El
anuncio del presidente de la Junta, José Antonio Monago, de abonar la
paga extra suprimida a los funcionarios en el mes de enero ha creado una
gran confusión a nivel regional y nacional e incluso entre los propios
afectados. Tanto, que el consejero de Economía y Hacienda, Antonio
Fernández, tuvo que aclarar ayer que los 50.000 empleados públicos
extremeños no cobrarán tres pagas extraordinarias en el año 2013, sino
que lo que hará la Junta para 'burlar' el decreto del Gobierno central,
como ayer informó este diario, es adelantar la paga de junio del próximo
año a enero y la de diciembre al verano. Además, para poder percibir
dos extras anuales se seguirán cobrando por adelantado hasta que la
economía mejore y se levante la suspensión del Ejecutivo, que según las
previsiones de la Junta podría ser en el 2014. A partir de entonces, sí
habría un año con tres pagas extras para los funcionarios, que se verían
así compensados por la que se pierde ahora.
Pese a que la Junta insistió ayer en que con este mecanismo Extremadura cumple con la legislación del Gobierno, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santa María, ha avisado a la región de que la obligación de todas las administraciones públicas es no pagar la extra de Navidad este año, a riesgo de terminar en el Tribunal Constitucional. "Ya hay autonomías en España que lo han hecho. Navarra lo ha hecho, y si Navarra lo ha hecho, Extremadura también puede hacerlo", reiteró Antonio Fernández. Ya por la tarde, fue el propio presidente, José Antonio Monago, el que reafirmó que Extremadura "cumplirá escrupulosamente" con la norma del Estado.
La decisión de abonar a los funcionarios una paga extra en enero fue tomada tras el fallo favorable del Tribunal Constitucional al impuesto bancario que la Asamblea aprobó en el año 2001 y que recurrió el expresidente José María Aznar, que aportará 240 millones a las arcas públicas. Al dar cuenta de la noticia, Monago indicó el pasado jueves que 80 de esos 240 millones se iban a dedicar a "restablecer" la paga extra suspendida de los funcionarios, lo que ha creado falsas expectativas entre los empleados públicos al pensar que en diciembre iban a cobrar tres pagas: la anunciada de enero, la de junio y la de diciembre.
El mecanismo sin embargo, es adelantar los pagos y compensar ese tercero "cuando la economía mejore". Por ello, grupos como la Asociación de Docentes de la Enseñanza Concertada (Adecex) mostraron ayer su malestar. También desde el PSOE, Guillermo Fernández Vara pidió explicaciones a Monago y criticó que también de esta forma, los empleados públicos están perdiendo un derecho. "Si no está mal. Los funcionarios no recuperan el derecho pero sí la capacidad de compra en una época del año en la que es muy necesaria. No estoy en contra del fondo, pero sí de las formas porque se engaña", declaró Vara según la agencia Europa Press.
Pese a todo, la idea de la Junta ha inspirado a otras administraciones como la Diputación de Badajoz, que ayer propuso anticipos reintegrables a sus empleados como alternativa a la extra. Tendrían una cuantía máxima equivalente a esta que devolverían a lo largo del 2013 en descuentos en las nóminas según se acuerde y estipule con los trabajadores que lo soliciten.
Pese a que la Junta insistió ayer en que con este mecanismo Extremadura cumple con la legislación del Gobierno, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santa María, ha avisado a la región de que la obligación de todas las administraciones públicas es no pagar la extra de Navidad este año, a riesgo de terminar en el Tribunal Constitucional. "Ya hay autonomías en España que lo han hecho. Navarra lo ha hecho, y si Navarra lo ha hecho, Extremadura también puede hacerlo", reiteró Antonio Fernández. Ya por la tarde, fue el propio presidente, José Antonio Monago, el que reafirmó que Extremadura "cumplirá escrupulosamente" con la norma del Estado.
La decisión de abonar a los funcionarios una paga extra en enero fue tomada tras el fallo favorable del Tribunal Constitucional al impuesto bancario que la Asamblea aprobó en el año 2001 y que recurrió el expresidente José María Aznar, que aportará 240 millones a las arcas públicas. Al dar cuenta de la noticia, Monago indicó el pasado jueves que 80 de esos 240 millones se iban a dedicar a "restablecer" la paga extra suspendida de los funcionarios, lo que ha creado falsas expectativas entre los empleados públicos al pensar que en diciembre iban a cobrar tres pagas: la anunciada de enero, la de junio y la de diciembre.
El mecanismo sin embargo, es adelantar los pagos y compensar ese tercero "cuando la economía mejore". Por ello, grupos como la Asociación de Docentes de la Enseñanza Concertada (Adecex) mostraron ayer su malestar. También desde el PSOE, Guillermo Fernández Vara pidió explicaciones a Monago y criticó que también de esta forma, los empleados públicos están perdiendo un derecho. "Si no está mal. Los funcionarios no recuperan el derecho pero sí la capacidad de compra en una época del año en la que es muy necesaria. No estoy en contra del fondo, pero sí de las formas porque se engaña", declaró Vara según la agencia Europa Press.
Pese a todo, la idea de la Junta ha inspirado a otras administraciones como la Diputación de Badajoz, que ayer propuso anticipos reintegrables a sus empleados como alternativa a la extra. Tendrían una cuantía máxima equivalente a esta que devolverían a lo largo del 2013 en descuentos en las nóminas según se acuerde y estipule con los trabajadores que lo soliciten.
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