Una explicación generalizada del hecho
de que el Banco Central Europeo (BCE) no ayude directamente a los
Estados (comprándoles bonos públicos, por ejemplo, para reducir los
intereses de su deuda) es que el Banco Central tiene prohibido hacerlo.
La lectura del Tratado que estableció las funciones de las distintas
instituciones de la Unión Europea (‘The Treaty of the Functioning of the
European Union’), sin embargo, no permite tal interpretación del porque
el BCE no ayuda a los Estados. En realidad, tal Tratado así lo permite.
Los artículos 3 y 127 de tal Tratado indican explícitamente que,
siempre y cuando se cumpla con el objetivo de garantizar la estabilidad
de los precios (por debajo del 2% del incremento promedio anual) el BCE
tiene la obligación de contribuir a las políticas económicas de la Unión
Europea, incluyendo el crecimiento económico, el pleno empleo, la
cohesión social y territorial y la solidaridad entre los Estados
miembros. El mandato no puede ser más claro.
Tal mandato, sin embargo, ha estado
olvidado. Ni el anterior Presidente del BCE, el señor Trichet, ni el
actual, el señor Draghi, han dado mucha importancia a este mandato, al
revés, por cierto, de la postura adoptada por el gobernador del Banco
Central Estadounidense, el Federal Reserve Board (FRB), el señor Ben S.
Bernanke, el cual ha enfatizado que un objetivo central de tal Banco es
estimular la economía y reducir el desempleo, declaración que sería
impensable que hubieran hecho los Presidentes del BCE, fueran éstos los
anteriores, o fuera el actual. En realidad, el FRB ha publicado una
serie de gráficos que son enormemente ilustrativos. Ha analizado desde
1948 la evolución del déficit federal y la tasa de desempleo en EEUU,
mostrando que han seguido una evolución paralela. A menor desempleo,
menor déficit del Estado federal. Durante todos estos años, y durante
todos los ciclos económicos, los gráficos muestran que, cuando el
desempleo baja, el déficit público (como porcentaje del PIB) baja. Y
cuando el desempleo sube, el déficit público aumenta. De ahí que el FRB
indique que para la reducción del déficit público es esencial que se
cree empleo. Como resultado de ello, se están recuperando las políticas
para alcanzar el pleno empleo que las administraciones federales
anteriores habían aparcado. La evidencia científica acumulada en la
literatura económica muestra claramente que la mejor manera de reducir
el déficit público es alcanzar el pleno empleo.
Se ha iniciado así todo un debate en
EEUU que, en cierta manera, se asemeja a los debates que ocurrieron a
principios del siglo XX, y que generaron el establecimiento del New
Deal, el programa económico-social desarrollado por la Administración
Roosevelt, que terminó con la Gran Depresión. Y lo que es importante
subrayar es que el debate se centra, no sólo en estimular la economía,
sino en ‘cómo estimularla’. En este debate de ahora, el estímulo
económico se ve como un objetivo para alcanzar el pleno empleo. Se
considera que no es suficiente con estimular la economía. Ésta puede ir
creciendo sin crear empleo, lo cual no resuelve el problema mayor, que
es la falta de empleo. De ahí que muchos autores concluyan que las
propuestas de reducir impuestos, como medida de estímulo de la economía,
no resolverán el problema. Es mejor aumentar los impuestos (sin
necesariamente afectar a los impuestos de la gran mayoría de la
población) y con los fondos públicos así obtenidos, facilitar la
creación de empleo a partir de intervenciones e inversiones públicas.
En un periodo en que la producción
de empleo en el sector privado es insuficiente, se necesita que el
sector público cree empleo, bien directamente, bien indirectamente. Tal
empleo debe financiarse mediante el aumento de los ingresos al Estado,
cuyo descenso ha sido causado, en parte, por las excesivas ventajas
fiscales y fraude fiscal de las rentas más superiores, que son las que
se han beneficiado más de las políticas fiscales regresivas que se han
ido desarrollando durante los años que precedieron la crisis, antes de
que la crisis se iniciara. Según el FRB, si las rentas del capital se
gravaran al mismo nivel que las rentas del trabajo, los ingresos al
Estado federal de EEUU aumentarían un 8%
TAMPOCO ES CIERTO QUE EL BCE NO PODRÍA PEDIR PRESTADO DINERO A LOS ESTADOS
Si bien es cierto que el Banco Central
Europeo no está autorizado a prestar a los Estados miembros, sí que
puede prestarlo a los organismos públicos de crédito (tal como señala el
artículo 21.3 del Estatuto del Sistema Europeo de Bancos Centrales). El
BCE podría prestar al 0,01% a cualquier banco público del Estado
nacional y/o agencia pública de crédito (el ICO, por ejemplo) que
podrían a su vez prestar al propio Estado dinero al 0,02%. Esto tendría
un enorme impacto en las cuentas del Estado español y de sus CCAA. Así,
el colectivo llamado ‘Roosevelt 2012’ (en honor a la política crediticia
pública del Presidente Roosevelt) ha mostrado que el Estado español se
habría ahorrado 26.000 millones de euros al año, dinero suficiente
–según tal colectivo- para crear un millón de puestos de trabajo. Tal
colectivo, basado en Aragón, también ha mostrado que tal medida habría
ahorrado a la Comunidad Autónoma de Aragón 982 millones de euros, cifra a
la que llegan descontando de los 1.232 millones de euros que tal CCAA
ha pagado en intereses de su deuda (desde el año 2002), el dinero que se
hubiera pagado en intereses a la banca o agencia de crédito público,
cuyos intereses habrían sido el 1% (en realidad los intereses del BCE
son del 0,75%).
El BCE podría (y debería) haberles
prestado este dinero a estos intereses. En realidad, el BCE es, en
teoría, un Banco público, en el cual el Estado español tiene el 8% de su
capital. Si tal BCE hubiera prestado a los bancos públicos al 1%, éstos
podrían haberlo prestado al mismo interés, tanto al Estado como a las
familias y empresarios, permitiendo un enorme ahorro, pues ahora pagan
un promedio del 6% asegurando así los beneficios de la comunidad
bancaria privada. ¿Por qué el Estado español (central y autonómico) no
lo hace?
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