POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA
LAICA, GRATUITA, DEMOCRÁTICA Y DE CALIDAD
La educación y la formación de los ciudadanos y de las ciudadanas son
factores estratégicos para avanzar hacia una sociedad más igualitaria, más
solidaria, más justa, más cohesionada y más competente.
La educación es una herramienta esencial en la formación de las personas,
tanto para ejercer la ciudadanía como para desarrollar una actividad laboral. El
Sistema Educativo puede y debe contribuir a las transformaciones necesarias
para avanzar hacia una organización social más sostenible.
Las administraciones públicas tienen la responsabilidad y la obligación de
vertebrar un sistema educativo público que sea garante, para el conjunto de la
ciudadanía, del derecho universal efectivo a la educación en condiciones de
igualdad y de calidad, y que compense las diferencias individuales y colectivas.
No compartimos los análisis catastrofistas que los sectores más conservadores
de la sociedad, con el apoyo de algunos medios de comunicación, hacen sobre
el rendimiento académico del alumnado y la convivencia escolar y sobre la
supuesta mala salud de nuestro sistema público de enseñanza. Tampoco
podemos justificar que la situación económica provocada por sectores
económicos y financieros pueda servir de pretexto para justificar las medidas
de ajustes y recortes que han afectado de manera general a los servicios
públicos, pero muy especialmente, de forma dramática, al sistema educativo
público.
Las medidas adoptadas en el último año por el Gobierno Central y el Gobierno
de Extremadura en su conjunto conforman un ataque sin precedentes a la
educación pública y a la igualdad de oportunidades. Si las reducciones
presupuestarias más los recortes introducidos en las partidas destinadas a la
educación pública continúan al ritmo actual, traducidas en disminuciones
drásticas de plantillas, empeoramiento de las condiciones de trabajo,
deficiencias en la escolarización del alumnado y recortes en los servicios
complementarios, supondrán directamente un fuerte deterioro de la calidad de
la educación.
A estas circunstancias hay que añadir el progresivo deterioro de la situación
laboral, económica y social de las familias, que, a su vez serán golpeadas por
el encarecimiento del material escolar, la falta de ayudas a las zonas rurales y
el trasvase de recursos de la enseñanza pública a la privada. En definitiva la
dirección de las políticas educativas está orientada a un cambio de modelo
educativo público que estaba mostrando indudables avances en la etapa
democrática hacia un modelo mercantilista y elitista cuyas consecuencias son
de sobra conocidas en nuestra región.
La convergencia con los países más avanzados en educación en los índices de
fracaso y abandono escolar prematuros, equidad educativa, de potenciación de
la formación profesional y de la cualificación científico tecnológica de los
colectivos sociales más necesitados se hará prácticamente imposible. En
definitiva, muy posiblemente la situación de la educación en nuestra comunidad
se retrotraerá varias décadas.
Las organizaciones firmantes de este
manifiesto:……….:………………………………………………………………………
……., reivindicamos un modelo educativo público, universal y gratuito. En
consecuencia, nos seguiremos oponiendo a las políticas de ajustes y recortes,
cuyo objetivo es introducir otro modelo educativo que ya se vislumbra en las
propuestas del Ministerio de Educación para la modificación de la legislación
general sobre educación.
Par ello invitamos a la sociedad en su conjunto y a los distintos sectores que
conforman la comunidad educativa a promover y participar en cuantas acciones
y movilizaciones se produzcan en defensa de la educación pública.
Mérida, 5 de septiembre de 2012.
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