LAS NUEVAS TASAS JUDICIALES

La ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LO PÚBLICO está integrada en “La CUMBRE SOCIAL DE LA ZONA DE TIERRA DE BARROS”
Con la ley DE TASAS JUDICIALES que se publica en el BOE de 21 de noviembre, la Justicia no sólo deja de ser gratuita para las personas físicas, sino que además por la cuantía de las tasas establecidas se convertirá de hecho en un servicio inaccesible. Jueces, fiscales, abogados, sindicatos y consumidores se oponen rotundamente a esta ”ley” que ha impuesto el ministro y que acaba con el concepto de justicia para todos, ahora sólo habrá Justicia para quien se la pueda pagar.
Hasta ahora, las tasas se aplicaban a las empresas cuyos negocios superasen los ocho millones de euros, sobre todo entidades financieras y compañías de seguros. Desde la entrada en vigor de la nueva ley  pagarán las tasas judiciales todas las personas físicas excepto las que tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, aquellas en las que la unidad familiar ten unos ingresos inferiores a 14.910 euros.

Con estas nuevas tasas la justicia será accesible sólo para los ricos. Así, en el caso de que alguien en un proceso de divorcio quiera hacer un recurso de apelación por que esté disconforme con las visitas a sus hijos o la pensión alimenticia acordada en el proceso judicial, tendrá que pagar al Estado 800 euros para poner en marcha el mencionado recurso. Si quiere recurrir una multa de tráfico, un mínimo de 200 euros. Y si es un trabajador que disconforme con una sentencia quiere interponer un recurso de suplicación, 500 euros.

Una vez más, con la justificación de la crisis se produce un desmantelamiento y eliminación de los servicios públicos del Estado del Bienestar conquistados por la ciudadanía a lo largo de más de 35 años. El argumento del Gobierno es que la Justicia está saturada y es necesario disuadir a la población del acceso a los tribunales. Olvida que si los juzgados están saturados es por la sencilla razón de que España está a la cola de Europa en el número de jueces por 100.000 habitantes, y que con su reforma únicamente va a disuadir a los ciudadanos corrientes pero no a las grandes empresas (bancos, aseguradoras…) que son las que colapsan los juzgados y que además a diferencia de los ciudadanos pueden desgravarlas.