Reclama una investigación de oficio, "exhaustiva e imparcial", que permita condenar con graves sanciones a los culpables de desapariciones forzadas, así como la reparación y rehabilitación de las víctimas.
La ONU ha exigido este viernes a España que deje de usar la Ley de Amnistía de 1977 como excusa
para no investigar las desapariciones forzadas del franquismo, y ha
reclamado a nuestro país una investigación de oficio "exhastiva e
imparcial" que culmine con graves condenas a los responsables de esos
delitos, así como la reparación y rehabilitación adecuadas de las
víctimas.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha hecho públicas las observaciones finales sobre las actuaciones emprendidas por España para perseguir las desapariciones forzadas de miles de personas durante los años de la dictadura franquista. Se trata de la culminación del trabajo que ha realizado un grupo de expertos de Naciones Unidas que visitaron España a finales de septiembre durante una semana.
El documento muestra preocupación porque el marco normativo en vigor en España "para prevenir y sancionar las desapariciones forzadas así como algunas decisiones adoptadas en la materia no estarían en plena conformidad con las obligaciones que la Convención impone a los Estados que la han ratificado". Se refiere a la convención de la ONU en esta materia.
Como primera recomendación, pide a España que cree un delito autónomo que castigue las desapariciones forzadas, con penas apropiadas "que tengan en cuenta su extrema gravedad", ya que hasta ahora el Codigo Penal castiga estas conductas en artículos dispersos.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha hecho públicas las observaciones finales sobre las actuaciones emprendidas por España para perseguir las desapariciones forzadas de miles de personas durante los años de la dictadura franquista. Se trata de la culminación del trabajo que ha realizado un grupo de expertos de Naciones Unidas que visitaron España a finales de septiembre durante una semana.
El documento muestra preocupación porque el marco normativo en vigor en España "para prevenir y sancionar las desapariciones forzadas así como algunas decisiones adoptadas en la materia no estarían en plena conformidad con las obligaciones que la Convención impone a los Estados que la han ratificado". Se refiere a la convención de la ONU en esta materia.
Como primera recomendación, pide a España que cree un delito autónomo que castigue las desapariciones forzadas, con penas apropiadas "que tengan en cuenta su extrema gravedad", ya que hasta ahora el Codigo Penal castiga estas conductas en artículos dispersos.
