La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Rodríguez, ha
presentado hoy una ofensiva de once iniciativas parlamentarias contra la
Ley de tasas judiciales, para su debate en seis comisiones diferentes,
con el objetivo de “denunciar e intentar frenar la aplicación de esta
ley”. En ellas se exige, en primer lugar, que se exima de su aplicación a
todas las personas físicas, y en segundo lugar, a través de las
distintas iniciativas, que se supriman las tasas en determinados
supuestos de especial trascendencia y cuando afecten a colectivos de
“especial vulnerabilidad”. Además, el PSOE pide que “se adopten
urgentemente las medidas necesarias para garantizar que nadie vea
limitado su derecho de acceso a la justicia por no poder hacer frente al
pago de la tasa judicial”.
Así, en esta batería de iniciativas el Grupo Socialista insta al
Gobierno a la supresión de la aplicación de tasas judiciales en
determinados supuestos, tales como en el caso de los procesos de
separación y divorcio, dado que sin tener en cuenta la liquidación de
gananciales, la tasa asciende entre demanda y recurso a 1.280 euros.
Otro de los supuestos en el que se insta a retirar las tasas es, por
ejemplo, el relativo a la demanda a una constructora por compra de un
piso que no se ha construido, caso en el que hay que presentar 4000
euros de tasa, ha señalado Rodríguez.
También se pide dicha supresión cuando se recurran sanciones
derivadas de tráfico y circulación, a las víctimas de siniestros de
tráfico y sus familiares que reclamen indemnizaciones derivadas de estos
siniestros, en los procesos sobre reclamaciones a entidades de crédito y
de seguros en los que ha habido “estafa” o en los casos de preferentes,
a los ciudadanos en los procesos en el ámbito del consumo, y en las
reclamaciones de responsabilidad civil por daños personales y, en
concreto, por negligencias médicas.
Igualmente, se solicita que no se apliquen a personas víctimas de
violencia de género en demandas relacionadas con divorcio, nulidad o
separación, a las personas en situación de dependencia, a los
trabajadores en el orden social, a las personas inmigrantes en relación
con los recursos que interpongan contra los actos administrativos de
denegación de entrada, devolución o expulsión del territorio español y
en materia de protección internacional.
En el día en que entra en vigor esta Ley, la portavoz socialista,
Soraya Rodríguez, la ha calificado como la “más injusta” que ha aprobado
el Gobierno .En declaraciones a los medios de comunicación, Soraya
Rodríguez ha subrayado que “hasta ahora Mariano Rajoy ha ido recortando
derechos de los ciudadanos en distintos ámbitos” pero ha dicho que esta
es “la peor de todas”, dado que “los derechos de los ciudadanos valen lo
que valen sus garantías y la última garantía es la jurisdiccional”.
Así, ha remarcado que si “te prohíben acceder a los tribunales para
defender tus derechos, todos tus derechos han sido recortados” y ha
remachado que, además, afecta a los derechos de “todos los ciudadanos”.
La portavoz socialista ha recordado que el PSOE ya anunció que
presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional, por tratarse de
una norma “claramente inconstitucional” que “vulnera el derecho de
tutela judicial efectiva”, “impide y obstaculiza el acceso de los
ciudadanos a la justicia para la defensa de sus derechos”, y “modula que
sólo quienes tienen recursos económicos puedan realmente acceder a la
justicia”.
Rodríguez también ha remarcado que el Grupo Socialista presentará el
próximo lunes, una enmienda a la Ley de medidas de eficiencia
presupuestaria en la Administración de Justicia que derogue esta Ley de
tasas.
La portavoz socialista ha subrayado que es una ley que “no tiene nada
que ver con la crisis económica ni con el ahorro económico, sino que es
“pura ideología de la peor ideología de la derecha”.
Todos los frentes
Soraya Rodríguez ha dicho que “esta Ley debe ser retirada por el
Gobierno” y ha criticado que para el ministro de Justicia, Alberto Ruiz
Gallardón, “la garantía de los derechos de los ciudadanos vale lo que
vale su cartera”, razón por la que el PSOE estará en “en todos los
frentes”, tanto el judicial con el recurso ante el TC; en el
parlamentario con todo tipo de iniciativas, y en la calle con todos los
colectivos que están en contra de esta ley “a fin de que el Gobierno
rectifique”.
Por último, tras definir el procedimiento de esta ley como “chapuza
parlamentaria”, con incumplimiento del reglamento en plazos e
irregularidades en la constitución de la Ponencia y la Comisión,
Rodríguez ha criticado que, para “cerrar el círculo de la chapuza”, el
subsecretario de Justicia anuncie una orden -que regula el procedimiento
y los impresos en los procesos de autoliquidación de las tasas- que
según el Ministerio paraliza la Ley. “Todo el mundo sabe que una orden
no paraliza la aplicación de una ley vigente”, ha dicho, razón por que
ha pedido al Gobierno que “apruebe mañana un decreto-ley que suspenda la
aplicación de las tasas judiciales”.
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