Autor: Agencia Europa Press.Fuente: Eco Diario.
COMENTARIO: Una vez más el
confesionalismo de la Administración, convierte un acto de justicia en
un acto de caridad, en provecho de una confesión religiosa. Con esta
fórmula de cesión a una entidad religiosa se produce una confusión entre
el Estado y la religión, vulnerando así los principios de
aconfesionalidad, de neutralidad y por ende, la libertad de conciencia,
dado que el privilegio otorgado para la adjudicación de estas viviendas
-que son bienes públicos- beneficia a esa confesión religiosa. Sorprende
que dicha gestión no se realice por la Administración Pública cuando
existe un Instituo de la Vivienda de la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid ha cedido a Cáritas unas 1.000 viviendas para
acoger a familias desahuciadas, que deberán pagar un alquiler de en
torno a 200 euros, aunque podría llegar a 40 euros, a través de un
convenio de cinco años de duración, con posibilidad de ampliarse.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González; el consejero
de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Pablo Cavero, y el
director de Cáritas Madrid, Julio Beamonte, han firmado este martes el
convenio, que para el presidente regional es "muy importante" y con el
que se quiere "contribuir a dar esperanza a muchas familias madrileñas
que en estos momento de crisis lo están pasando muy mal y se están
viendo privadas de sus viviendas".
González ha indicado que la medida va destinada familias que han
sido desahuciadas no porque no quieran pagar su hipoteca, sino porque
por las circunstancias económicas en las que nos encontramos no lo están
pudiendo hacer. De esta forma "se ven privadas de la casa, del entorno
familiar", lo que supone "un drama personal y familiar" que es lo que se
están intentando paliar.
El presidente ha señalado que comprar una vivienda es una decisión
vital para muchas familias, sobre todo en España, "donde el sentimiento
de propiedad de la vivienda está muy arraigado". Asimismo, ha indicado
que el desahucio constituye un "fenómeno de desectructuración de la
propia familia, por lo que el hecho de garantizarles un sitio donde
vivir en unas condiciones dignas supone contribuir a la convivencia de
la familia, que es necesaria".
González ha recordado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ya ha
intentado "transparentar el mercado hipotecario" dentro de sus
competencias, "pero la situación actual de crisis desborda la realidad y
el fenómeno de los desahucios está muy extendido".
Así, aunque se ha manifestado partidario de "primar el derecho y la
seguridad jurídica para que todo el mundo sepa que tiene que hacer
frente a sus responsabilidades legales", ha destacado la necesidad de
poner en marcha "mecanismos que ayuden a paliar situaciones
especialmente complicadas".
Según González, la Comunidad pensó que "una de las posibles ayudas" era
la cesión, a través del IVIMA, de estas viviendas que en estos momentos
se encuentran deshabitadas, por eso inició las conversaciones con
Cáritas con el objetivo de poner en marcha esta iniciativa.
Cáritas se encargará del
acondicionamiento de esas viviendas por medio de un programa de
voluntariado, antes de ponerlas a disposición de familias "en especiales
circunstancia de dificultades económicas y que se hayan visto privadas
de otra". Se trata de viviendas entre 70 y 90 metros cuadrados que
llevan tiempo deshabitadas y en la que hay que arreglar algún
desperfecto.
La culpa, de los okupas
González ha dicho que la Comunidad podría ceder más de 1.000 viviendas
si no fuera porque "sufre" el movimiento 'okupa' y tiene "un importante
número de viviendas 'okupadas' en estos momentos". "En la medida que
tuviéramos más posibilidades lo podríamos ampliar", ha señalado.
Por su parte, en el turno de preguntas, Beamonte ha agradecido la
"sensibilidad" del Gobierno Regional, y ha apuntado que "el objetivo
fundamental de programas como éste" no es sólo garantizar una vivienda,
sino "incidir sobre la problemática real que tiene la pareja", como
consecuencia de una situación que suele partir de la pérdida de empleo.
Beamonte ha dicho que el nuevo perfil de solicitantes de ayuda se
corresponde con un varón de entre 40 y 50 años, parado de larga
duración, con problemas de desectructuración familiar, de un tipo de
familia que hasta hace poco estaban integradas en la sociedad. También
ha apuntado como un rasgo la titulación universitaria.
Por otro lado, ha hecho referencia a familia monoparentales,
normalmente mujeres con hijos y sin posibilidades de encontrar trabajo.
Por su parte, a preguntas de los periodistas, Cavero ha negado que el
IVIMA esté llevando a cabo procesos de desahucio, y ha asegurado que uno
de sus cometidos es poner a disposición de los madrileños más
viviendas, que hasta ahora no estaban disponibles por necesidad de obras
de acondicionamiento y rehabilitación.
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