Señoras y señores diputados
Los guardianes del injusto orden neoliberal de la Unión Europea, el
Sr. Juncker Presidente de la Comisión Europea, el Sr. Dijsselbloem
Presidente del Eurogrupo y el Sr. Moscovici Comisario europeo de Asuntos
económicos y financieros, en diferentes declaraciones han exigido al
gobierno de España nuevas medidas de “ajuste” para alcanzar los
objetivos impuestos de déficit y deuda. Denuncian que el presupuesto
español incumple “las reglas” y exigen un nuevo recorte de 9.000
millones de euros en 2016.
Su insolencia es intolerable. Tras castigar a las naciones y pueblos
de Europa especialmente del Sur, con sus políticas fracasadas de ajuste y
austeridad, que han condenado a la pobreza sectores crecientes de la
ciudadanía, han favorecido el enriquecimiento de los más ricos,
provocando por consiguiente el aumento de la desigualdad, continúan con
su mantra del ajuste y austeridad. El estancamiento económico de la UE y
los grandes desequilibrios que la acechan son el resultado de sus
políticas al servicio de las oligarquías acreedoras dominantes.
¿Pero a que “reglas” fiscales se refieren cuando denuncian su
incumplimiento?: Las que establece el “Tratado de Estabilidad,
Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria” firmado el 2
de marzo de 2012 por 25 países de la UE (con la excepción de Reino
Unido y la República Checa) y que entró en vigor el 1 de enero de 2013.
Este Tratado que incluye mecanismos de corrección y sanción
económica, con multas hasta el 0,1% del PIB (ver artº 7 y 8.2) a los
países que incumplan sus “reglas” y objetivos de déficit, fue aprobado
por el Congreso de diputados de España el 21 de junio de 2012 con 319
votos a favor y la oposición de las fuerzas políticas que demandaron la
celebración de un referéndum al significar una grave cesión de soberanía
popular.
Dicho Tratado, en donde los países firmantes se comprometen apoyar
las “recomendaciones” de la Comisión Europea, reformas, medidas de
recortes, para cumplir con el pacto fiscal europeo, es un instrumento
esencial para hacer cumplir las reformas de ajuste y austeridad
“autoimpuestas” por los países miembros, como por ejemplo la
contrarreforma constitucional española “express” del artº 135, aprobada
con los votos favorables del PP y PSOE y sin consultarse en referéndum a
la ciudadanía. Esta modificación constitucional entró en vigor el 27 de
septiembre de 2011.
Paralelamente a la negociación y aprobación del Tratado, como
concreción de su contenido en la legislación española y dar una señal
anticipada de servidumbre a la Comisión Europea, se aprobó en el
Congreso de diputados la “Ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
sostenibilidad financiera” que entró en vigor el 1 de mayo de 2012.
Dicha Ley orgánica establece potentes medidas preventivas,
correctivas y coercitivas en su capítulo IV, entre ellas la aplicación
del artº 155 de la Constitución, contra las administraciones públicas
que incumplan los objetivos fiscales de austeridad, ha sido un potente
instrumento para re-centralizar el estado por la puerta de atrás y
disminuir la capacidad de autogobierno de las comunidades autónomas.
Esta nueva contra-reforma que concede un enorme poder al gobierno del
estado, es una de las causas del descontento social general, ha roto el
equilibrio institucional entre el gobierno central y el de las
comunidades autónomas, y ha provocado una gran tensión que amenaza la
propia unidad del estado español. La gran “sorpresa” se manifestó en la
votación de esta ley, pues junto a las fuerzas centralistas de PP, UPyD,
UPN, también votó a favor el grupo parlamentario de CiU…
En estos momentos, que la esperanza de un cambio social y político se
ha extendido por la sociedad, que los partidos representativos de las
políticas de ajuste y austeridad han sufrido un fuerte correctivo
electoral, y que se abre la posibilidad de una alianza para conformar un
gobierno por el “cambio”, los abajo firmantes decimos: Ningún cambio
favorable a la mayoría social, a las clases trabajadoras y populares,
que contemple las medidas necesarias de gasto social para recuperar los
derechos sociales, crear empleo digno, distribuir la riqueza para
reducir la desigualdad, será posible mientras no se desobedezcan las
imposiciones autoritarias de los “guardianes” de los interese de las
oligarquías de la UE, no se recupere la soberanía popular cedida a las
instituciones europeas, no se restablezca el respeto al autogobierno y
las vías de diálogo, negociación y pacto con las comunidades autónomas y
ayuntamientos.
Por consiguiente, solicitamos a los representantes de la ciudadanía
en el Congreso de Diputados, a los diversos grupos parlamentarios que
adopten las siguientes decisiones que solo necesitan de una mayoría de
votos en el Congreso:
1.- Desvinculación de España del “Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria”
2.- Derogación de la “Ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera”
También les expresamos nuestro apoyo a aquellas medidas que deroguen
las últimas contrarreformas laborales, la “Ley Mordaza”, la LOMCE, la
contrarreforma de pensiones, así como de todas las leyes regresivas.
Consideramos fundamental la derogación del artº 135 de la Constitución
española, qué en caso de no producirse, abrirá inevitablemente la
reflexión y el debate entre la ciudadanía sobre la necesidad de abrir un
proceso constituyente que permita recuperar plenamente la soberanía
popular.
No hay comentarios:
Publicar un comentario