La obsesión del gobierno por
disminuir el Estado del Bienestar con el fin de obtener recursos para pagar el
agujero que ha dejado la burbuja inmobiliaria y aprovechar para la privatización
de la sanidad, la educación y los servicios públicos, no tiene límites. Los recortes en la provisión de servicios públicos que atienden principalmente a las clases trabajadoras y a los sectores sociales más débiles, son los má castigados. Así, hasta la fecha, las Corporaciones Locales no han recibido las subvenciones que les permiten dar los
servicios de ayuda a domicilio que prestaban a las personas
dependientes. Las políticas de austeridad en los
servicios del Estado del Bienestar repercuten sobre las capas sociales más
humildes que son quienes los utilizan; en este caso concreto, los perjudicados son las personas mayores y dependientes que
tienen diferentes grados de necesidades vitales.
En nuestro pueblo, al igual que
en otras localidades de nuestra región la nueva situación que se presenta para
las personas que necesitan las ayudas será cada día más difícil y compleja.
Algunas de ellas recurrirán a sus familiares y en muchos casos, cuando no
exista el entorno familiar que compense las necesidades que no pueden dar los
ayuntamientos por la falta de medios, que sin consideraciones está reduciendo
el gobierno, se encontrarán con situaciones en las que sus condiciones de vida
serán bastantes angustiosas. A los dependientes que tengan posibilidades y a
sus familias, no les quedará otro remedio que utilizar recursos propios para la
contratación de una persona que le atienda.
La aplicación de estas políticas de austeridad no sólo
llevan a la angustia a un sector importante de la sociedad que es la que más
necesita de la protección del Estado, sino que repercuten de manera muy
negativa en el empleo y en la conciliación de la vida familiar y laboral. La
anulación de las ayudas para el ejercicio de estos servicios públicos condena a
muchas trabajadoras al desempleo; en este sector, la mayor parte de la
población laboral son trabajadoras.
Cada vez la ciudadanía es más
consciente de que las políticas neoliberales que se están aplicando en este
país están dirigidas a la liquidación del estado del Bienestar sin tener en cuenta que todos sus efectos recaen en las capas trabajadoras y en los sectores
sociales más débiles. En contraposición, de un modo obsceno, el poder político
no tiene ningún escrúpulo para inyectar miles de millones de euros a los bancos
y a los banqueros con sueldos y pensiones millonarias.
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