MOCIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA.

En el mes de enero presentamos una moción en el Ayuntamiento para facilitar toda la información y con unos objetivos muy concretos que pretendían facilitar algunas cuestiones relacionadas con  la vivienda, como es de suponer la moción fué rechazada por la mayoría del PSOE.

 MOCIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Ayuntamientos son las instituciones más próximas al ciudadano y por tanto viven el día a día de los problemas y las consecuencias personales y sociales que los problemas de vivienda están provocando. Los alcaldes y concejales asisten y asistimos impotentes a un drama colectivo.

A pesar de las dificultades y limitaciones para actuar desde el ámbito municipal creemos que es imprescindible un pronunciamiento de la Corporación Local ante una situación que consideramos injusta e insostenible y queremos pedir a todos y a todas aunar voluntades exigiendo acciones y asumiendo también la responsabilidad de actuar en la parte que nos toca.

Cuando hablamos de una vulneración de derechos fundamentales, todas las administraciones tienen competencias para intervenir. Los ayuntamientos son la primera administración a la que acude una persona que necesita una información sobre asuntos relacionados con las viviendas, que se ve en una situación de vulneración de un derecho, o en una situación de emergencia habitacional como la que se vive en el Estado Español, por lo que es necesario que los ayuntamientos tengan voluntad política de orientar las posibles soluciones para la ciudadanía.

Pensamos que es necesario, la creación de una entidad de las características que proponemos en el ámbito municipal con el fin de conseguir que las personas afectadas por algunos de los problemas relacionados con la vivienda tengan un lugar de referencia en el Municipio al que acudir.

La Oficina Municipal de la Vivienda, entre las múltiples funciones que puede desempeñar, destacamos algunas:

1.- La información y el asesoramiento a los vecinos en cuestiones relacionadas con cláusulas abusivas, la dación en pago, el impago de hipotecas, alquiler social y reestructuración de deudas o los nuevos contratos hipotecarios, etc.

2.- Disponer de una relación de viviendas públicas (sociales) vacías existentes en la localidad.

3.- Exigir, cuando se diera el caso, a las entidades financieras establecidas en o con intereses inmobiliarios la paralización de los desahucios de vivienda habitual por insolvencia sobrevenida.

4.- Conocer las necesidades del municipio en torno a este tema, para así planificar a medio y largo plazo las necesidades de vivienda de la población.

5.- Todas las actuaciones dirigidas a fomentar la conservación y rehabilitación de los inmuebles, así como otras medidas que sean necesarias para garantizar la efectividad del derecho a una vivienda digna y adecuada.

6.- Creación de un registro municipal de demandantes de viviendas, y de familias con problemas habitacionales, desahuciadas y de aquellas que están en riesgo de padecerlo.

7.- Información sobre las clausulas suelo.

Por todo ello, el Grupo Organización para la Defensa de lo Público (ODP) presenta para su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento la siguiente

                                             MOCIÓN

1. Crear la Oficina Municipal de la Vivienda.

2. Dotar a esta oficina de personal necesario para realizar este trabajo de información y mediación, así como de un protocolo de actuación. (Puede ser personal del Plan de Empleo de Experiencia).

3. Dotar a esta oficina del presupuesto necesario atender casos de necesidades perentorias que se den entre el vecindario y para el asesoramiento legal y fiscal de aquellas personas en riesgo o en situación de carencia habitacional, sumándose esta cantidad a la que pudiera venir de la Junta de Extremadura.

4. Facilitar el empadronamiento de cualquier persona en riesgo de precariedad habitacional y lo necesite para la tramitación de ayudas necesarias para poder subsistir.

5. Crear el Consejo Sectorial de la Vivienda, conformado por técnicos y expertos en este ámbito, así como representación de los grupos políticos municipales de la Corporación.

6. Plantear la reducción máxima de la cuota tributaria del impuesto de plusvalía para las personas afectadas que sufran la pérdida de su vivienda en subasta y para aquellas personas que logren la dación de su vivienda en pago de la deuda, en aquellos supuestos que la Ley lo permita y atendiendo al artículo 24.4 del Texto refundido de la Ley de haciendas Locales  atendiendo al criterio de “capacidad económica de los sujetos obligados”.

