El secretario de Estado de Administraciones Públicas,
Antonio Beteta, ha anunciado hoy que el Estado suprimirá todas las
mancomunidades y ha recordado que las Diputaciones asumirán las
competencias de aquellos ayuntamientos que no cumplan la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
En una rueda de prensa posterior a la presentación del
'Estudio de la Autorización Ambiental Integrada', Beteta ha explicado
que esta decisión se enmarca en el contexto de reforma de la
Administración Local que ha presentado el Gobierno y que quiere pactar
con el PSOE y otros partidos políticos.
"Se trata de una racionalización que traerá
importantísimos ahorros que se cuantificarán en el momento en el que se
termine de cerrar la negociación política", ha señalado Beteta, quien ha
advertido de que, en el caso de que no haya acuerdo, "se hará de todos
modos".
Así, ha avanzado que las mancomunidades (entidad
legalmente constituida por agrupación de municipios) "se suprimirán
todas", mientras que las Diputaciones gestionarán las competencias
municipales de aquellos ayuntamientos que, al incumplir la Ley de
Estabilidad Presupuestaria, no puedan prestar "con eficacia y
eficiencia" los servicios públicos.
Beteta ha señalado, asimismo, que la eliminación de las
mancomunidades traerá consigo la supresión de cargos públicos y que, a
través de la Ley de Transparencia, "se procederá a una racionalización y
homogeneización de los distintos niveles salariales".
También se ha referido a un informe realizado por el
Instituto de Estudios Fiscales "que demuestra que es 20 veces más barato
la prestación de un servicio global por parte de una Diputación a los
municipios pequeños, que la prestación individualizada de los mismos".
"El Gobierno entiende que no es en absoluto exigible la
supresión de municipios, pero sí es exigible que todos los municipios
cumplan con la estabilidad presupuestaria, que gasten sólo lo que
ingresan", ha subrayado en secretario de Estado de Administraciones
Públicas.
En este sentido, ha indicado que, "en el largo proceso
del pago a proveedores" se ha detectado que unos 3.000 ayuntamientos, de
los 8.116 existentes, no han cumplido con la Ley de Estabilidad
Presupuestaria y, en consecuencia, "no podrían seguir gestionando sus
propios intereses".
"Se trata de redefinir las competencias y establecer
claramente cuáles son las competencias propias que tienen los
ayuntamientos y la obligación de cumplirlas con los recursos propios",
ha explicado.
Una vez que tengan satisfechas estas competencias con sus
propios recursos -ha comentado- "podrán pasar a negociar competencias
que son propias de las comunidades autónomas a través de convenios".
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