Con la ley DE TASAS JUDICIALES que se publica en el BOE de 21 de noviembre, se organiza una justicia para ricos y otra para pobres. La Justicia no sólo deja de ser gratuita para las personas físicas, sino que además por la cuantía de las tasas establecidas será un servicio inaccesible. Jueces, fiscales, abogados, sindicatos y consumidores se oponen rotundamente a esta ”ley” que ha impuesto el ministro y que acaba con el concepto de justicia para todos, ahora sólo habrá Justicia para quien se la pueda pagar.
Hasta ahora, las tasas se aplicaban a las empresas cuyos negocios superasen los ocho millones de euros, sobre todo entidades financieras y compañías de seguros. Con la nueva ley pagarán las tasas judiciales todas las personas físicas excepto las que tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, aquellas en las que la unidad familiar tenga unos ingresos inferiores a 14.910 euros.
En el caso de que alguien en un proceso de divorcio quiera hacer un recurso de apelación por que esté disconforme con las visitas a sus hijos o la pensión alimenticia acordada en el proceso judicial, tendrá que pagar al Estado 800 euros para poner en marcha el mencionado recurso. Si quiere recurrir una multa de tráfico, un mínimo de 200 euros. Y si es un trabajador que disconforme con una sentencia quiere interponer un recurso de suplicación, 500 euros.
Una vez más, con
la justificación de la crisis se produce un desmantelamiento y eliminación de
los servicios públicos del Estado del Bienestar conquistados por la ciudadanía
a lo largo de más de 35 años. El argumento del Gobierno es que la Justicia es necesario disuadir a la población del acceso a los tribunales. Los servicios judiciales están así es por la sencilla razón de que España dedica a este servicio público mucho menos que el resto de los países europeos del mismo nivel de riqueza.
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