En, VILLAFRANCA DE LOS BARROS, a [25] de [ENERO] de 2017

CRISTÓBAL TORRES FERNÁNDEZ

Portavoz del Grupo Organización para la Defensa de lo Público (ODP)

EN RELACIÓN A LAS DECLARACIONES DE REPRESENTANTES LOCALES PSOE

En relación con las declaraciones realizadas por los representantes políticos del PSOE, el Sr. Moriano, secretario local,  y el Sr Rodríguez,  miembro del equipo de gobierno, tenemos que aclarar algunas cuestiones.

1.       la vivienda social propiedad de la Junta de Extremadura, no estaba siendo ocupada de forma ilegal; es un caso de los muchos que se producen en la Comunidad cuando los abuelos conviven con los nietos; al morir los abuelos la vivienda puede pasar a los nietos siempre que aquellos lleven unos años empadronados en  la misma vivienda, en el caso que nos ocupa,  uno de ellos llevaba más de 10 años y el otro más de 5 años viviendo con la abuela. Este caso que se ha dado en Villafranca no es el primero ni él último, se ha dado ya y puede darse en un futuro aquí y en otras localidades.

2.       Cuando la madre visitó la Junta de Extremadura, se le ofreció la posibilidad de que sus hijos se subrogaran en la vivienda de la abuela, para lo cual debían tramitar una serie de documentos, los cuales estaba realizando, estando a la espera de uno de ellos.

3.       Lo que se ha llegado a insinuar es que su madre tiene otra vivienda social de la Junta de Extremadura; es decir, en la casa de la madre se pueden meter todos y así nadie se queda en la calle. Estamos llegando a una situación en la que se justifican todos los recortes que sufren los más pobres; “en el caso del empleo, como no hay trabajo, con que un miembro de la familia ingrese algo, comen todos; en el caso de las viviendas, disponemos de más viviendas si todos los miembros de la misma familia se apelotonan en la misma casa”.

4.       El Sr Moriano y el Sr Rodríguez dicen que queremos aprovechar políticamente la situación y somos OPORTUNISTAS, que les quede bien claro:  “vamos a seguir denunciando cualquier situación de injusticia que consideremos y que tengamos conocimiento de ello, y consideramos una injusticia echar a reñir a los pobres contra los pobres de la manera que se está haciendo”.

5.       Se quiera o no, lo que se hizo el otro día fue un DESAHUCIO, no escondamos ni confundamos los términos. Cuando de una vivienda se echa a una, dos, tres o las  personas que sean, eso es un desahucio, y el otro día, a esas personas se las echó de una vivienda. Lo que hicimos fue denunciar esa situación que consideramos injusta. Sin embargo, según parece algunas personas no soportan que denunciemos esta situación, algunas personas del equipo de gobierno nos han calificado con palabras gruesas para desprestigiarnos.

6.       Volvemos a insistir, por mucho que se quiera disimular, confundir y negar, el Ayuntamiento no cumplió con lo prometido y repetido en varias ocasiones por el Alcalde de que la policía municipal no participaría en los desahucios, el otro día participó y estuvo presente.  Ahora se quiere justificar lo que no se ha cumplido diciendo que como no era un desahucio, por eso estuvieron allí los policías municipales. El Sr. Fernández Vara tampoco cumplió con lo prometido ya que en varias ocasiones anunció que en Extremadura no habría DESAHUCIOS.

7.       ¿QUÉ VA A PASAR EN UN FUTURO? En esta localidad y en muchas otras hay gente que es deudora de las cuotas mensuales de las viviendas sociales, se deben cuotas de años atrás, y eso ha ocurrido y se ha consentido por una serie de motivos políticos y electorales que en otros momentos habrá que clarificar. Pero lo que no puede hacer la Junta de Extremadura es tratar de solucionar la falta de viviendas sociales  echando a unos para meter a otros, que suelen estar en la misma situación económica o peor, eso se llama DESVESTIR UN SANTO PARA VESTIR A OTRO; es decir, se provoca el enfrentamiento de pobres contra pobres que es lo que se está haciendo.  Queremos que se solucionen todos los problemas de viviendas, todo el mundo tiene derecho a la vivienda, y no debe estar nadie en la calle, y esa es la obligación de las AUTORIDADES POLÍTICAS, y no mirando para otro lado como en esta ocasión ha hecho nuestro ALCALDE.

