Señoras y señores diputados
Los guardianes del injusto orden neoliberal de la Unión Europea, el
Sr. Juncker Presidente de la Comisión Europea, el Sr. Dijsselbloem
Presidente del Eurogrupo y el Sr. Moscovici Comisario europeo de Asuntos
económicos y financieros, en diferentes declaraciones han exigido al
gobierno de España nuevas medidas de “ajuste” para alcanzar los
objetivos impuestos de déficit y deuda. Denuncian que el presupuesto
español incumple “las reglas” y exigen un nuevo recorte de 9.000
millones de euros en 2016.
Su insolencia es intolerable. Tras castigar a las naciones y pueblos
de Europa especialmente del Sur, con sus políticas fracasadas de ajuste y
austeridad, que han condenado a la pobreza sectores crecientes de la
ciudadanía, han favorecido el enriquecimiento de los más ricos,
provocando por consiguiente el aumento de la desigualdad, continúan con
su mantra del ajuste y austeridad. El estancamiento económico de la UE y
los grandes desequilibrios que la acechan son el resultado de sus
políticas al servicio de las oligarquías acreedoras dominantes.
¿Pero a que “reglas” fiscales se refieren cuando denuncian su
incumplimiento?: Las que establece el “Tratado de Estabilidad,
Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria” firmado el 2
de marzo de 2012 por 25 países de la UE (con la excepción de Reino
Unido y la República Checa) y que entró en vigor el 1 de enero de 2013.
Este Tratado que incluye mecanismos de corrección y sanción
económica, con multas hasta el 0,1% del PIB (ver artº 7 y 8.2) a los
países que incumplan sus “reglas” y objetivos de déficit, fue aprobado
por el Congreso de diputados de España el 21 de junio de 2012 con 319
votos a favor y la oposición de las fuerzas políticas que demandaron la
celebración de un referéndum al significar una grave cesión de soberanía
popular.
Dicho Tratado, en donde los países firmantes se comprometen apoyar
las “recomendaciones” de la Comisión Europea, reformas, medidas de
recortes, para cumplir con el pacto fiscal europeo, es un instrumento
esencial para hacer cumplir las reformas de ajuste y austeridad
“autoimpuestas” por los países miembros, como por ejemplo la
contrarreforma constitucional española “express” del artº 135, aprobada
con los votos favorables del PP y PSOE y sin consultarse en referéndum a
la ciudadanía. Esta modificación constitucional entró en vigor el 27 de
septiembre de 2011.
Paralelamente a la negociación y aprobación del Tratado, como
concreción de su contenido en la legislación española y dar una señal
anticipada de servidumbre a la Comisión Europea, se aprobó en el
Congreso de diputados la “Ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
sostenibilidad financiera” que entró en vigor el 1 de mayo de 2012.