Autor: Enrique Ruiz del Rosal.Fuente: Laicismo.org.
Todos los actos de las personas tienen
consecuencias (positivas o negativas), de las que debemos
responsabilizarnos. Si las consecuencias son de naturaleza jurídica
(civil o penal), debemos asumirlas. Y ello es también aplicable a los
entes jurídicos de todo tipo. Menos si se trata de la Iglesia católica
(Ic, en adelante). Como denuncia Andalucía Laica, la jerarquía católica puede vulnerar derechos fundamentales de una persona y adoptar decisiones ilegales (decidir el despido de una catequista de religión, atentando contra su libertad de conciencia) sin hacerse responsable de las consecuencias.
El Estado (o sea, tod@s nosotr@s) deberemos pagar los salarios no
abonados a esta persona en los últimos diez años (200.000 €).
Al despropósito de adoctrinar a menores de edad,
violentando su libertad de conciencia, se añade que se realiza en la
escuela pública y en la concertada (financiadas con dinero público), por
personas designadas (no profesor@s) por la jerarquía católica, y
contratadas y pagadas por el Estado. El último eslabón de esta aberrante
cadena es que cuando son despedidas ilegalmente, la Ic tampoco asume la
responsabilidad de su decisión: tenemos que pagar entre tod@s sus
desmanes. Como siempre que tratamos con los jerarcas católicos, se
reservan la parte ancha del embudo, sólo tienen derechos, y la parte
estrecha del embudo siempre es para el Estado: todo son obligaciones. De
manera que financiar los centros de ideario católico y a los
catequistas, con sus secuelas judiciales, nos cuesta anualmente la
friolera de más de 5.000 millones de euros que pagamos ustedes y yo,
tengamos las creencias (religiosas o no) que tengamos. ¡Hablamos de
medio punto del PIB español! Todo ello, gracias a la existencia de los
Acuerdos con la Santa Sede de 1979 y la Ley Orgánica de Libertad
Religiosa.
Tampoco se responsabiliza la jerarquía católica de financiar sus parroquias y sus ritos: año tras año el Estado (tod@s nosotr@s) sigue “alimentando” a unas instituciones, las diócesis, que gastan ¡diez veces más de lo que recaudan! y no realizan ningún servicio de interés general ni, por tanto, público.
Y ello en un país cuya Constitución lo define como aconfesional. Para
este fin, entre otros, el BOE asigna este año, 160 millones de euros, en
forma de anticipos mensuales del total de unos 250 M€ que finalmente
recibirá la Ic. Se da la paradoja de que tan sólo el 11% de estos
recursos lo dedican las diócesis a actividad pastoral, cuando ésta
debería ser la finalidad principal. En realidad el único objetivo de la
Conferencia Episcopal es mantener una extensa y profunda red de
sacerdotes y religios@s, cuya estructura pueda garantizar la más amplia
difusión de su particular moral e ideología y, en definitiva, mantener
la presión y el control político y moral sobre el mayor número de
ciudadan@s posible.
De esta forma, mientras el gobierno del
PP congela el salario mínimo, por primera vez desde que se creó, en
641,4 euros, se eliminan los sistemas de rentas mínimas, así como la
ayudas a familias y se cercenan las políticas públicas de vivienda y
educación, pagamos del Presupuesto público los sueldos de 21.000 curas y obispos
y mantenemos con nuestro dinero una estructura de 77.000 religios@s
distribuid@s por toda España. El resultado de estas políticas
antisociales es 9,5 millones de personas en riesgo de exclusión social o
pobreza, un gasto público social de los más bajos de Europa y una
ausencia prácticamente total de política sociales. Mientras tanto, la
jerarquía católica tan preocupada por los embriones humanos, no sale a
la calle a exigir a ningún gobierno, ni se manifiesta a favor de, una
vida digna para 10 millones de seres humanos de carne y hueso.
Si a las copiosas subvenciones de fondos públicos que recibe la Iglesia católica, sus asociaciones, congregaciones y empresas, añadimos las exenciones y bonificaciones fiscales
(IBI, ICIO,…) de que se benefician todas sus entidades y actividades en
los tres niveles, estatales, autonómicos y locales, los fondos que se
canalizan desde nuestro bolsillo a esta institución no bajan de 6.000
millones de euros. Este perpetuo paraíso fiscal católico, gracias a los
Acuerdos con la Santa Sede de 1979, contrasta con el recorte del gasto
sanitario realizado por el anterior gobierno (PSOE), o con las recientes
subidas “populares” del IRPF e IBI, por la que el gobierno prevé
ingresar ¡6.000 millones de euros!, o con el tijeretazo de casi 5.000
millones de euros a los Ministerios de Fomento, Industria, Economía y
Asuntos Exteriores (Cooperación).
En conjunto, no se desvían menos de
11.000 millones de euros al año a la Iglesia católica, a sus
instituciones y a su conglomerado mediático y empresarial. Eso significa
que más del 1% de la riqueza que produce el país en un año se deriva
hacia una entidad, cuyos intereses son estrictamente privados y
confesionales y, por lo tanto, se detraen de su utilización pública, en
función de los intereses generales. Por tanto, la jerarquía católica
tampoco se siente responsable de coadyuvar al mantenimiento de los
servicios públicos, a través de los impuestos, en nuestro país. Ése no es su problema.
Sin embargo, a cambio de este comportamiento incívico y privilegiado,
nos ofrecen todo tipo de iniciativas caritativas “desinteresadas”.
Los Acuerdos con la Santa Sede (1979)
siguen siendo el origen de ese gran “agujero negro” de privilegios
económicos que succionan recursos del Estado Español de manera creciente
desde hace más de treinta años y con la colaboración de todos los
gobiernos de la democracia. Y digo negro, porque ni la Iglesia católica
tiene interés en elaborar el balance económico anual de la corporación
católica (incluyendo todas sus actividades, instituciones y empresas) ni
el Estado ejerce su obligación de exigirlo o, en su defecto, elaborar
dicho balance integrado, cuantificando el monto de subvenciones,
exenciones o bonificaciones fiscales recibidas al amparo de dichos
Acuerdos.
Agosto de 2012
M. Enrique Ruiz del Rosal
Miembro de Europa Laica y Presidente de la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid
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