Manifiesto contra la anunciada reforma de la ley del aborto
Documento con fecha
domingo, 29 de julio de 2012.
Publicado el
domingo, 29 de julio de 2012.
Autor: Autores varios.Fuente: El Periódico.
Autor: Autores varios.Fuente: El Periódico.
La reforma de la ley que plantea el ministro Gallardón quiere
acabar con derechos de ciudadanía atacando en especial a las mujeres. Un
país sin derechos de salud sexual y reproductiva, recogidos en la
actual ley, es una sociedad donde mujeres y hombres han perdido el
derecho de escoger cuál es el momento más óptimo para ser madres y
padres; donde los niños han perdido el derecho a nacer deseados y a
crecer en el mejor entorno posible. La reforma de la ley de la
interrupción voluntaria del embarazo golpea el modelo de sociedad que
los años de democracia han forjado. Los cambios en los derechos deben
consolidar todo lo que contribuye al bienestar y felicidad de las
personas, permitiendo decidir lo que es mejor para construir su futuro,
ese que el Gobierno del PP nos quiere negar.
El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es una de las
conquistas más importantes en relación a los derechos de las mujeres.
Los estudios de la OMS demuestran que los países con leyes más
restrictivas no reducen los abortos, e incrementan las prácticas
peligrosas principalmente para las mujeres en situación de
vulnerabilidad y exclusión social.
En España, con la ley orgánica 9/1985, se despenalizó el aborto en tres
supuestos: grave riesgo para la salud física y psíquica de la mujer
embarazada, violación y malformaciones del feto. Las mujeres podían
interrumpir el embarazo en centros públicos o privados, en las 12
primeras semanas, o en las 22 primeras semanas en el supuesto de
malformaciones. Se requería denuncia policial en caso de violación o un
informe médico que certificara el cumplimiento de las condiciones
establecidas por la ley, en el resto de supuestos.
En el 2010 se reforma la ley y las mujeres pueden decidir de forma
libre durante las 14 primeras semanas de gestación. El plazo aumenta
hasta la semana 22 en casos graves para la vida o la salud de la madre o
del feto. A partir de este momento, sólo se puede interrumpir si se
detectan anomalías incompatibles con la vida o una enfermedad
extremadamente grave en el feto que sea incurable en el momento del
diagnóstico y confirmada por un comité clínico. Por fin teníamos una ley
de salud sexual y reproductiva, con el objetivo de prevenir los
embarazos no deseados y disminuir el número de abortos equiparando
nuestro país a la legislación europea más avanzada. Alemania, Grecia,
Holanda y Austria disponen, desde hace décadas, de leyes de plazos.
Las intenciones del Gobierno del PP transformarían la legislación de
nuestro país en una de las más restrictivas de Europa, asimilándonos a
Irlanda y Malta. Volveríamos a 1985, cuando la interrupción voluntaria
del embarazo no se consideraba un derecho y las decisiones de las
mujeres estaban supeditadas a la tutela médica.
Retorno al pasado, 3.000 mujeres muertas. Eran los datos del Tribunal
Supremo de 1976, cuando se practicaron 300.000 abortos clandestinos en
todo el Estado. Hace 40 años, las mujeres sólo podían interrumpir un
embarazo no deseado gracias a la información que conseguían a través de
las redes personales. Si disponían de recursos económicos viajaban a
Londres o Amsterdam y llevaban a cabo una interrupción voluntaria del
embarazo en condiciones sanitarias dignas. Si no disponían de recursos,
accedían a abortos clandestinos en España en clínicas de IVE no
legalizadas o abortaban utilizando métodos caseros y peligrosos con
consecuencias nefastas para su salud física y psíquica. La propuesta del
ministro Gallardón de penalizar el aborto por malformación del
feto es retrógrada. ¿Quizás el PP quiere condenar a la clandestinidad
esta prestación sanitaria y poner en riesgo la salud de las mujeres del
país?
Defendemos la maternidad libremente decidida, derivada del derecho al
propio cuerpo y al futuro. No queremos que sea una situación sobrevenida
ni obligada por leyes restrictivas. Queremos que las mujeres puedan
tomar la decisión sobre su embarazo y que ésta, consciente y
responsable, sea respetada. La decisión de tener hijos constituye uno de
los asuntos más íntimos y personales que mujeres y hombres afrontan
durante sus trayectorias vitales. Los poderes públicos deben establecer
los mecanismos para que se haga de manera libre y responsable, poniendo
al alcance de todos información, asesoramiento y servicios de atención
sanitaria.
Una ley de aborto no obliga a abortar, pero una ley que limita el
derecho a hacerlo condena a mujeres, parejas, familias y a la sociedad
en general a llevar adelante vidas llenas de dolor y dificultades, con
gran coste emocional y económico. La libertad de escoger es la única
garantía de defender los derechos de la ciudadanía. No se puede
confundir legislar con imponer una doctrina religiosa en un país que ha
decidido ser aconfesional.
No estamos dispuestas a retroceder 30 años en los derechos de las
mujeres. No podemos dejar dilapidar tantos esfuerzos y desde tantos
espacios como se han hecho por la defensa de los derechos de las
mujeres. Y ahora hemos constituido la Plataforma Nosotros Decidimos para
hacer un llamamiento a todas las personas que creen en la libertad y en
la igualdad de las mujeres para decidir sobre sus vidas. Somos libres
para decidir y queremos que la actual ley de salud sexual y reproductiva
no retroceda y que el aborto se garantice como una prestación sanitaria
más.
Firman este manifiesto:
M.Comas d'Argemir, magistrada
Carme Freixa, periodista
Gemma Lienas, escritora
y en un sólo día ha recibido la adhesión de más de 1.200 personas, puede hacerlo entrando en:
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