RUEDA DE PRENSA DE LA ODP-ALTERNATIVA SOCIALISTA

RICARDO CARO DE ORG DEFENSA PÚBLICO en ALMENDRALEJO

LA ODP-ALTERNATIVA SOCIALISTA EXTREMADURA POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA

LA ODP-AS EN DEFENSA DE UNA EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD

En poco tiempo conoceremos la normativa referente a la regulación de los conciertos educativos en nuestra Comunidad. En aplicación de la LOMCE, estos conciertos serán de 6 años en educación Primaria y 4 años en Secundaria. Desde ODP-AS consideramos que es el momento para que desde la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura se dé prioridad a la enseñanza pública y comiencen a disminuir el número de unidades concertadas con la enseñanza privada. Las ideas y argumentos que los defensores de la concertación de la enseñanza repiten machaconamente y difunden en los medios de comunicación y tertulias es que los padres tienen derecho a la libre elección de centro y al correspondiente cheque escolar. Para darle más credibilidad a sus ideas ante la opinión pública alegan que el coste de las plazas escolares en la enseñanza privada es menor que la pública.

En su articulado la Constitución establece el derecho a la educación y también la libertad para la creación de centros. No obstante, lo que nunca dice nuestro texto constitucional es que las Administraciones Públicas estén obligadas a financiar o a dar ayudas públicas a las familias para que puedan elegir entre centro público o privado. Si en nuestro país y en Extremadura se da una situación muy especial en lo relativo a los conciertos es consecuencia del contexto político que hemos tenido. Aquí, el alumnado escolarizado en centros privados y en concertados alcanza unos porcentajes medios próximos al 34 %, en Extremadura nos acercamos al 22 %, mientras que en el contexto europeo occidental UE-28 la escolarización en centros privados alcanza el 7 %. En algunas ciudades importantes de nuestra Comunidad ese porcentaje alcanza valores próximos al 50%.

A la hora de comparar el coste de una plaza escolar, enseñanza básica, entre centros privados y públicos hay algunos factores que diferencian a los dos tipos de redes educativas. La enseñanza pública tiene que llegar a territorios a los que no llega la privada porque económicamente no le es rentable, y en consecuencia no le interesa. La mayoría de los centros privados se establecen en localidades con un elevado número de habitantes, como ocurre en nuestra Comunidad en dónde la mayoría de ellos están en las cuatro localidades más pobladas. El beneficio económico es indispensable para el funcionamiento normal de un negocio y en el mundo rural no hay rentabilidad. Las condiciones laborales de quienes trabajan en la enseñanza privada son peores que las del sector público, si bien las políticas de austeridad aplicadas en estos últimos años por el gobierno del PP han producido un deterioro importante en los derechos laborales de la clase obrera, afectando muy negativamente tanto a unos como a otros. Una diferencia importante entre ambas redes, es la atención que prestan los centros educativos públicos a los programas relacionados con la atención a la diversidad, al alumnado con dificultades de aprendizaje y a los inmigrantes. Los centros públicos atienden a la inmensa mayoría de los inmigrantes, porcentaje que en nuestra Comunidad se aproxima al 80 %, y en algunas poblaciones llega hasta el 90% de la población en la edad de escolarización obligatoria procedente del extranjero.

Inicialmente, las subvenciones se justificaron para hacer frente a la creciente demanda de plazas escolares de las que carecía la red pública, que tenían su origen en el crecimiento demográfico y económico del país y en la extensión de la educación obligatoria hasta los 16 años, estas circunstancias obligarían al Estado a la concertación con los centros privados, en su inmensa mayoría propiedad de congregaciones relacionadas con la Iglesia Católica. Ahora, en estos momentos no se puede justificar el mantenimiento de plazas escolares concertadas dado que la Administración Pública ha aumentado y mejorado las infraestructuras educativas pudiendo atender en bastantes casos la demanda de las mismas. Lo que procede desde la Junta de Extremadura es potenciar la red pública frente a la privada –concertada, tomando las medidas necesarias que mejoren la calidad educativa en los centros públicos, con ratios bajas y enseñanza personalizada, aumentando la inversión en infraestructuras, en la dotación de personal docente y no docente y otras actuaciones que mejoren la oferta educativa de la red pública. Es hora de que el dinero público no se invierta en empresas privadas que desempeñan un papel importante en la divulgación de la ideología dominante y el culto religioso.

En definitiva, desde ODP-AS defendemos una escuela pública laica, sin discriminación ni selección del alumnado por su extracto social, económico o cultural, plural que respete la diversidad y promueva una sociedad más justa y que avance hacia la eliminación de las desigualdades económicas y sociales.