El presupuesto sanitario se
redujo en un 18% pasando de 70.464 millones de euros en 2009 a 57.632
millones en 2014, 12.832 millones menos
13 de Octubre de 2016 (14:58 h.)
La política sanitaria del Gobierno Rajoy ha
estado orientada a privatizar el Sistema Nacional de Salud para lo que
se han recortado recursos y aumentado la presencia del sector privado en
la provisión de atención sanitaria con fondos públicos.
El recorte del gasto sanitario público ha sido muy importante pese a ser de los más bajos de los países de la OCDE
El presupuesto sanitario se redujo en un 18% pasando de 70.464
millones de euros en 2009 a 57.632 millones en 2014, 12.832 millones
menos, siendo el país de la OCDE (salvo Grecia) que más ha reducido el
presupuesto sanitario, todo ello pese a partir de un bajo gasto
(diferencia en gasto público respecto a la media de los países
desarrollados de 358 dólares en poder paritario de compra (ppc) en el
año 2009). Para equipararnos a media de la OCDE deberíamos incrementar
el gasto sanitario en 16.649 millones de dólares en ppc. La reducción
acumulada en total entre 2011-2016 ascendió a la astronómica cifra de
27.400 millones de euros. Una entidad nada sospechosa de oposición al
gobierno como es la Fundación Fedea ha publicado un estudio que concluye
que el gasto sanitario español perdió 0,7 puntos de % del PIB,
mientras que el europeo sólo bajó 0,2 puntos.
Estos recortes no se han distribuido de manera homogénea entre los
niveles del sistema, así el Ministerio de Sanidad en un informe del año
2015 reconocía en la asistencia sanitaria del 3,8%, aunque la reducción
en Atención Primaria fue tres veces superior que en la hospitalaria con
un 15,2% frente al 4,6%. Se evidencia así la apuesta del gobierno del PP
por la medicalización y la asistencia curativa (costosa y fácil de
trasformar en mercancía) frente a la estrategia de promoción y
prevención de salud vinculada a la atención primaria.
No contento con ello el Gobierno del PP pretende continuar con la reducción del gasto sanitario público ya que el Programa de Estabilidad que se ha presentado a la Comisión Europea se contempla un nuevo recorte de 1.605 millones a lo largo del 2016 para reducir el déficit público al 5,3% en 2018 (en el 2015 era del 2,6%). Este nuevo recorte aumentara los problemas de financiación de las CCAA que son las que han soportado el mayor recorte con un 0,4% en sanidad y 0,9% en servicios sociales. El gasto social bajo del 62,8% en 2013 al 59,7% en 2014, pese a lo cual la deuda pública se incrementó un 43,4% (18,9% del presupuesto autonómico) lo que evidencia el rotundo fracaso de esta política. Además como una parte del gasto sanitario público procedía de las administraciones locales y diputaciones, con la Nueva Ley de Régimen Local se reducirá aún más el gasto en salud. En los ayuntamiento el dinero destinado a atención sanitaria pasó de 1.277 millones € en 2009 a 690 M€ en el 2013.
Los recortes presupuestarios y el Modelo de Financiación Autonómico están incrementando las desigualdades sanitarias territoriales
La diferencia en gasto por persona entre la CA que más gasta y la que menos fue de 544,02 € entre en 2015, esta desigualdad es consecuencia del actual modelo de financiación autonómica mediante impuestos trasferidos que gravan la actividad económica, el comercio y el consumo por lo que no generan los mismos ingresos, mientras que los Fondos de Cohesión, previstos para reducir esta desigualdad, son absolutamente insuficientes.
Una parte importante del gasto público se desvía al sector privado
El dinero público derivado a la privada ha crecido un 52% en 10 años como resultado de: Un incremento del % de los conciertos; el recurso a la Colaboración Público Privada para construir y gestionar los centros sanitarios (Valencia, Madrid, Galicia, Burgos), que han multiplicado sus costes en cuatro y siete veces, y del aumento del presupuesto de MUFACE que paso de 2060,5 euros asegurado/año en 2009 a 2091,3 en el 201, subvención que mantiene de manera artificial a las aseguradoras privadas.
