La actual Ley Orgánica de Educación (LOE) tiene fuertes rasgos confesionales, porque:
1-Mantiene la religión dentro del horario lectivo;
2-Considera
como personal laboral (con mayor rango que los interinos) a las personas
que, designadas por los obispados u otras confesiones, imparten
religión y hacen proselitismo y propaganda de su moral religiosa en los
centros escolares;
3-Considera
como “Servicio Público” a la “enseñanza privada dogmática católica”
financiándola -al cien por cien- con fondos públicos y
4-Permite la simbología católica en centros de Enseñanza.
Con este panorama
“confesional” del actual Sistema Educativo, como consecuencia de que
después de 35 años de democracia formal, se mantienen vigentes los “Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979”
(de presunta inconstitucionalidad y fuera del marco de la Convención de
Viena de 1969), junto a diversos Convenios de cooperación firmados por
el Estado español con otras confesiones religiosas de “notorio arraigo”:
musulmanes, evangélicos, judíos, etc.
…El pasado viernes 17 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que propone la modificación parcial de la actual LOE, intentando dar un paso más allá y situar al Sistema Educativo español en la órbita del “neo-nacionalcatolicismo”, cuya finalidad es el establecer
la segregación del alumnado por cuestiones de creencias y conciencia,
de sexo, económicas y de clase social, geográficas, culturales, étnicas y
de capacidad funcional e intelectual.
Esta propuesta que hace el Partido Popular, sin tener en cuenta las recomendaciones del Consejo de Estado
y enfrentándose a la inmensa de las fuerzas políticas y sociales de
todo el Estado y a la comunidad educativa, por múltiples y variadas
cuestiones. En nuestra opinión, atenta, gravemente, el “Derecho a la libertad de conciencia” y a la “Igualdad de todos ante la ley”, vulnerando, además, principios constitucionales, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de diversas Convenciones de la Infancia, ratificadas por el Estado español. Además de no tener en cuenta algunas sentencias del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, de estos últimos años.
Con este panorama es
imposible que se pueda producir un debate sereno y democrático, en el
Parlamento de España, ante una cuestión tan importante como es el
Sistema Educativo. Y muchos menos albergar la esperanza de un Pacto
mayoritario con los representantes de la sociedad española.
A modo de información
trasladamos nuestra opinión sobre los fundamentos o ejes que la LOMCE
trata de introducir, desde una perspectiva confesional y por ello en
contra del Derecho a la Libertad de Conciencia y a la Equidad.
- Impulsa el adoctrinamiento nacional-católico y neoliberal.
- Potencia el negocio económico y adoctrinador religioso en la Enseñanza
- Implanta la religión y una alternativa evaluables a efectos académicos
- Debilita la Participación democrática de la Comunidad Educativa. Con ello se propicia que las personas que imparten religión puedan ser designadas para la dirección de los centros por parte de la administración educativa.
- Socava el desarrollo y el aprendizaje de valores éticos universales
- Trata de legitimar la segregación por sexo
1. La religión, en sus formas confesionales, debe salir del currículo y del ámbito escolar,
con el fin de respetar los derechos de toda la comunidad educativa, sin
discriminación ni privilegio, evitando todo tipo de segregación por
razones de ideas o creencias.
*
En todo caso, como ratificó el propio Tribunal Supremo en sentencia de
enero de 1997, el presunto derecho de algunos a recibir enseñanza
religiosa, no puede derivar en deberes o materias “alternativas” y
evaluables para quienes no la solicitan.
2. Para respetar la neutralidad del espacio público y común, no debe admitirse la presencia institucional de simbologías religiosas o de ideologías particulares, que pertenecen al ámbito de lo personal.
3. El dinero público, que obviamente ha de ser destinado a sostener el Sistema Público de Educación, en modo alguno debe financiar el adoctrinamiento religioso en ningún centro escolar ni forma alguna de segregación por razones ideológicas, sociales o de sexo.
4. El dinero público ha de destinarse, prioritariamente, a la financiación de la Enseñanza de titularidad Pública.
El Estado no está obligado a financiar la Enseñanza privada, y más
cuando hay enormes recortes económicos. El Estado está obligado a hacer
crecer, de forma suficiente a las necesidades de la población y de los
territorios, a la escuela pública, como eje sustancial y prioritario del Sistema Educativo.
*El Estado no está obligado a financiar la enseñanza privada.
La Audiencia Nacional consideró en una sentencia de 1984, que "el
derecho constitucional a la libertad de enseñanza y a la libre elección
de centro docente no comporta una correlativa obligación estatal de
financiar centros privados". “La protección de los derechos y libertades
constitucionales de los ciudadanos no da derecho a éstos para reclamar
"subvenciones o prestaciones del Estado" para que garantice y haga
efectivos tales derechos y libertades”. Esta atinada sentencia no fue
tenida en cuenta por los diferentes gobiernos de la democracia, cuando
se estableció primero el régimen de conciertos y posteriormente con la
LOE, del PSOE (Artículo 108,4), nada más y nada menos, que se
considerara como Servicio Público de Enseñanza la privada concertada,
muy mayoritariamente “dogmática católica”. Cuestión que es totalmente
rechazable.
5. Desde estos presupuestos, situados en el mero terreno de la democracia, exigimos la retirada del proyecto de LOMCE que modifica algunos apartados de la LOE y que lejos de rectificar el déficit democrático y el carácter privatizador de anteriores leyes educativas, extiende, entre otros elementos regresivos, aun una mayor injerencia de las confesiones religiosas (en particular de la iglesia católica) en el terreno público y común del Sistema Educativo.
6. A partir de ahí, también promovemos que de la LOE (vigente) desaparezcan los aspectos confesionales, como son: la
permanencia de la religión en el horario lectivo y la consideración
como “servicio público” de los “centros privados concertados” (de los cuales un 80% son dogmáticos católicos)
No basta con la retirada del proyecto de LOMCE, puesto que la actual ley educativa (LOE) tampoco satisface las demandas democráticas y laicas más elementales. Es preciso abrir una discusión
para elaborar una Ley de Educación fundada en los principios
democráticos que deben informar a una Escuela pública y laica, universal
y enteramente gratuita.
7. En consecuencia, deben ser denunciados y derogados
los Acuerdos con la Santa Sede firmados en 1979, como continuación del
Concordato de 1953 y en clara contradicción con los principios
democráticos y de separación entre el Estado y la religión.
***
Y, por último, desde Europa Laica, llamamos la atención de todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas que defienden la Escuela Pública lo hagan: Por una escuela pública y, también, laica, exigiendo que la religión esté fuera de la escuela, en estos momentos es más trascendental que nunca.
Exigiendo:
- La derogación de los Acuerdos con la Santa Sede.
- Que la religión deje de formar parte del currículo y del horario lectivo, saliendo de la Escuela.
- Que ninguna simbología religiosa tenga presencia institucional en los centros escolares.
- Que no se financie con dinero público el adoctrinamiento religioso en ningún centro escolar, ni la segregación por razón de sexo o de otra naturaleza ideológica o social.
- Que en el ámbito escolar se impida cualquier tipo de segregación por razones ideológicas, sociales o de sexo.
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