http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/29/actualidad/1354217177_144892.html
Los recortes se notan directamente en la afiliación a la Seguridad Social. En noviembre, el instituto público ha visto cómo unas 145.000 cuidadoras de dependientes, el 85% de las que cotizaban, desaparecían de sus registros, según los datos a los que ha tenido acceso este diario. Estas cuidadoras reciben una ayuda por atender a sus familiares dependientes o discapacitados, pero hasta ahora el Gobierno se encargaba, además, de cotizar por ellas a la Seguridad Social. Ya no.
Desde que en 2007 entró en vigor la Ley de Dependencia, el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales se hacía cargo teóricamente de la cotización de las cuidadoras familiares (un 92% son mujeres). El Gobierno se libró de esta obligación con los recortes de verano y dictó que si alguien quería seguir cotizando tenía de plazo hasta el 1 de noviembre para comunicarlo; de no hacerlo dejaría de cotizar, retroactivamente, desde el 1 de septiembre. La caída de cotizantes de este colectivo se veía venir.
No obstante, en los más de cinco años que ha estado en vigor esta medida, Sanidad no ha pagado un euro por ello, a pesar de que para la Seguridad Social suponía unos 300 millones al año. La consecuencia es que Sanidad debe al instituto que dirige Tomás Burgos algo más de 1.000 millones que desembolsará en 2013.
Los recortes se notan directamente en la afiliación a la Seguridad Social. En noviembre, el instituto público ha visto cómo unas 145.000 cuidadoras de dependientes, el 85% de las que cotizaban, desaparecían de sus registros, según los datos a los que ha tenido acceso este diario. Estas cuidadoras reciben una ayuda por atender a sus familiares dependientes o discapacitados, pero hasta ahora el Gobierno se encargaba, además, de cotizar por ellas a la Seguridad Social. Ya no.
Desde que en 2007 entró en vigor la Ley de Dependencia, el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales se hacía cargo teóricamente de la cotización de las cuidadoras familiares (un 92% son mujeres). El Gobierno se libró de esta obligación con los recortes de verano y dictó que si alguien quería seguir cotizando tenía de plazo hasta el 1 de noviembre para comunicarlo; de no hacerlo dejaría de cotizar, retroactivamente, desde el 1 de septiembre. La caída de cotizantes de este colectivo se veía venir.
No obstante, en los más de cinco años que ha estado en vigor esta medida, Sanidad no ha pagado un euro por ello, a pesar de que para la Seguridad Social suponía unos 300 millones al año. La consecuencia es que Sanidad debe al instituto que dirige Tomás Burgos algo más de 1.000 millones que desembolsará en 2013.