En los últimos meses, la ministra de
Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales, Ana Mato, no ha dejado de estar
presente en todas las portadas. La imputación de su exmarido, Jesús
Sepúlveda, en la trama Gürtel ha situado a la ministra en el epicentro
del debate. Y los más recientes recortes en materia de Sanidad,
considerados más ideológicos que económicos, tampoco han ayudado a
calmar los ánimos.
1. La reproducción asistida, sometida a "razones médicas"
A partir de ahora, ser mujer estéril
será requisito fundamental para el acceso a un tratamiento de
reproducción asistida. Y así lo indicó este martes la titular de Sanidad
tras el Consejo Interterritorial con los delegados autonómicos con los
que ha fijado la nueva cartera básica de servicios sanitarios. Según lo acordado,
serán los problemas médicos los que determinen si una mujer puede
acceder o no a estos servicios. Quedan fuera de la financiación pública
las mujeres sin pareja o las lesbianas que, aunque sean fértiles,
necesitan de estos tratamientos para poder ser madres.
La incorporación del requisito de
esterilidad en la cartera de servicios básicos ha provocado el rechazo
de algunas comunidades autónomas como el País Vasco, Andalucía, Asturias
y Canarias, además de diversas asociaciones de homosexuales. Según
Mariano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones en
Defensa de la Sanidad Pública, los tratamientos de reproducción asistida
tienen un coste que oscila entre los 600 y 6.000 euros por ciclo, según
la técnica. Cantidades que pueden resultar difíciles de asumir para una
persona sola.
2. La retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes sin papeles
Los inmigrantes han sido los peor
parados con los recortes del Ministerio. En septiembre del año pasado se
hacía efectiva la retirada de la tarjeta sanitaria a los 153.000
inmigrantes sin residencia legal en España. Según la normativa en vigor,
solo tendrán acceso a las urgencias, la maternidad y la atención
infantil hasta los 18 años. Cuatro comunidades autónomas -Andalucía,
País Vasco, Asturias y Canarias-han seguido atendiendo sin restricciones
a estos inmigrantes. El caso del senegalés Alpha Pam,
privado del derecho a la asistencia sanitaria y fallecido por
tuberculosis en Mallorca, se ha convertido en un símbolo de las
consecuencias que la exclusión de los inmigrantes sin papeles de la
Sanidad Pública está dejando a su paso.
3. El 'hachazo' en dependencia
Las ayudas a la dependencia también han
sido objeto del "recortazo" de Mato. Seis años después de su entrada en
vigor, el desarrollo de la Ley de Dependencia ha retrocedido muy
seriamente. Tras varios semestres de recortes sucesivos, el Gobierno
asestó el hachazo definitivo en mayo, cuando colgó en su web el Plan
Nacional de Reformas 2013 sin informar previamente por otro canal. De
este modo se reveló el compromiso adquirido con la Unión Europea de
recortar 1.108 millones de euros en dependencia. Una cantidad que es
superior a la que Administración central tiene presupuestada para este
año (1.087 millones). La Coordinadora Estatal de las Plataformas en
Defensa de la Ley de Dependencia denunció el pasado 19 de julio frente
al Ministerio de Sanidad la situación de "gravedad y agonía" que está
sufriendo el sector.
4. Mayores de 26 sin cotización
Tras la aprobación del Real Decreto
que dejaba sin asistencia sanitaria a los españoles mayores de 26 años
que no hubieran trabajado o cotizado en la Seguridad Social -el mismo
que establecía la retirada de la cobertura médica a los inmigantes sin
permiso de residencia-, Mato se apresuró a negar que el paraguas de la
Sanidad fuera a dejar de cubrir a estas personas. En aquel momento, la
ministra afirmó que "ningún español iba a dejar de tener tarjeta
sanitaria por dinero".
Sin embargo, esta reforma sanitaria es
clara. Solo tendrán derecho a cobertura médica a cargo del Sistema
Público de Salud los llamados "asegurados": trabajadores, pensionistas,
desempleados con prestación o que ya la hayan agotado y se encuentren en
búsqueda activa de empleo. El resto, siempre mayores de 26 años,
"podrán ostentar la condición de asegurado siempre que acrediten que no
superan el límite de ingresos determinado reglamentariamente". Este
techo se fijó dos meses después en 100.000 euros anuales.
5. Las píldoras anticonceptivas más modernas, sin financiación
El próximo 1 de agosto es la fecha
marcada por el Gobierno para dejar de financiar ocho píldoras
anticonceptivas de tercera generación que estaban incorporadas en el
paraguas de la financiación pública de 2011. Los anticonceptivos
hormonales más modernos -como Dretine, Drosure, Drosiane, Liofora o
Yira, cuyo precio oscila los 10 euros al mes- pasarán a ser de pago
íntegro para el millón de mujeres que los utilizan en España. Tras el
anuncio de esta determinación a prinicipios de julio, el Ministerio de
Sanidad aludió a una necesaria "optimización de recursos" para acallar
las voces que relacionaban esta decisión con motivos ideológicos.
6. Las políticas de igualdad no se salvan del 'recortazo'
La tijera del Gobierno tampoco ha tenido
piedad con la igualdad y las víctimas de la violencia de género. Las
políticas de igualdad han reducido en este año un 24% su prespuesto y
los recursos para combatir la violencia machista han disminuido un 7%. A
este tajo hay que sumar otro 22% en 2012, además de los recortes que
muchas comunidades autónomas están aplicando a este tipo de servicios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario