La OCDE ha recomendado retrasar la edad de jubilación más
allá de los 67 años e incentivar las pensiones privadas, incluso con
carácter obligatorio, porque prevé que en el futuro se reducirán los
beneficios de los sistemas públicos. "Los trabajadores actuales y los
del futuro tendrán que trabajar más tiempo antes de retirarse y tendrán
pensiones públicas inferiores", ha señalado la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en un estudio dedicado a
analizar las reformas que se han llevado a cabo en los últimos años.
La organización ha constatado que la crisis financiera
que se desencadenó a partir de 2007-2008 ha tenido "un impacto profundo"
en las cuentas públicas de la mayor parte de sus 34 países miembros, lo
que ha obligado entre otras cosas a llevar a cabo reformas de los
sistemas de pensiones.
Tras constatar que en trece de esos Estados a largo plazo
la edad de jubilación será de 67 años o más, ha destacado que hay que
incitar a elevar la edad de retiro incluso por encima de ese listón y
considerado que una forma "efectiva y transparente" de hacerlo es
vincularla a la esperanza de vida, como ya se ha estipulado en Dinamarca
y en Italia. Ha reconocido que los ajustes automáticos entre la
evolución de la esperanza de vida y la edad de jubilación son a menudo
"complejos, difíciles de entender y crean incertidumbre sobre los
beneficios futuros", por eso requieren "graduación y transparencia en su
implementación".
Los autores del estudio indicaron que una persona que
empieza a trabajar ahora puede esperar, de media, recibir una pensión
pública equivalente a la mitad de su remuneración si se jubila con el
periodo de cotización completa.
Si se suman los beneficios de las pensiones privadas (que
son obligatorias en trece países de la organización) un pensionista
medio recibe un 69% de lo que cobraba mientras trabajaba, aunque ese
porcentaje se queda por debajo del 60% en una docena de miembros, sobre
todo donde la cotización a fondos privados es voluntaria. Por eso, los
autores del informe estiman que "la solución ideal" sería hacer
obligatorio cotizar a fondos privados e integrar a los trabajadores
automáticamente en ese tipo de dispositivos, como ya ocurre en Nueva
Zelanda.
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