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viernes, 25 de octubre de 2013.
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viernes, 25 de octubre de 2013.
Autor: Luis García Montero.Fuente: Público.
Autor: Luis García Montero.Fuente: Público.
España se ha convertido en un país triste y maleducado. Los argumentos
de la razón valen menos que los instintos bajos, la mentira y la
desmesura. La educación tiene problemas en España porque el país lleva
años sometido a una pedagogía del egoísmo, el sectarismo y la
insolidaridad que es incompatible con las ilusiones de la convivencia.
El PP ha extendido una feroz versión española de las consignas del
desprecio que caracterizan el pensamiento reaccionario neoliberal. Es
paradójico oír al ministro Wert diagnosticar con datos estadísticos
manipulados los males de la educación española. Él mismo es el síntoma
más claro del problema.
No fuerzo las cosas si uno en mis reflexiones los dos acontecimientos
que marcan la actualidad española: la reacción que ha provocado la
sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre la
‘doctrina Parot’ y los motivos que han llevado a la jornada de Huelga
del día 24 octubre, convocada por todos los sindicatos y por todos los
sectores del sistema educativo.
El Tribunal de Derechos Humanos se ha limitado a denunciar una
barbaridad jurídica: la aplicación retroactiva de las leyes. Que en
España pudiera asumirse este tipo de aplicación tiene dos explicaciones:
el carácter cortesano de los órganos del poder judicial, más inclinados
a obedecer a los intereses políticos que a defender la independencia de
la Justicia, y por el sectarismo demagógico del PP. Cuando empezó a
vislumbrarse el final de la banda terrorista ETA, el PP cambió la
preocupación de acabar con los crímenes por la política rastrera de
evitar que un Gobierno socialista se apuntara la victoria. Una de las
medidas que utilizó con más efectividad fue la manipulación de las
víctimas. En vez de procurarles consuelo, amparo y ayuda, las convirtió
en un referente político sentimental. La lógica inevitable fue imponer
en las leyes una tendencia más inclinada a la venganza que a la
justicia. EL PSOE se plegó a veces a este impulso para defenderse en el
panorama electoral.
Las Justicia debe vigilar tanto el derecho de las víctimas como el de
los delincuentes para que reciban un castigo justo. El pensamiento
democrático aprendió muy pronto que la tarea principal es perseguir el
delito, no odiar o maltratar al delincuente. Si se saca a la víctima de
su respetable lugar, y se la convierte en referente judicial o político,
esta tarea salta por los aires. El vómito de odio con el que la
sociedad española ha recibido una sentencia de su Tribunal de Derechos
Humanos es consecuencia de la mala pedagogía del PP. Está construyendo
una sociedad muy zafia y muy reaccionaria. Va a ser muy difícil defender
aquí una idea de Justicia basada en la reinserción del preso. El PP nos
lleva al camino de la venganza, la mano dura, la cadena perpetua o la
pena de muerte.
El problema es que la demagogia crea reacciones contrarias y los tiros
salen por la culata. Del mismo modo que la política españolista del PP
en Cataluña ha alimentado de forma vertiginosa el independentismo, su
manipulación de las víctimas nos conduce a la humillación de ver ahora a
algunos terroristas convertidos en héroes sociales y víctimas de un
derecho bárbaro. Y no son héroes, sólo presos que tienen derecho a salir
a la calle y encontrarse con sus familiares cuando cumplen la condena.
El sectarismo y la manipulación de la derecha han impedido a lo largo
de toda la democracia un pacto por la Educación entre los agentes
sociales, los sectores profesionales y los grupos políticos. Cuando ha
tenido el poder, ha impuesto en solitario sus creencias, y cuando estuvo
en la oposición se negó a sumarse al diálogo. En el poder y en la
oposición, se quedó sólo con su sectarismo para defender una educación
sometida al catolicismo, las diferencias clasistas y la degradación del
sistema público. El bien común le interesa menos que la defensa de los
privilegios de sus élites.
La educación que defiende el ministro Wert es tan poco equilibrada, tan
poco democrática, tan demagógica como la reacción provocada en España
por una sentencia justa del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Aquellos que defienden la democracia corren el peligro de ser tratados
como cómplices del terrorismo o partidarios de los malos alumnos. Medida
a medida, la pedagogía social del PP nos convierte en estudiantes del
odio y la insolidaridad. Luchemos por otras lecciones.
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