Consecuencias de estas políticas para el sistema: Recortes de recursos de personal y camas, y crecimiento de las listas de espera
La reducción presupuestaria ha ido acompañado de una importante reducción de personal de la Sanidad Pública y el aumentado de la privada. Mientras la sanidad pública ha perdido 25.500 trabajadores sanitarios según el Ministerio de Hacienda o 55.000 según CCOO, el sector privado ha creado más de 6.000 nuevos puestos de trabajo (la reducción del capítulo de personal ha alcanzado los 6.180 millones de euros entre 2011-2016). Estos recortes, además de generar un importante déficit de personal, ha generalizado la precariedad laboral y la contratación basura (incluso por horas o días) y una reducción salarial del 20%, que explica la frustración y el mal clima laboral de los centros, y la disminución de la calidad de la atención.
Entre 2010 y 2014 se han eliminado 6.000 camas hospitalarias (pese a estar muy por cabajo de la media europea), a pesar de que tenemos una de las dotaciones de camas por habitante más bajas de la UE, con 3,1 por 1.000 habitantes muy por debajo de la media (5,2), ocupando el último lugar por la cola.
El último Informe del Consejo Económico y Social recoge un espectacular incremento en las listas de espera quirúrgica, que pasaron de 372.468 en el año 2009 a 549.424 en el 2015 (aumentó un 47%).
El Gobierno ha cambiado de modelo sanitario
El Partido Popular, con la finalidad de privatizar el aseguramiento sanitario y apoyar a las aseguradoras privadas ha cambiado la naturaleza del sistema por Decreto Ley, para eludir el debate parlamentario. El denominado R.D. Ley 16/2012 “de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.” ha supuesto pasar del modelo de Sistema Nacional de Salud universal (universal, redistributivo y financiado mediante impuestos), a otro de Aseguramiento Sanitario en el que solo los cotizantes a la Seguridad Social tienen derecho a la asistencia sanitaria perdiendo así su carácter universal. EL RD también contempla una Revisión de la Cartera de Servicios (para acabar con la universalidad y la gratuidad de la asistencia sanitaria), introducido el copago de medicamentos a los pensionistas y excluido más de 400 medicamentos de la financiación pública. Queda pendiente por desarrollar el pago por transporte en ambulancias, productos dietéticos, prótesis y ortesis. Han quedado fuera de la asistencia sanitaria los inmigrantes no regularizados, los extranjeros con estancias temporale, los mayores de 26 años que no han cotizado a la Seguridad Social, y quienes vivan durante más de 90 días fuera de España. Para cubrir a los excluidos se han establecido convenios especiales de elevado coste y escaso éxito.
Entre las consecuencias de este decreto el gasto sanitario directo de los hogares pasó de 18.907 millones de euros en 2009 a 23.323 en 2014 (último dato publicado) lo que supone un incremento del 23%. El gasto en productos farmacéuticos y médicos creció en 2014 en un 53% respecto a 2009. Desde la aprobación del RD Ley 16/2012, la ciudadanía se ha gastado 4.281 millones de euros más de los que se habría gastado de haberse mantenido el gasto de 2011 por este concepto.
Aunque el Gobierno lo niega en público, el Programa que envió a la Unión Europea en 2014, reconoce estos recortes
La reordenación de la cartera de servicios básica ha recortado 700 millones anuales; la exclusión de cobertura de productos dietéticos 42,5 millones; la no renovación de tarjetas sanitarias 1,5 millones de euros al año; el endurecimiento del acceso a la tarjeta sanitaria a no residentes en España 1.000 millones; la reclasificación de pensionistas incorrectamente clasificados 28 millones; y los recortes en gasto farmacéutico 2.800 millones.
