Las noticias sobre la atención a inmigrantes ante el Decreto Ley de medidas urgentes impuesto por el gobierno de España donde se restringe la atención a los inmigrantes y solo garantiza a los “sin papeles” la asistencia en urgencias y en los partos, han sido muchas y diversas. Algunas de estas opiniones que hablan de NO AL CAMBIO DE LA LEY DE EXTRANJERÍA, de seguir atendiendo a los inmigrantes “irregulares” e incluso de “insumisión” forman parte de este artículo:
- La Junta Directiva de la Sociedad Andaluza de Salud Pública y Administración Sanitaria (SASPAS-Hipatia) y en su nombre su Presidente Patxi Cuberta ha salido al paso, con motivo de la celebración este año del 26 aniversario de la Ley General de Sanidad, de los riesgos para la protección de la salud y la atención sanitaria.
Entre el conjunto de medidas de ajuste
económico planteadas por el Gobierno de España, la modificación de la
Ley de Extranjería es de las que supone, a nuestro parecer, un
importante paso atrás para los derechos de la ciudadanía. Que la
posibilidad de obtener atención sanitaria por la población inmigrante
dependa del domicilio fiscal, en vez del lugar de empadronamiento, como
hasta ahora, supone una medida injusta, además de ineficaz para
disminuir los costes de nuestro Sistema Nacional de Salud. Tan injusta e
ineficaz, que creemos debería paralizarse su ejecución.
Es injusta porque por primera vez desde la
transición a la democracia un colectivo de personas es privado de un
derecho social básico. Estábamos en la Universalización, recién lograda por una disposición de la Ley General de Salud Pública y damos un paso atrás, inaceptable en términos de justicia, expulsando en la práctica, a un colectivo especialmente vulnerable.
Los inmigrantes empadronados y sin trabajo
son un colectivo amplio, constituyen un grupo difícil de calcular con
exactitud, pero sin duda de varios cientos de miles de personas, que
viven, como tantos españoles, de la economía informal y forman parte de
la sociedad. Pagan impuestos, los indirectos como el IVA, y otros. Son
una población vulnerable y frágil, que un Estado y una Sociedad
solidarios tienen que proteger.
El mezclar este tema con el turismo sanitario es inaceptable para la inteligencia.
Quienes practican turismo sanitario son ciudadanos europeos a los que
hay que habilitar, y con eso sí que estamos de acuerdo, mecanismos que
permitan el cobro a sus países por los procedimientos que existen para
ello. Y en esto sí se puede ahorrar. Pero no es el problema de los
inmigrantes empadronados y sin trabajo. Es otro problema y es demagógico
mezclar a los turistas sanitarios con los inmigrantes vulnerables.
La medida es, además, ineficaz,
porque este colectivo consume muchos menos recursos que la población
autóctona, por varias razones como el miedo a acudir a servicios
estatales, pero también porque están más sanos que los españoles en
igualdad de circunstancias. Desde hace mucho sabemos que no emigra quien
quiere, sino quien puede financiarse, él o ella o sus familias, un “proyecto migratorio”. Lo llamamos el “Síndrome del Inmigrante Sano”, y está ampliamente probado. No vamos a ahorrar lo que dicen con esta medida. Las cuentas son falsas.
Por otro lado, este colectivo de
personas ocasionalmente tiene problemas de salud, y entonces acuden, más
que la media, a los servicios de urgencias. Si se mantiene la
medida que propone el gobierno, todavía usarán más los servicios de
urgencias porque será su único recurso legal. Estarán más sobrecargadas
nuestras urgencias. Este colectivo quedará desprovisto de atención
sanitaria normal ante una enfermedad crónica, una diabetes por ejemplo, o
un cáncer, o una tuberculosis o cualquier otro problema en el que
interese una atención de salud “normalizada”. ¿Qué haremos? ¿Crearemos una “beneficencia” para ellos? ¿O los dejaremos morirse lisa y llanamente? No, crearemos, otra vez, servicios caritativos para ellos, porque la sociedad española es compasiva a pesar de su gobierno.
En definitiva, proponemos no modificar la Ley de Extranjería
para instaurar esta medida injusta, inequitativa, ineficaz en cuanto a
ahorro de costes, desorganizadora del sistema, y que presentará
continuos y cotidianos dilemas éticos a nuestros profesionales de
urgencias y de atención primaria. Sí que proponemos instaurar mecanismos
que permitan el cobro a sus países para los ciudadanos europeos que
practican el turismo sanitario. Pero no confundir a la población
española con medidas que son peligrosas por su potencialidad xenófoba.
2. La Asociación Pro Derechos Humanos ha pedido s a la Junta de Andalucía que ejerza “insumisión”
y que mantenga la asistencia sanitaria “a todas las personas,
independientemente de su nacionalidad y su situación administrativa”,
incluidos los inmigrantes en situación administrativa irregular. Ante
ello, la Consejera de Salud de Andalucía ha dicho que “Nadie en Andalucía con un problema de salud se quedará sin asistencia sanitaria” y que el Servicio Andaluz de Salus busca cómo seguir atendiendo a los ‘sin papeles’. Y el Gobierno Vasco llevará al Constitucional los recortes en sanidad y educación y Osakidetza seguirá atendiendo a los inmigrantes irregulares.
3. Hemos podido leer testimonios de pacientes, personas
con nombres y apellidos que, desde el 1 de septiembre, quedan excluidas
de la atención normalizada o que tendrán problemas para seguir su
tratamiento médico, como:
- Un inmigrante en situación irregular enfermo de cáncer que dejará de recibir su tratamiento de radioterapia y quimioterapia.
- Un lesionado medular que tendrá que pagar una parte de su silla de ruedas y del transporte medicalizado que le lleva varias veces por semana a recibir su tratamiento.
- Una persona con un ictus que tendrá que abonar un porcentaje de los preparados nutricionales que debe recibir por sonda.
- Un paciente con VIH que necesita las pastillas del VIH y no podrá pagarlas.
- Dos niñas, Paula y Marta, de ocho y 14 años, que padecen fenilcetonuria, una patología que les impide metabolizar las proteínas. Por eso tienen una alimentación muy restrictiva a base de frutas y verduras. El resto de nutrientes vitales lo obtienen a través de batidos y preparados que cuestan 22.000 euros al año. Sus padres no podrán pagar su tratamiento.
- El argelino Salam que pelea contra una enfermedad de corazón. En 2003 le implantaron en Francia una válvula biológica. Ahora vive en España. No tiene papeles. La operación le ha dado la vida pero necesita revisiones y medicación que no podrá tener sin cobertura pública.
- Al paciente que le detectaron degeneración macular y que para no perder la vista se sometió a un trasplante de córnea. Necesita seguimiento médico y fármacos que no podrá pagar.
- “Si dejo la medicación moriré”. Esto dice un paciente que tiene problemas de corazón y está en situación irregular. No sabe qué hará cuando el Gobierno desactive su tarjeta sanitaria.
- Adiós a los tratamientos de salud mental. Después de una dura vida en la calle y de caer en el infierno de las drogas logró un trabajo gracias a Cáritas. Poco después sufrió una crisis y le diagnosticaron esquizofrenia. Necesita seguimiento médico para evitar recaídas.
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