MANIFIESTO EN DEFENSA DE LAS EMPLEADAS Y EMPLEADOS PÚBLICOS Y DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EXTREMADURA

Los trabajadores y trabajadoras del sector público en Extremadura, como víctimas de decisiones
erráticas de nuestros gobernantes, estamos convencidos que la crisis económica en la que España
está sumida desde hace ya varios años está siendo gestionada de manera deficiente por los sucesivos
responsables políticos.
La indudable necesidad de controlar el gasto público se está traduciendo en una política de recortes
en el número de efectivos y en la precarización de nuestras condiciones laborales, retributivas y
sociales, acompañada de una campaña de descrédito de la labor que realizamos en todos los ámbitos
de la administración.

Ante ello, las organizaciones firmantes de este manifiesto, representantes de la totalidad de los
colectivos de la función pública extremeña, manifestamos lo siguiente:
1. Las empleadas y empleados públicos son los encargados de desempeñar, en nombre del
Estado, los servicios que éste presta a la ciudadanía. De igual manera son quienes hacen realidad
las decisiones políticas y legislativas. Cuestionar el papel de estos trabajadores y trabajadoras
desacredita a los servicios públicos esenciales para la sociedad como la educación, la sanidad, la
seguridad, la atención social y la justicia, entre otros.
2. La aplicación práctica de las decisiones políticas ante la ciudadanía precisa de un personal
cualificado. Las empleadas y empleados públicos acceden a sus puestos de trabajo después de
demostrar ampliamente su cualificación y por medio de un proceso de selección establecido de
acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que exige la Constitución
Española.
3. Las empleadas y empleados públicos prestan a la sociedad extremeña un servicio insustituible
como garantes de la igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía, al llevar los servicios
esenciales a los lugares más recónditos de nuestra comunidad, donde no acudiría nunca una
empresa privada por una sencilla cuestión de rentabilidad económica.
4. La estabilidad en el puesto de trabajo, ahora cuestionada por la reforma laboral, garantiza la
independencia de estos trabajadores y trabajadoras ante la ejecución de las diversas políticas y
asegura la calidad y permanencia de las prestaciones que se ofrecen a la ciudadanía extremeña.
Estamos convencidos de que hay soluciones y vías alternativas para reducir el déficit público que
excluyen la política de recortes en la función pública: soluciones que pasan por hacer efectivos los
principios de igualdad, capacidad económica y progresividad que han de inspirar nuestro sistema
tributario (art. 31 de la Constitución), así como por la mejora sustancial del control del gasto público,
que conlleve una asignación eficaz y eficiente de los recursos públicos, sin recortar los gastos
sociales ni afectar negativamente a nuestros puestos de trabajo.
Desde ese convencimiento, y entendiendo la necesidad y urgencia de realizar ajustes económicos y la
contribución solidaria de todas las partes para sacar a nuestro país y a nuestra comunidad de la
profunda crisis económica en que se encuentra, y observando que no se extienden al recorte de otros
gastos menos justificados, ni se centran en la posibilidad de incrementar los ingresos a través de
nuestro sistema fiscal apelando a la solidaridad de las capas más favorecidas de nuestra sociedad,
proponemos:
· La adopción decidida y urgente de las medidas necesarias para afrontar una verdadera lucha
contra la economía sumergida y el fraude fiscal, incluyendo una reforma en profundidad de la
AEAT que optimice sus recursos y potencie una investigación centrada en los grupos y sectores
con mayores bolsas de fraude. Así podremos reducir la economía sumergida a los niveles de los
países europeos de nuestro entorno, lo que nos aportaría una recaudación anual adicional de
38.500 millones de euros.
· La modificación de la actual desproporción entre los tipos efectivos a los que tributan las
grandes sociedades y los que gravan a las microempresas y pymes, mediante el aumento de
cinco puntos en el nominal a los beneficios superiores al millón de euros, acercando así también
el esfuerzo fiscal de las empresas al de las familias españolas, lo que supondría 13.900 millones
adicionales.
· La implantación, en los términos aprobados en el Parlamento Europeo, de un impuesto a las
transacciones financieras, que, según la Comisión Europea, supondría una recaudación en torno a
los cinco mil millones de euros en España.
· La creación ,en el año 2013, de un impuesto sobre la riqueza que supere los defectos y cierre
las vías de elusión del actual impuesto sobre el patrimonio, temporalmente recuperado sólo para
2011 y 2012, que podría aportar 3.300 millones anuales.
· La exclusión de las ganancias patrimoniales especulativas del concepto de rentas del ahorro
en el IRPF, así como la modificación de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, para
establecer un porcentaje máximo de participación en las SICAV que no supere el 5% de su capital
máximo estatutario. Medidas que incrementarían la recaudación en 1.500 millones anuales.
Por todo ello, instamos a los gobernantes y a todas aquellas personas con relevancia mediática a
hacer recaer sus críticas sobre las verdaderas causas que han llevado a nuestro país a la situación
de déficit, paro y deuda pública en que se encuentra.
En situaciones de grave crisis, como la que vivimos, no caben las declaraciones irreflexivas sobre los
servicios que presta el Estado a través de sus empleados públicos ni sobre el rendimiento profesional
de éstos, sobre todo cuando su único objetivo es crear polémica y no aportar soluciones.
Por último, las organizaciones sindicales firmantes de este manifiesto, conscientes de que no se
puede devaluar la importancia de la función pública ni del servicio que presta al conjunto de la
ciudadanía, exigimos a todos los responsables políticos extremeños su implicación activa y una
manifestación pública de la defensa del mantenimiento y la sostenibilidad los servicios públicos en
Extremadura y del reconocimiento y la defensa de la labor de los trabajadores y trabajadoras del
sector público que hacen posible la prestación de estos servicios, asegurando la calidad de los
mismos.
MANIFIESTO APROBADO POR LA PLATAFORMA SINDICAL Y DE ASOCIACIONES PROFESIONALES DE
EMPLEADAS Y EMPLEADOS PÚBLICOS DE EXTREMADURA
(5 de septiembre de 2012)