Estas medidas han deteriorado de la salud de la población, como han publicado prestigiosas revistas sanitarias internacionales como Lancet o el British Medical Journal, y han sido reconocidas incluso por las organizaciones que han propiciado los recortes (OCDE, UE; FMI). Una muestra de estos es el aumento de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares tras 20 años de descenso (el presidente de la Sociedad Española de Cardiología lo atribuye a los efectos de la crisis y los recortes) o el aumento espectacular de las quejas a la Defensora del Pueblo (la sanidad es el único sector que ha incrementado las quejas en 2015 con un aumento del 100% de resoluciones negativas).
Además de los recortes de financiación dos nuevas estrategias ponen en peligro el futuro de la sostenibilidad del sistema publico:
Ocupamos el segundo lugar mundial en consumo de medicamentos (Association of the British Phar maceutical Industry), con un elevado gasto que alcanzó en 2015 la astronómica cifra de 9.362 millones de euros. El gasto en medicamentos expedidos en farmacias creció en mayo de este año un 7,84% respecto al mismo mes del pasado año, mientras que el de hospitales creció un 26% a lo largo del 2015.
La voracidad de la industria es imparable sacando al mercado medicamentos cada vez más costosos, imposibles de financiar con el actual prepuesto sanitario. Como ejemplos se puede citar el precio desproporcionado de los antivirales contra la Hepatitis C que han incrementado 23% el gasto farmacéutico hospitalario o los llamados fármacos biológicos que modifican las bacterias para fabricar proteínas para tratar cánceres o artritis, que suponen ya el 40-50% gasto farmacia hospitalaria (entre 1.800 y 2.250 millones de euros) cuando hace apenas 10 años su gasto era nulo.
Ahora los laboratorios han anunciado que van a comercializar 220 nuevos medicamentos para tratar el cáncer (los actualmente disponibles representan el 12,3% del gasto hospitalario a pesar de que su uso no ha incrementado de manera significativa la supervivencia de los enfermos).
Por si esto fuera poco las multinacionales farmacéuticas han anunciado que están investigando 586 nuevos fármacos (en Fases II, III y de aprobación) y que tienen ya 136 en fase de desarrollo previo a su comercialización.
2.- Una gran alianza para potenciar el uso intensivo de las nuevas tecnologías sanitarias
Los más importantes grupos de poder económico-sanitario crearon hace unos años el Club Gertecht que integra a altos cargos del Ministerio de Sanidad y de los Servicios de Salud Autonómicos; instituciones docentes como la Universidad de Navarra o el Instituto Carlos III; organizaciones profesionales como la Asociación de Directivos Sanitarios (SEDISA) o el Foro de la Profesión Médica (alianza corporativa que agrupa a las principales Asociaciones Profesionales (fuertemente subvencionadas por laboratorios); y empresas tecnológicas como Medtronic, Philips, Roche, Nec Corporation, Citec-B, todas ellas con una gran implantación e inversiones en el sector sanitario. Este selecto Club nación con la finalidad de promover la difusión de las nuevas tecnologías en los sistemas sanitarios públicos.
La estrategia de esta alianza es orientar la formación del personal sanitario al uso intensivo de las nuevas tecnologías y promover la innovación dentro del Sistema Nacional de Salud, Sin embargo lo que realmente pretenden (especialmente las empresas multinacionales) es repartirse los recursos económicos destinados a la salud, que alcanzaron la importante cifra de 57.000 millones de euros en el año 2014.
