ALMENDRALEJO
a 20 de MAYO DE 2013
¡¡POR UNA
EDUCACIÓN PÚBLICA Y LAÍCA!!
Desde la ASOCIACIÓN EN DEFENSA DE LO PÚBLICO expresamos nuestro
más absoluto rechazo a la aprobación por
el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la
Calidad Educativa, la séptima ley educativa en 37 años de democracia.
A continuación expresamos algunas de los aspectos más
significativos por los que no aceptamos este anteproyecto de ley:
Porque la LOMCE se está elaborando por el gobierno del PP al margen de la Comunidad Educativa
y de la sociedad en general.
Porque a partir del curso 2013/2014, la asignatura de Religión
contará igual que Matemáticas. Será una materia más y computará para la media igual que lo hará
su alternativa. Con esta decisión, el sistema educativo español regresa al
modelo franquista, vigente hasta la aprobación de la LOGSE en los noventa, y la
Conferencia Episcopal se apunta uno de los tantos que llevaba tiempo
reclamando.
Porque para salvar las objeciones a la ley procedentes del Consejo
de Estado, el gobierno establece una artimaña escurridiza y es que los alumnos
podrán cursar simultáneamente Religión confesional y una alternativa de
formación en valores que en la educación primaria se llamará, Valores Sociales
y Culturales y en la educación secundaria se llamará Valores Éticos. Ambas
materias pueden sustituir a cualquiera de las materias optativas que pueda
elegir el alumno/a. Por otro lado, desaparece la Educación para la Ciudadanía,
creada en la reforma de 2006.
Porque tanto la asignatura de religión como su alternativa serán
evaluables y la nota contará para la
media del curso "a todos los efectos", ya sea para pasar de curso,
para optar a una beca o para calcular el resultado de las pruebas externas de
evaluación, por tanto se valorará exactamente igual que "como el resto de
las asignaturas". De esta manera, el Ministro de Educación satisface
plenamente los deseos de los dirigentes de la Iglesia Católica. Para encontrar
un tratamiento académico equivalente, hay que retroceder hasta la ley general
de Educación, promulgada en 1970 durante la dictadura franquista.
Porque la ley permite la concesión de subvenciones a los colegios
privados que discriminan a sus alumnos por razón de sexo. De este modo, las
administraciones podrán concertar la financiación de centros que eduquen
separadamente por sexos. Todo ello a pesar de que existen dos sentencias del
Tribunal Supremo que niegan la posibilidad de que los colegios que segregan por
sexo reciban subvenciones.
Porque esta Ley introduce las reválidas que serán diseñadas por el
Ministerio de Educación y serán realizadas
al final de las etapas educativas de Primaria, ESO y Bachillerato; estas
pruebas deberán de ser aprobadas por el alumnado para la obtención del título
de graduado en ESO y del título de Bachillerato; además, habrá una prueba en 3º
de Primaria para la detección precoz de problemas de aprendizaje en los
alumnos. El título de bachillera facultará para acceder a la educación
superior, aunque las universidades pueden establecer pruebas para el acceso a
las mismas.
Porque las Evaluaciones de Diagnóstico se utilizarán para elaborar
rankings de centros educativos y conducirán sin duda a aumentar la competencia
entre los centros. Las evaluaciones de diagnósticos estaban programadas para
valorar las necesidades académicas de los centros y de los estudiantes y a
partir de ahí, tomar medidas para corregir las deficiencias y mejorar la
calidad de la enseñanza. Ahora, este gobierno utilizará los recortes y la
publicidad de los rankings de centros como un medio para programar el desvío de
alumnos a los centros privados y la privatización de la enseñanza pública. Los
continuos recortes que se están aplicando a la educación pública repercutirán
negativamente en los resultados académicos de los centros públicos.
Porque adelanta a 3º de la ESO la decisión de decidir por dos
vías, la que conduce a la FP o al Bachillerato, que estarán ya completamente
diferenciadas en 4º de la ESO. Esta medida, al igual que las reválidas, se
establece para apartar cuanto antes del Sistema Educativo a los hijos de las
familias trabajadoras. La decisión de decidirse por la FP o por el Bachillerato
a tan temprana edad provocará que los hijos de las familias trabajadoras, y más
en el contexto de crisis en el que nos encontramos, se decidan por la Formación
Profesional, buscando cuanto antes la posibilidad de conseguir ingresos para la
unidad familiar.
Porque se deteriora la participación de la Comunidad Educativa y el carácter democrático de los órganos de
control y gobierno de los centros educativos. La Administración designara a los Directores de los centros educativos. Y en esta lógica, los Directores de los centros
públicos ganan importancia en detrimento de los Consejos Escolares que quedan
como órganos meramente consultivos, sin relevancia alguna en la vida de los
centros. Por otro lado, se concede a los Directores la facultad de fijar
requisitos y méritos para decidir algunos de los puestos de funcionarios
docentes y de interinos, y en ciertos casos, se les da competencia para proceder
a la contratación de de profesores especialistas.
Desde la ASOCIACIÓN en Defensa de lo Público hemos participado y seguiremos participando
activamente en contra de la aprobación de esta ley, apoyando las movilizaciones de la
Plataforma Estatal en Defensa de la Educación Pública, difundiendo a toda la
comunidad educativa los aspectos reaccionarios y conservadores que introduce la
mencionada normativa al imponer un modelo educativo acorde con una época ya
superada, en la que el nacional-catolicismo era el centro político e ideológico
en torno al que giraba la educación en este país.
Así, en los próximos días realizaremos una convocatoria pública dirigida a todos los Padres y Madres, Profesores y Alumnos,
con día, lugar y hora, para seguir
trabajando e impulsando con los colectivos sociales y particulares interesados
nuestra oposición a la LOMCE.
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