Desde que empezaron los recortes han sido expulsados del Sistema Educativo unos 61.700 profesores según los sindicatos de la enseñanza. En este curso, cerca de 20.000 han dejado de impartir clase en la escuela pública mientras que la escuela pública se ha incrementado en más de 70.000 alumnos.
Las condiciones de trabajo del profesorado se han visto deterioradas con el aumento de la jornada lectiva y el aumento de los ratios de alumnos por aula en la reforma.
Por otro lado, se incrementará el poder de los equipos directivos de los centros, al darles (como ya está pasando en algunas autonomías) la potestad de seleccionar a una parte de los claustros. Pasan a ser una especie de directores de recursos humanos: podrán contratar o vetar a un determinado profesor, establecer los méritos para cubrir un determinado puesto por un interino, o vetar alguno de los candidatos si lo justifican. El claustro de profesores deja de ser el responsable primordial de la elección del director y cobra mucho más peso la Administración. También el Consejo Escolar pierde peso a la hora de decidir y pasa a ser meramente consultivo. Ya no puede aprobar, ni decidir –han sido eliminadas específicamente estas atribuciones en la ley– y debe limitarse a “evaluar” e informar.
La reforma implica mayor precariedad para el profesorado interino, con cambios en los modelos de contratación en los que primará la oposición frente a la experiencia, y supondrán un alto grado de rotación, con lo que eso implica de angustia en dicho profesorado.
Una de las principales novedades de la LOMCE, que supone de facto una externalización, es que el profesorado dejará de ser quien decida sobre la titulación o no del alumnado, que pasará a depender de reválidas externas corregidas por personal ajeno a la enseñanza pública. Las reválidas se implantarán en tercero de primaria y al final de los ciclos de primaria, secundaria y bachillerato.
Los conciertos con las escuelas privadas ven incrementada su duración y pasan de cuatro a seis años en primaria, con carácter general. Además, la LOMCE prevé que existan conciertos en otras etapas postobligatorias (bachillerato), que hasta ahora no estaban contempladas. Estos nuevos conciertos durarán cuatro años, y además se permitirá que un concierto con un mismo titular pueda servir para varios centros.
La nueva normativa incluye un polémico artículo que blinda los conciertos con centros educativos que segregan por sexo.
Para asegurarse de que no hay más reveses judiciales, en el apartado 3 del artículo 84 de la nueva ley dice que: “No constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciada por sexos, siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto (...) por la Unesco (...). En ningún caso, la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y centros correspondientes un trato menos favorable ni una desventaja a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto”.
Una de las grandes novedades de la ley es la supresión de la selectividad como existe actualmente. La prueba de acceso será determinada por las universidades. Pero la principal novedad es que los propios centros universitarios pueden establecer procedimientos de selección y evaluaciones específicas, algo que fomentará la competencia por “captar” alumnos. Cabe recordar que la comisión de expertos nombrada por el Ministerio de Educación para realizar propuestas de cara a la reforma del sistema universitario español, propone que el nuevo modelo de financiación pública de los servicios universitarios “debería poder formularse periódicamente de acuerdo con los resultados obtenidos por cada universidad”.
En cuanto a la FP, la LOMCE crea una nueva Formación Profesional Básica para alumnos de 15 a 17 años que no terminen el segundo ciclo de la ESO. Será gratuita y formará parte de la enseñanza obligatoria. La reforma “estrella” es la nueva FP Dual, que sobre el papel permite hacer prácticas y recibir formación en empresas, simultaneando trabajo y estudios. No obstante, numerosos colectivos y sindicatos coinciden en señalar que en la práctica sólo servirá para cubrir puestos de trabajo que requieren una mayor cualificación con estudiantes a cambio de sueldos que no llegarán al salario mínimo, ya que la mayoría de las PYMES no tienen capacidad para destinar personal a la formación.
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública convoca una jornada
de huelga de alumnos, padres y docentes para el próximo 24 de octubre.
Organizaciones de docentes, de padres y madres y de estudiantes de la
enseñanza pública quieren protestar contra la reforma educativa, la
subida de tasas de las matrículas universitarias y los recortes en
becas.
Se trata de la segunda huelga general educativa, incluyendo todas
las etapas de la enseñanza y sectores educativos, convocada
conjuntamente por alumnado, docentes y padres, después de la celebrada
el pasado 9 de mayo.
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