LA ODP-AS EN DEFENSA DE
UNA EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD
En poco tiempo conoceremos la normativa referente a la regulación de
los conciertos educativos en nuestra Comunidad. En aplicación de la LOMCE,
estos conciertos serán de 6 años en educación Primaria y 4 años en Secundaria.
Desde ODP-AS consideramos que es el momento para que desde la Consejería de
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura se dé prioridad a la enseñanza
pública y comiencen a disminuir el número de unidades concertadas con la
enseñanza privada. Las ideas y argumentos que los defensores de la concertación
de la enseñanza repiten machaconamente y difunden en los medios de comunicación
y tertulias es que los padres tienen derecho a la libre elección de centro y al
correspondiente cheque escolar. Para darle más credibilidad a sus ideas ante la
opinión pública alegan que el coste de las plazas escolares en la enseñanza privada
es menor que la pública.
En su articulado la Constitución establece el derecho a la educación y también
la libertad para la creación de centros. No obstante, lo que nunca dice nuestro
texto constitucional es que las Administraciones Públicas estén obligadas a financiar
o a dar ayudas públicas a las familias para que puedan elegir entre centro
público o privado. Si en nuestro país y en Extremadura se da una situación muy
especial en lo relativo a los conciertos es consecuencia del contexto político
que hemos tenido. Aquí, el alumnado escolarizado en centros privados y en concertados
alcanza unos porcentajes medios próximos al 34 %, en Extremadura nos acercamos
al 22 %, mientras que en el contexto europeo occidental UE-28 la escolarización
en centros privados alcanza el 7 %. En algunas ciudades importantes de nuestra
Comunidad ese porcentaje alcanza valores próximos al 50%.
A la hora de comparar el coste de una plaza escolar, enseñanza básica,
entre centros privados y públicos hay algunos factores que diferencian a los
dos tipos de redes educativas. La enseñanza pública tiene que llegar a
territorios a los que no llega la privada porque económicamente no le es
rentable, y en consecuencia no le interesa. La mayoría de los centros privados
se establecen en localidades con un elevado número de habitantes, como ocurre
en nuestra Comunidad en dónde la mayoría de ellos están en las cuatro
localidades más pobladas. El beneficio económico es indispensable para el
funcionamiento normal de un negocio y en el mundo rural no hay rentabilidad. Las
condiciones laborales de quienes trabajan en la enseñanza privada son peores
que las del sector público, si bien las políticas de austeridad aplicadas en
estos últimos años por el gobierno del PP han producido un deterioro importante
en los derechos laborales de la clase obrera, afectando muy negativamente tanto
a unos como a otros. Una diferencia importante entre ambas redes, es la
atención que prestan los centros educativos públicos a los programas
relacionados con la atención a la diversidad, al alumnado con dificultades de
aprendizaje y a los inmigrantes. Los centros públicos atienden a la inmensa
mayoría de los inmigrantes, porcentaje que en nuestra Comunidad se aproxima al
80 %, y en algunas poblaciones llega hasta el 90% de la población en la edad de
escolarización obligatoria procedente del extranjero.
Inicialmente, las subvenciones se justificaron para hacer frente a la
creciente demanda de plazas escolares de las que carecía la red pública, que
tenían su origen en el crecimiento demográfico y económico del país y en la
extensión de la educación obligatoria hasta los 16 años, estas circunstancias obligarían
al Estado a la concertación con los centros privados, en su inmensa mayoría propiedad
de congregaciones relacionadas con la Iglesia Católica. Ahora, en estos
momentos no se puede justificar el mantenimiento de plazas escolares
concertadas dado que la Administración Pública ha aumentado y mejorado las
infraestructuras educativas pudiendo atender en bastantes casos la demanda de
las mismas. Lo que procede desde la Junta de Extremadura es potenciar la red
pública frente a la privada –concertada, tomando las medidas necesarias que
mejoren la calidad educativa en los centros públicos, con ratios bajas y
enseñanza personalizada, aumentando la inversión en infraestructuras, en la
dotación de personal docente y no docente y otras actuaciones que mejoren la
oferta educativa de la red pública. Es hora de que el dinero público no se
invierta en empresas privadas que desempeñan un papel importante en la
divulgación de la ideología dominante y el culto religioso.
En definitiva, desde ODP-AS defendemos una escuela pública laica, sin
discriminación ni selección del alumnado por su extracto social, económico o
cultural, plural que respete la diversidad y promueva una sociedad más justa y que
avance hacia la eliminación de las desigualdades económicas y sociales.
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