Para ello buscan controlar los principales resortes del Sistema Sanitario Público: Sistema de Información; la Planificación Estratégica del Sistema; la compra y distribución del equipamiento médico; la política innovación, la investigación sanitaria (I+D) y la formación de los profesionales; la gestión de Centros y servicios asistenciales; y la demanda de los pacientes:
De triunfar estas propuestas el Sistema Sanitario quedará a merced de las empresas multinacionales y fondos de inversión y será insostenible económicamente, lo que sería el final del actual modelo de salud universal, equitativo, redistributivo, volviendo a la vieja sanidad dual para ricos y pobres, donde el acceso a los servicios estaría condicionado por la capacidad de pago de los usuarios
Propuestas para hacer frente a estas amenazas
Manuel Martin Garcia | Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
El recorte del gasto sanitario público ha sido muy importante pese a ser de los más bajos de los países de la OCDE
No contento con ello el Gobierno del PP pretende continuar con la reducción del gasto sanitario público ya que el Programa de Estabilidad que se ha presentado a la Comisión Europea se contempla un nuevo recorte de 1.605 millones a lo largo del 2016 para reducir el déficit público al 5,3% en 2018 (en el 2015 era del 2,6%). Este nuevo recorte aumentara los problemas de financiación de las CCAA que son las que han soportado el mayor recorte con un 0,4% en sanidad y 0,9% en servicios sociales. El gasto social bajo del 62,8% en 2013 al 59,7% en 2014, pese a lo cual la deuda pública se incrementó un 43,4% (18,9% del presupuesto autonómico) lo que evidencia el rotundo fracaso de esta política. Además como una parte del gasto sanitario público procedía de las administraciones locales y diputaciones, con la Nueva Ley de Régimen Local se reducirá aún más el gasto en salud. En los ayuntamiento el dinero destinado a atención sanitaria pasó de 1.277 millones € en 2009 a 690 M€ en el 2013.
Los recortes presupuestarios y el Modelo de Financiación Autonómico están incrementando las desigualdades sanitarias territoriales
La diferencia en gasto por persona entre la CA que más gasta y la que menos fue de 544,02 € entre en 2015, esta desigualdad es consecuencia del actual modelo de financiación autonómica mediante impuestos trasferidos que gravan la actividad económica, el comercio y el consumo por lo que no generan los mismos ingresos, mientras que los Fondos de Cohesión, previstos para reducir esta desigualdad, son absolutamente insuficientes.
El dinero público derivado a la privada ha crecido un 52% en 10 años como resultado de: Un incremento del % de los conciertos; el recurso a la Colaboración Público Privada para construir y gestionar los centros sanitarios (Valencia, Madrid, Galicia, Burgos), que han multiplicado sus costes en cuatro y siete veces, y del aumento del presupuesto de MUFACE que paso de 2060,5 euros asegurado/año en 2009 a 2091,3 en el 201, subvención que mantiene de manera artificial a las aseguradoras privadas.
Consecuencias de estas políticas para el sistema: Recortes de recursos de personal y camas, y crecimiento de las listas de espera
La reducción presupuestaria ha ido acompañado de una importante reducción de personal de la Sanidad Pública y el aumentado de la privada. Mientras la sanidad pública ha perdido 25.500 trabajadores sanitarios según el Ministerio de Hacienda o 55.000 según CCOO, el sector privado ha creado más de 6.000 nuevos puestos de trabajo (la reducción del capítulo de personal ha alcanzado los 6.180 millones de euros entre 2011-2016). Estos recortes, además de generar un importante déficit de personal, ha generalizado la precariedad laboral y la contratación basura (incluso por horas o días) y una reducción salarial del 20%, que explica la frustración y el mal clima laboral de los centros, y la disminución de la calidad de la atención.
Entre 2010 y 2014 se han eliminado 6.000 camas hospitalarias (pese a estar muy por cabajo de la media europea), a pesar de que tenemos una de las dotaciones de camas por habitante más bajas de la UE, con 3,1 por 1.000 habitantes muy por debajo de la media (5,2), ocupando el último lugar por la cola.
El último Informe del Consejo Económico y Social recoge un espectacular incremento en las listas de espera quirúrgica, que pasaron de 372.468 en el año 2009 a 549.424 en el 2015 (aumentó un 47%).
