PROPOSICION PARA SUPRIMIR LOS JUZGADOS Preocupación en los alcaldes por la posible reducción de los partidos judiciales Los pueblos temen perder sus juzgados si los partidos judiciales de la región pasan de 21 a cinco, como propone el Poder Judicial. Los ediles ven esencial conservar este servicio para mantener población en zonas rurales y acercar la Justicia al ciudadano

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Los municipios extremeños con partido judicial se muestran contrarios a cualquier reordenación que implique la pérdida de sus juzgados. El impacto que eso tendría sobre su economía, e incluso a nivel demográfico, inquieta y preocupa a los alcaldes. Los ediles de las poblaciones pequeñas y medianas anuncian una oposición firme si la medida (que en estos momentos estudian el Consejo General del Poder Judicial, los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia) lleva a concentrar estos servicios en las grandes ciudades.
En pos de la eficiencia y del ahorro, el Gobierno busca medidas para reducir el coste de funcionamiento de la justicia en España. Una de las opciones es reorganizar la base de su organización territorial. En este sentido, el Consejo General del Poder Judicial, el máximo organismo de los jueces, ha echo una primera propuesta para rebajar de 431 a 199 el número de partidos judiciales.

En Extremadura la reestructuración significaría pasar de los 21 actuales a siete: dos en la provincia de Cáceres y cinco en la de Badajoz. Según la portavoz de este organismo y coautora del documento, Gabriela Bravo, la reagrupación de partidos judiciales no significa necesariamente la eliminación de las actuales sedes judiciales, pero no cierra la puerta al cierre de juzgados. Y es eso lo que inquieta a los alcaldes.
ARGUMENTOS El de Logrosán es uno de los partidos judiciales históricos de la región. Sus orígenes se remontan al siglo XIX. Tiene un solo juzgado y su demarcación comprende a 12 municipios del entorno de Las Villuercas. En total da servicio a 13.906 habitantes. Junto al de Valencia de Alcántara, es el partido judicial con menos ciudadanos en su ámbito geográfico. "Sería una lástima perder el partido judicial y el juzgado. Es un servicio público que genera mucho movimiento y actividad en la localidad. Las personas que vienen al juzgado desde los pueblos próximos siempre aprovechan para otros asuntos. Es parte de nuestra economía", apunta Isabel Villa, alcaldesa de la localidad. Este es uno de los motivos de la oposición y el temor de los ediles a la propuesta del Poder Judicial: el impacto económico que la desaparición de la sede judicial tendría en sus municipios, sobre todo en los más pequeños.
Otro argumento que aportan los responsables de los consistorios es de carácter demográfico. Sin juzgados, estos municipios y su entorno se exponen a perder población. "La gente tiende a concentrarse en torno a los núcleos donde se prestan más servicios. Si desaparece o se desplaza un servicio ciudadano, en este caso los juzgados, existe el riesgo de que haya una merma en el número de habitantes", advierte, prudente "porque todavía no hay nada seguro", Alberto Casero, alcalde la localidad cacereña de Trujillo. "Si empezamos a quitar servicios a áreas rurales como la nuestra, nos quedamos solos", agrega su homólogo de Valencia de Alcántara, Pablo Carrilho. Su municipio, próximo a Portugal, se encuentra a 90 kilómetros de distancia por carretera de Cáceres. El trayecto dura algo más de una hora. "Esto nos aislaría más y limitaría nuestro acceso a la justicia", arguye.