
Diversas fuerzas
sociales y políticas están preparando grandes movilizaciones para el próximo
mes de Octubre. Se pretende convocar el 24 y 27 de ese mes, el 24 a nivel local
y el 27 a escala general, para lo que se discute un programa representativo de
las demandas de la mayoría. Pero ese programa comienza por eludir aquellas
decisiones y reivindicaciones políticas democráticas que hacen referencia al
ejercicio de la democracia, a la soberanía popular, a la ruptura con las leyes
e instituciones que impiden la democracia y el derecho de los pueblos a
decidir; demandas políticas centrales que son las que pueden hacer posible un
verdadero cambio social. La presión sobre las instituciones, que es lo que se
proponen quienes tratan de instrumentalizar las movilizaciones del próximo
octubre, no resuelve el problema derivado del hecho de que un entramado de
poderes antidemocráticos son los que manejan el país a su antojo, imponiendo
sus intereses y privilegios por encima de la voluntad popular.
El movimiento de
huelgas que estamos conociendo entre los taxistas de Barcelona, los
trabajadores de Ryanair e Iberia, los repartidores de prensa de Madrid que se
mantienen en lucha desde el pasado jueves día 19, los trabajadores de Amazon
que tratan de impedir que les quiten de golpe sus condiciones negociadas …,
evidencian la vuelta a las asambleas y piquetes organizados desde abajo,
expresando la voluntad de los trabajadores de ser dueños de sus propios
movimientos. La necesidad de un Plan de Acción Política para la mayoría es una
cuestión vital en estos momentos. No es suficiente con que se articule un
programa social, si no se ofrece una verdadera salida política. Quienes se
proponen "redistribuir la riqueza,
conquistar derechos y una vida digna”…, deben ser capaces de decir cómo,
con qué instituciones, con qué gobierno es posible conseguir la aplicación de
dichas reivindicaciones. Y, sobre todo, si esas demandas son compatibles con
los privilegios políticos de las familias franquistas en el poder.
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