La actual política educativa, más allá del marco diseñado en la LOMCE y los plazos de implantación, está acelerando, con los hechos, sus consecuencias más nefastas:
- De una parte, con el desarrollo de diferentes procesos de privatización: tanto por vía de precarizar y encarecer la enseñanza pública, como a través de medidas de apoyo descarado al sector privado (En su mayoría bajo control ideológico de la Iglesia).
- De otra, con una ofensiva ideológica en los desarrollos curriculares y peso lectivo de las diversas materias.
Junto a la promoción de las concepciones neoliberales de la economía y de la sociedad, se retoman los elementos nunca abandonados del nacional-catolicismo, haciéndose eco de las presiones de la Conferencia Episcopal, que no parece dispuesta a renunciar a sus privilegios antidemocráticos, amparándose en el Concordato franquista de 1953 y los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1979.
Esa presión se traduce en:
a) Otorgar mayor peso y reconocimiento curricular a la Religión, como asignatura confesional, en
todos los niveles de la enseñanza y en detrimento de materias formativas de carácter racional y
universal (filosofía, ciencias, valores cívicos comunes,…)
b) Avanzar en la presencia obligada de la Religión en Escuelas y Facultades de las universidades
públicas, utilizando medidas coactivas y confiriendo rango universitario a los “créditos” de formación religiosa confesional.
Ante el periodo electoral que se abre en los próximos meses, hacemos llegar a todas las
formaciones políticas y candidaturas, la discusión y compromiso explícito en torno a la
laicidad que debe presidir el marco escolar, para el desarrollo de la libertad de conciencia
que, de forma más escrupulosa si cabe, debe respetarse a niños y jóvenes en formación.
Muy en particular, aquí y ahora, además del propósito generalmente expresado de abogar por
la derogación de la LOMCE (y parte de la LOE), queremos centrar la discusión sobre dos ejes
que, por su importancia decisiva y su remisión a simples principios democráticos, deberían
figurar en sus programas, con el serio compromiso de proceder a su defensa desde el ámbito
propio:
A- La no financiación con dinero público del adoctrinamiento religioso en ningún centro
escolar que, en consecuencia, supone:
1-Sacar la religión confesional de la Enseñanza, de forma inmediata.
2-La desaparición gradual de los conciertos con los centros privados, en su mayoría
de carácter confesional, ya que supone una grave desviación de los presupuestos
públicos a favor de intereses privados.
B- La derogación de los Acuerdos con el Vaticano, en tanto, de una parte, constituyen la base
“legal” de los privilegios que sigue reclamando la Iglesia, especialmente dentro del sistema
educativo; y, de otra, se ha producido un progresivo rechazo social y político a sus
contenidos antidemocráticos.
sábado, 7 de febrero de 2015
martes, 3 de febrero de 2015
HOJA INFORMATIVA Nº 1 DE LA OPPDP
La ORGANIZACIÓN
POLÍTICA PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LO PÚBLICO nace para impulsar la
MOVILIZACIÓN SOCIAL desde las Instituciones Locales.
En
la actualidad se está produciendo una muerte lenta de la vida rural, poco a
poco, la actividad económica disminuye y los jóvenes tienen que marcharse de
nuestros pueblos en busca de mejor vida.
Los
poderes públicos aceptan pasivamente esta situación que obliga a que mucha
gente tenga que vivir con lo que obtiene del trabajo de unos días al mes y,
en ocasiones, con salarios de media
jornada. El elevado paro de nuestras localidades se le combate con planes de
empleo que apenas llegan para unos días o pocos meses.
La única manera de salir de esta atonía económica y decadencia es rebelándose
contra esta situación y exigiendo la intervención de los poderes públicos. Pero para que esa intervención se produzca es
necesario que nuestros representantes municipales sean capaces de movilizar
colectivamente a los ciudadanos y ciudadanas, y los que tenemos en la
actualidad no están por esta labor.
Las
personas que integramos La ORGANIZACIÓN POLÍTICA PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE
LO PÚBLICO (OPPDP), valoramos la movilización social desde las
Instituciones Municipales como imprescindible para lograr objetivos que
conduzcan a la revitalización de la vida local, y para ello es necesario, tanto el cambio de las personas que dirigen la política municipal, como las políticas que se aplican.
Algunos de nuestros objetivos, son los siguientes:
1.-
Inversiones y Planes públicos de empleo. Las
inversiones públicas son necesarias para el desarrollo económico y para
revitalizar la vida en los pueblos, para aumentar el consumo y para que salgan
adelantes las pequeñas y medianas empresas.
2.- Garantizar los
suministros básicos de luz y agua para todas las familias. No se les pueden cortar a nadie. En el caso del
agua, el Municipio puede establecer tasas
sociales o unos consumos mínimos para las familias en situaciones económicas
desfavorecidas, y en el caso de la luz, el gobierno de Extremadura debe establecer
unos fondos presupuestarios que permitan ayudas a las familias más necesitadas
y con bajos ingresos.
3.-
Eliminar las medias
jornadas en las Administraciones Públicas. Estas conllevan salarios de miseria, y sólo sirven
como referencia para la contratación de trabajadores por ciertos empresarios
desaprensivos.
4.-
La
formación de Consejos Populares en todas las actividades y servicios
municipales, desde la
contratación de trabajadores y bolsas de empleo hasta las actividades
deportivas, que incluyan a colectivos y a las personas directamente implicadas.
5.-
La reducción de ciertos
gastos de personal y de concejales liberados en la vida municipal.
6.-
La potenciación de las
actividades deportivas, educativas y culturales a nivel local y ante las
autoridades regionales.
7.- La realización los
rebuscos de la uva y de la aceituna.
8.-
Reivindicar ante el gobierno de Extremadura la dotación de elementos educativos y sanitarios; ayudas adecuadas para becas, libros de textos y
material escolar; transporte escolar, etc..
9.-
Fomentar la economía
social en los sectores productivos para facilitar el
empleo, y la creación de un Banco de Tierras.
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