La actual política educativa, más allá del marco diseñado en la LOMCE y los plazos de implantación, está acelerando, con los hechos, sus consecuencias más nefastas:
- De una parte, con el desarrollo de diferentes procesos de privatización: tanto por vía de precarizar y encarecer la enseñanza pública, como a través de medidas de apoyo descarado al sector privado (En su mayoría bajo control ideológico de la Iglesia).
- De otra, con una ofensiva ideológica en los desarrollos curriculares y peso lectivo de las diversas materias.
Junto a la promoción de las concepciones neoliberales de la economía y de la sociedad, se retoman los elementos nunca abandonados del nacional-catolicismo, haciéndose eco de las presiones de la Conferencia Episcopal, que no parece dispuesta a renunciar a sus privilegios antidemocráticos, amparándose en el Concordato franquista de 1953 y los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1979.
Esa presión se traduce en:
a) Otorgar mayor peso y reconocimiento curricular a la Religión, como asignatura confesional, en
todos los niveles de la enseñanza y en detrimento de materias formativas de carácter racional y
universal (filosofía, ciencias, valores cívicos comunes,…)
b) Avanzar en la presencia obligada de la Religión en Escuelas y Facultades de las universidades
públicas, utilizando medidas coactivas y confiriendo rango universitario a los “créditos” de formación religiosa confesional.
Ante el periodo electoral que se abre en los próximos meses, hacemos llegar a todas las
formaciones políticas y candidaturas, la discusión y compromiso explícito en torno a la
laicidad que debe presidir el marco escolar, para el desarrollo de la libertad de conciencia
que, de forma más escrupulosa si cabe, debe respetarse a niños y jóvenes en formación.
Muy en particular, aquí y ahora, además del propósito generalmente expresado de abogar por
la derogación de la LOMCE (y parte de la LOE), queremos centrar la discusión sobre dos ejes
que, por su importancia decisiva y su remisión a simples principios democráticos, deberían
figurar en sus programas, con el serio compromiso de proceder a su defensa desde el ámbito
propio:
A- La no financiación con dinero público del adoctrinamiento religioso en ningún centro
escolar que, en consecuencia, supone:
1-Sacar la religión confesional de la Enseñanza, de forma inmediata.
2-La desaparición gradual de los conciertos con los centros privados, en su mayoría
de carácter confesional, ya que supone una grave desviación de los presupuestos
públicos a favor de intereses privados.
B- La derogación de los Acuerdos con el Vaticano, en tanto, de una parte, constituyen la base
“legal” de los privilegios que sigue reclamando la Iglesia, especialmente dentro del sistema
educativo; y, de otra, se ha producido un progresivo rechazo social y político a sus
contenidos antidemocráticos.
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