DICIEMBRE 2014
La pobreza energética, que
se define por la imposibilidad de pagar el abastecimiento de los consumos de
luz, agua, y gas necesarios del hogar o por tener que destinar a ellos unos
porcentaje importante de los ingresos, es un problema social que se extiende
como una macha de aceite, a pesar de lo que nos digan el Presidente del
gobierno, Rajoy, y sus voceros, de que la recuperación económica está en
marcha.
En la actualidad muchas son
las familias con enormes dificultades para hacer frente a los gastos derivados de los
suministros básicos de agua, luz y gas imprescindibles para la vida. Una
situación que afecta a muchas personas de nuestras localidades y ante la cual,
las Administraciones Públicas tienen la responsabilidad de intervenir con
acciones políticas que impidan la desconexión a estos servicios públicos.
Las declaraciones y
recomendaciones de instituciones como las Naciones Unidas, y directivas de la
Unión Europea(2009/72 y 73), continuamente se refieren a que los Estados deben
tomar las medidas oportunas para garantizar a los ciudadanos el acceso a los
suministros básicos y prohibir e impedir
la desconexión a los mismos, sobre todo en períodos críticos. Ningún gobierno
debería permitir cortar la luz en el período invernal a personas que no
disponen de medios económicos a consecuencia del desempleo o con ingresos salariales
que apenas llegan a final de mes.
Desde la Asociación en
Defensa de lo Público y conjuntamente con otros movimientos y colectivos
sociales entendemos que la disposición de estos elementos vitales es un derecho
básico de las personas; no son mercancías puestas a disposición de clientes.
1) Por eso exigimos
al Gobierno de Extremadura que tenga la suficiente responsabilidad pública,
para que en sus presupuestos destine fondos que permitan garantizar el acceso
al agua, la luz y el gas a las familias extremeñas, especialmente a aquellas
castigadas por la crisis. En algunas Comunidades Autónomas se trabaja en una
Ley de Mínimos Vitales que certifique la prestación de estos servicios básicos.
2) En el caso
del agua, los Ayuntamientos tienen
competencias para disponer normativas que impidan los cortes de suministro, bien
con tarifas sociales o estableciendo consumos mínimos de litros de agua, por
persona y día. Son actuaciones que no requieren mucha complejidad y facilitan
la vida a familias que en estos momentos están castigadas por la crisis
económica.
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