Los recortes económicos del Gobierno y la envergadura de
la crisis en España han encendido todas las alarmas en Naciones Unidas.
El último informe del Comité de Derechos Económicos y Sociales y
Culturales (CDESC) de la ONU, remitido el pasado junio al Ejecutivo,
critica sin ambages los ajustes aprobados en los últimos meses, que,
denuncia, «perjudican de forma desproporcionada» a los más
desfavorecidos. El informe reprocha al Gobierno buena parte de las
medidas adoptadas en los últimos meses y, en particular, los recortes en
sanidad, educación, planes de empleo y pensiones.
El estudio de Naciones Unidas, que es anterior al último
paquete de recortes aprobado por el Gobierno de Rajoy este julio
(reducción de las ayudas a la dependencia y prestaciones de desempleo,
amén de la subida del IVA), es muy pesimista. A diferencia de las
ediciones anteriores, en las que la intranquilidad de la ONU eran
inmigrantes, presos o mujeres maltratadas, ahora la inquietud es buena
parte de la población general.
El comité asegura estar «preocupado» por la «reducción de
los niveles de protección» provocada por «las medidas de austeridad».
Recortes que -asegura- están «perjudicando de forma desproporcionada» a
«los grupos desfavorecidos y marginados», entre los que cita a las
mujeres, los niños, las personas con discapacidad, «los adultos y los
jóvenes desempleados», las personas mayores, los gitanos, los
inmigrantes y los solicitantes de asilo.
La ONU muestra especialmente inquietud por los altos
niveles de paro que están provocando las reformas. Afirma que el actual
contexto de «crisis económica y financiera» hace todavía más preocupante
«el continuo incremento de las tasas de desempleo y del desempleo de
larga duración». Señala, además, que el paro se está cebando, de nuevo,
en los sectores más débiles, lo que está «agravando la situación de
vulnerabilidad en la cual se encuentran». El comité, ante esta
perspectiva, hace un llamamiento al Gobierno para que «evite cualquier
retroceso» en la «protección de los derechos laborales de los
trabajadores» y reclama que «la formación profesional de calidad siga
siendo prioritaria», especialmente en los casos de desempleo de larga
duración.
Alarmas encendidas también por el deterioro de las
condiciones de los que sí tienen trabajo. El informe de CDESC señala
tajante que el salario mínimo interprofesional, que ha sido congelado
desde el año 2011, tiene «un valor que no permite un nivel de vida
digno». La institución reclama con urgencia que se «ajuste
periódicamente al costo de la vida» ese sueldo. Y lo mismo con las
pensiones. «El comité constata con preocupación que los niveles de
pensión sean, en muchos casos, inferiores al nivel de subsistencia
mínimo, lo que pone a sus beneficiarios en riesgo de pobreza», apunta el
documento, que denuncia particularmente la coyuntura de «las mujeres
que reciben pensiones de viudedad más bajas».
Quinta parte
Según el estudio de la ONU, los recortes y la
intensificación de la crisis han provocado un incremento «considerable»
del índice de personas en riesgo de pobreza en España, hasta el punto de
que el 21,8% de la población vive ya por debajo de ese umbral.
Especialmente preocupada se muestra Naciones Unidas por la repercusión
de la crisis y los recortes en los niños. Afirma que uno de cada cuatro
menores de edad ya vive por debajo del umbral de pobreza. Una situación
que se hace aún más delicada porque «las prestaciones económicas a las
familias han sido severamente restringidas o incluso, eliminadas, como
en el caso de la prestación económica de pago único por nacimiento».
Los técnicos de la organización denuncian igualmente «la
situación de los individuos y de las familias que se encuentran
abrumados por los costes de la vivienda tras haber accedido a hipotecas
de larga duración» y lamentan que el Gobierno haya legislado en marzo
para dejar a «discrecionalidad de las entidades bancarias la admisión de
la dación en pago». Todo ello, además, con la constatación de que se
están autorizando «desalojos forzosos sin las debidas garantías
legales», sin que las personas afectadas sean «consultadas previamente» y
sin que se les ofrezca «una alternativa de alojamiento o compensación».
Sin «capacidad creativa»
Los recortes en educación e investigación también son
criticados con dureza. Detalla el documento que son dos de los sectores
«más afectados» por los tijeretazos, tanto en los presupuestos de la
Administración central como de las comunidades autónomas. El CDESC habla
de «medidas regresivas» que, sobre todo, van a «poner en riesgo» el
acceso «de las personas y grupos desfavorecidos y marginados a la
educación universitaria». Dice la ONU que es especialmente inquietante
que España, en esta situación de crisis, haya decidido hacer «recortes
presupuestarios que ponen en peligro la protección y la promoción de la
capacidad creativa e investigativa».
La ONU también arremete contra las «disparidades» entre
regiones a la hora de los recortes «en términos de inversión social».
Teme que esos ajustes aumenten «las disparidades» y provoquen un
«disfrute inequitativo o discriminatorio de los derechos» de los
ciudadanos dependiendo de su lugar de residencia. Y en cuanto a las
reformas de abril en materia sanitaria, advierte de que recortar los
derechos de acceso de los inmigrantes en situación irregular a los
servicios públicos de salud va contra las convenciones internacionales
firmadas por España.
El Gobierno no ha hecho público oficialmente este informe
a pesar de que la ONU, cuando se lo remitió el pasado 6 de junio, le
pidió que diera «amplia difusión a las observaciones» en «todos los
niveles de la sociedad, en particular entre los agentes estatales, los
jueces y las organizaciones de la sociedad civil».
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