Desde la ORGANIZACIÓN DEFENSA DE
LO PÚBLICO-ALTERNATIVA SOCIALISTA de EXTREMADURA consideramos que el gobierno
de España debe eliminar la obligación que
tienen los/as trabajadores/as agrícolas de las 35 peonadas para el cobro del
subsidio o de la renta agraria. Para buena parte de la población obrera es
difícil conseguir esas peonadas. En muchos casos tienen que comprarlas a los
empresarios agrícolas; esta cuestión se ha convertido en un elemento de
sometimiento caciquil; por la dificultad de alcanzar los suficientes días
trabajados, o bien porque los empresarios agrícolas no les dan de alta en la
seguridad social y no les firman las
peonadas.
En nuestra Comunidad, en muchos
pueblos con un verdadero mercadeo en este asunto, de tal modo que la firma de
peonada suele tener un precio de unos 15 euros. Esto ocurre con hombres, y sobre
todo con mujeres al encontrar más dificultades para ser contratadas. Los planes
AEPSA de los Municipios permiten la consecución de sólo algunas peonadas, no
son suficientes.
En otro orden de cosas, es
preciso que el gobierno de España establezca de una vez un sistema de
protección para población asalariada desempleada que unifique la renta y el subsidio agrario, y garantizando
que las personas que sobrepasen cierta edad tenga acceso permanente a la
protección económica hasta llegar a la jubilación.
El desempleo en las zonas
agrícolas de Extremadura no es un problema de búsqueda de empleo; los
trabajadores quieren trabajar, no quieren vivir subvencionados, ni depender
seis meses de los 426 euros. El problema es que en el campo, las contrataciones
son cada vez más escasas; el trabajo es muy precario y temporal.
Así por
ejemplo, en Tierra de Barros, el empleo aumenta en los períodos de la vendimia
y la aceituna, el resto del año es complicado encontrar trabajo para un obrero
agrícola. No obstante, en estas cosechas se impone la modalidad del trabajo a
destajo. En muchos casos, las aceitunas se recojan en esportones a 3 euros cada
uno de ellos, si la cosecha es abundante se pueden obtener 30 o 40 euros a base
de mucho sacrificio, cuando la cosecha es mala, conseguir un salario de 30 o 40
euros implica dejarte parte de la piel en el campo.
La población asalariada de nuestra
comarca tiene plena conciencia de que el convenio agrícola firmado es el resultado
de la correlación de fuerzas, es el resultado de la lucha de clases, y en estos
momentos son las organizaciones empresariales agrarias más conservadoras las
que imponen sus criterios. En definitiva, la situación laboral es un reflejo de
la poca capacidad de movilización que actualmente tiene la fuerza de trabajo
agrícola. La inversión de este estado de cosas no es sencilla, nuestros
políticos están muy entretenidos con sus cosas en las instituciones; en la
calle tenemos que trabajar por la unidad de acción sindical y por una estrecha colaboración
con los diferentes movimientos sociales de Extremadura.
La inclusión de los trabajadores
agrícolas en el Régimen General de la Seguridad Social puede ocasionar dificultades
muy serias a los trabajadores eventuales. Antes de dar ese paso, hay que generar
amplias posibilidades de empleo, puesto que con los actuales niveles tendrían
serios problemas para vivir dignamente y por supuesto, cotizar a la seguridad
social, ya que al estar en el Régimen General dependería de los días
trabajados. Actualmente, aún en desempleo pagan de su bolsillo una cantidad
fija mensual lo que les permite, cobrar el desempleo durante seis meses y una
pensión de jubilación.
Los empresarios agrícolas tal y
como funciona el sistema “disponen de una voluntariedad y enorme flexibilidad”
para cotizar por los trabajadores eventuales. De aquí que sea una prioridad
modificar en estos casos el procedimiento de cotización a la seguridad social, e
intensificar la vigilancia de las inspecciones de trabajo, puesto que en la actualidad
hay un agujero por el que se escapan importantes cantidades de dinero a la
seguridad Social.
No es un tópico repetir, una y
mil veces, que la madre del cordero del estado económico-social de nuestra
tierra es el olvido y el abandono al que nos han condenado los sucesivos
gobiernos de España. La clase política extremeña históricamente ha sido
subalterna de la de Madrid. En la
actualidad, no se vislumbra algo nuevo y diferente, seguimos estando al margen
de cualquier desarrollo económico. No es manido repetir que en Extremadura se acomoda
una oligarquía parasitaria con intereses económicos en el sector agrario, con
nombres muy conocidos, que perciben millones de euros en rentas y subvenciones públicas.
Por eso, no nos valen los planes AEPSA o los
Planes de Empleo Social que tienen por objetivo silencio y subsistencia, necesitamos
verdaderos Programas de Inversiones en Infraestructuras físicas y Planes de Empleo
que estimulen la industrialización, la producción agrícola-industrial y la
economía social. Claro, todo esto depende de nuestra capacidad de lucha y
movilización.