El Gobierno ha cambiado de modelo sanitario
El Partido Popular, con la finalidad de privatizar el aseguramiento sanitario y apoyar a las aseguradoras privadas ha cambiado la naturaleza del sistema por Decreto Ley, para eludir el debate parlamentario. El denominado R.D. Ley 16/2012 “de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.” ha supuesto pasar del modelo de Sistema Nacional de Salud universal (universal, redistributivo y financiado mediante impuestos), a otro de Aseguramiento Sanitario en el que solo los cotizantes a la Seguridad Social tienen derecho a la asistencia sanitaria perdiendo así su carácter universal. EL RD también contempla una Revisión de la Cartera de Servicios (para acabar con la universalidad y la gratuidad de la asistencia sanitaria), introducido el copago de medicamentos a los pensionistas y excluido más de 400 medicamentos de la financiación pública. Queda pendiente por desarrollar el pago por transporte en ambulancias, productos dietéticos, prótesis y ortesis. Han quedado fuera de la asistencia sanitaria los inmigrantes no regularizados, los extranjeros con estancias temporale, los mayores de 26 años que no han cotizado a la Seguridad Social, y quienes vivan durante más de 90 días fuera de España. Para cubrir a los excluidos se han establecido convenios especiales de elevado coste y escaso éxito.
Entre las consecuencias de este decreto el gasto sanitario directo de los hogares pasó de 18.907 millones de euros en 2009 a 23.323 en 2014 (último dato publicado) lo que supone un incremento del 23%. El gasto en productos farmacéuticos y médicos creció en 2014 en un 53% respecto a 2009. Desde la aprobación del RD Ley 16/2012, la ciudadanía se ha gastado 4.281 millones de euros más de los que se habría gastado de haberse mantenido el gasto de 2011 por este concepto.
Aunque el Gobierno lo niega en público, el Programa que envió a la Unión Europea en 2014, reconoce estos recortes
La reordenación de la cartera de servicios básica ha recortado 700 millones anuales; la exclusión de cobertura de productos dietéticos 42,5 millones; la no renovación de tarjetas sanitarias 1,5 millones de euros al año; el endurecimiento del acceso a la tarjeta sanitaria a no residentes en España 1.000 millones; la reclasificación de pensionistas incorrectamente clasificados 28 millones; y los recortes en gasto farmacéutico 2.800 millones.
Estas medidas han deteriorado de la salud de la población, como han publicado prestigiosas revistas sanitarias internacionales como Lancet o el British Medical Journal, y han sido reconocidas incluso por las organizaciones que han propiciado los recortes (OCDE, UE; FMI). Una muestra de estos es el aumento de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares tras 20 años de descenso (el presidente de la Sociedad Española de Cardiología lo atribuye a los efectos de la crisis y los recortes) o el aumento espectacular de las quejas a la Defensora del Pueblo (la sanidad es el único sector que ha incrementado las quejas en 2015 con un aumento del 100% de resoluciones negativas).
Además de los recortes de financiación dos nuevas estrategias ponen en peligro el futuro de la sostenibilidad del sistema publico:
- La autorización de nuevos fármacos de elevadísimo precio.
- La generalización y uso intensivo de nuevas tecnologías sanitarias (en detrimento de la promoción, prevención y la Atención Primaria).
Ocupamos el segundo lugar mundial en consumo de medicamentos (Association of the British Phar maceutical Industry), con un elevado gasto que alcanzó en 2015 la astronómica cifra de 9.362 millones de euros. El gasto en medicamentos expedidos en farmacias creció en mayo de este año un 7,84% respecto al mismo mes del pasado año, mientras que el de hospitales creció un 26% a lo largo del 2015.
