POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA
LAICA, GRATUITA, DEMOCRÁTICA Y DE CALIDAD
La educación y la formación de los ciudadanos y de las ciudadanas son
factores estratégicos para avanzar hacia una sociedad más igualitaria, más
solidaria, más justa, más cohesionada y más competente.
La educación es una herramienta esencial en la formación de las personas,
tanto para ejercer la ciudadanía como para desarrollar una actividad laboral. El
Sistema Educativo puede y debe contribuir a las transformaciones necesarias
para avanzar hacia una organización social más sostenible.
Las administraciones públicas tienen la responsabilidad y la obligación de
vertebrar un sistema educativo público que sea garante, para el conjunto de la
ciudadanía, del derecho universal efectivo a la educación en condiciones de
igualdad y de calidad, y que compense las diferencias individuales y colectivas.
No compartimos los análisis catastrofistas que los sectores más conservadores
de la sociedad, con el apoyo de algunos medios de comunicación, hacen sobre
el rendimiento académico del alumnado y la convivencia escolar y sobre la
supuesta mala salud de nuestro sistema público de enseñanza. Tampoco
podemos justificar que la situación económica provocada por sectores
económicos y financieros pueda servir de pretexto para justificar las medidas
de ajustes y recortes que han afectado de manera general a los servicios
públicos, pero muy especialmente, de forma dramática, al sistema educativo
público.
Las medidas adoptadas en el último año por el Gobierno Central y el Gobierno
de Extremadura en su conjunto conforman un ataque sin precedentes a la
educación pública y a la igualdad de oportunidades. Si las reducciones
presupuestarias más los recortes introducidos en las partidas destinadas a la
educación pública continúan al ritmo actual, traducidas en disminuciones
drásticas de plantillas, empeoramiento de las condiciones de trabajo,
deficiencias en la escolarización del alumnado y recortes en los servicios
complementarios, supondrán directamente un fuerte deterioro de la calidad de
la educación.
A estas circunstancias hay que añadir el progresivo deterioro de la situación
laboral, económica y social de las familias, que, a su vez serán golpeadas por
el encarecimiento del material escolar, la falta de ayudas a las zonas rurales y
el trasvase de recursos de la enseñanza pública a la privada. En definitiva la
dirección de las políticas educativas está orientada a un cambio de modelo
educativo público que estaba mostrando indudables avances en la etapa
democrática hacia un modelo mercantilista y elitista cuyas consecuencias son
de sobra conocidas en nuestra región.
La convergencia con los países más avanzados en educación en los índices de
fracaso y abandono escolar prematuros, equidad educativa, de potenciación de
la formación profesional y de la cualificación científico tecnológica de los
colectivos sociales más necesitados se hará prácticamente imposible. En
definitiva, muy posiblemente la situación de la educación en nuestra comunidad
se retrotraerá varias décadas.