La voracidad de la industria es imparable sacando al mercado medicamentos cada vez más costosos, imposibles de financiar con el actual prepuesto sanitario. Como ejemplos se puede citar el precio desproporcionado de los antivirales contra la Hepatitis C que han incrementado 23% el gasto farmacéutico hospitalario o los llamados fármacos biológicos que modifican las bacterias para fabricar proteínas para tratar cánceres o artritis, que suponen ya el 40-50% gasto farmacia hospitalaria (entre 1.800 y 2.250 millones de euros) cuando hace apenas 10 años su gasto era nulo.
Ahora los laboratorios han anunciado que van a comercializar 220 nuevos medicamentos para tratar el cáncer (los actualmente disponibles representan el 12,3% del gasto hospitalario a pesar de que su uso no ha incrementado de manera significativa la supervivencia de los enfermos).
Por si esto fuera poco las multinacionales farmacéuticas han anunciado que están investigando 586 nuevos fármacos (en Fases II, III y de aprobación) y que tienen ya 136 en fase de desarrollo previo a su comercialización.
2.- Una gran alianza para potenciar el uso intensivo de las nuevas tecnologías sanitarias
Los más importantes grupos de poder económico-sanitario crearon hace unos años el Club Gertecht que integra a altos cargos del Ministerio de Sanidad y de los Servicios de Salud Autonómicos; instituciones docentes como la Universidad de Navarra o el Instituto Carlos III; organizaciones profesionales como la Asociación de Directivos Sanitarios (SEDISA) o el Foro de la Profesión Médica (alianza corporativa que agrupa a las principales Asociaciones Profesionales (fuertemente subvencionadas por laboratorios); y empresas tecnológicas como Medtronic, Philips, Roche, Nec Corporation, Citec-B, todas ellas con una gran implantación e inversiones en el sector sanitario. Este selecto Club nación con la finalidad de promover la difusión de las nuevas tecnologías en los sistemas sanitarios públicos.
La estrategia de esta alianza es orientar la formación del personal sanitario al uso intensivo de las nuevas tecnologías y promover la innovación dentro del Sistema Nacional de Salud, Sin embargo lo que realmente pretenden (especialmente las empresas multinacionales) es repartirse los recursos económicos destinados a la salud, que alcanzaron la importante cifra de 57.000 millones de euros en el año 2014.
Para ello buscan controlar los principales resortes del Sistema Sanitario Público: Sistema de Información; la Planificación Estratégica del Sistema; la compra y distribución del equipamiento médico; la política innovación, la investigación sanitaria (I+D) y la formación de los profesionales; la gestión de Centros y servicios asistenciales; y la demanda de los pacientes:
- Apoderarse de los Sistemas de Información sanitaria de los Servicios de Salud Autonómicos es esencial para conocer la salud de la población, las demandas asistenciales (Historia Clínica Electrónica, Receta Electrónica, teléfonos de información y de citaciones, etc.) y la actividad de los centros públicos (sistema de citas, listas de espera, derivaciones a centros privados, conciertos). Ambas cosas son claves para poder seleccionar pacientes y patologías y desarrollar el aseguramiento privado sin riesgos.
- Controlar la planificación de los recursos mediante la figura del llamado Socio Tecnológico para decidir la adquisición del equipamiento tecnológico , su ubicación y el precio a pagar con los presupuestos públicos; definir las prioridades de investigación, implantación de las innovaciones en tecnología sanitaria (biotecnología, y medicina personalizada, que la propia industria admite que no será accesible para todos, por sus enormes costes) (Institutos Biotecnologicos Hospitales); y orientar la formación del personal sanitario (productos farmacéuticos recursos diagnósticos y terapéuticos) al consumismo sanitario y la medicalización.
- Privatizar la gestión y la asistencia sanitaria generalizando el modelo de Colaboración Público Privada (CPP) para financiar, construir y gestionar los nuevos hospitales y centros de salud (Madrid, Burgos, Galicia, Valencia, Burgos, Galicia); los Consorcios Sanitarios (Cataluña) Cooperativas sanitarias de Atención Primaria (EBAS Cataluña); externalizar las pruebas diagnosticas (Laboratorios centrales de Madrid o Galicia, los servicios de Radiología (Valencia o Madrid); la donanción de sangre (Cruz Roja o Grifols); el Screenig de mama (Cruz Roja Madrid); el Cáncer (Asociación Contra el Cáncer de Galicia que controla recursos diagnósticos o el Registro de Tumores)
- Las nuevas Unidades de Gestión Clínica para fraccionar los centros en microempresas, acogidas el modelo de gestión empresarial, con presupuestos propios y capacidad para comprar y vender servicios, laboralizar al personal para controlar la actividad asistencial y dar entrada a la participación del sector privado
- Cambiar la Estrategia de enfermos crónicos sustituyendo los cuidadores de los pacientes por recursos electrónicos instalados en los hogares suministrados por las multinacionales tecnológicas que no todos sabrán utilizar ni podrán pagar (mayor desigualdad).
- Controlar las Asociaciones de Pacientes Ayudas económicas con ayudas para organizar eventos y proporcionarlas poyo y asesorías técnicas con el objetivo de que reivindiquen los nuevos y costosos medicamentos e innovaciones que interesen a laboratorios o la industria, aunque la mayor parte carezcan de evidencia contrastada
De triunfar estas propuestas el Sistema Sanitario quedará a merced de las empresas multinacionales y fondos de inversión y será insostenible económicamente, lo que sería el final del actual modelo de salud universal, equitativo, redistributivo, volviendo a la vieja sanidad dual para ricos y pobres, donde el acceso a los servicios estaría condicionado por la capacidad de pago de los usuarios
Propuestas para hacer frente a estas amenazas
- Garantizar una financiación suficiente del sistema sanitario público para acabar con las déficit y desigualdades. Para ello es necesario cambiar el actual modelo de financiación por otro basado en impuestos directos de carácter redistributivo que acaben con las diferencias territoriales.
- Reintegrar al sistema sanitario los sistemas de información, planificación estratégica, compra y evaluación del equipamiento tecnológico, autorización y financiación de nuevos fármacos, investigación en los centros sanitarios y formación del personal sanitario. Es necesario combatir la medicalización y el uso irracional y peligroso para la salud de los recursos tecnológicos y reorientar su actuación a la promoción y prevención de dalud.
- Par ello es imprescindible desarrollar el modelo comunitario contemplado en la Ley General de Sanidad y potenciar la Atención Primaria, incrementado sus recursos y acabar con las áreas de gestión integrada que la subordinan a los hospitales. Es necesario acabar con la utilización intensiva e inapropiada de los recursos y controlar el crecimiento del gasto fomentando mediante una política sanitaria basada en la evidencia.
- Derogar el Real Decreto 16/2012 para recuperar el modelo universal, accesible y equitativo del sistema. El derecho a la salud deberá estar vinculado a la residencia y no a las cotizaciones laborales y garantizar el acceso a los recursos eliminando los copagos.
- Detener las privatizaciones y recuperar los centros privatizados, para lo que es imprescindible realizar una auditoría del proceso de Colaboración Público Privada que ha vulnerado de manera flagrante la legislación española y comunitaria y poner en marcha una estrategia a corto y medio que garantice la factibilidad de la misma.
- Recuperar las plantillas sanitarias en base a un proceso de planificación basado en las necesidades asistenciales y en una reorientación del sistema a la promoción de salud y en la lucha contra la medicalización.
- Desarrollar instrumentos de participación social y profesional en todo el Sistema y en sus centros, para garantizar la calidad de la atención y la adecuación de los recursos y actuaciones a las necesidades de la población.
- Articular una gran alianza social y profesional para hacer frente al poderosos lobby industrial y financiero que quiere desmantelar y apoderase del Sistema Sanitario Público. Las diferentes Plataformas para la defensa de la Sanidad Pública deberían ser el germen de la misma.
Manuel Martin Garcia | Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
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