Las autonomías, obligadas a reducir su déficit este año
del 2,9% al 1,5%, indagan cualquier fórmula, por impopular que sea, que
les permita minorar sus gastos en unos 15.000 millones de euros. Tres
comunidades gobernadas por el PP, Galicia, Valencia y Castilla-La
Mancha, propusieron al Gobierno abrir el debate sobre la posibilidad de
cobrar una parte del coste de los menús a los pacientes de los
hospitales públicos, según indicaron fuentes del Ministerio de Sanidad.
El coste medio de la manutención de un paciente en un
centro médico público en España asciende a 24 euros al día que, en la
actualidad, asumen de manera íntegra las comunidades autónomas. Una
cuarta, Cataluña, es la que más determinación ha mostrado hasta el
momento. De hecho, Artur Mas reclamó a principios de abril a Mariano
Rajoy que impulsara este recorte en todo el territorio nacional, tal y
como ocurre en otros países europeos como Alemania, donde los enfermos
aportan diez euros al día, a partir de las primeras 24 horas de
hospitalización, para contribuir a su manutención.
Madrid desechó la iniciativa y el Govern, pese a que
llegó a incluirla en su plan de ajuste, aún no ha puesto en práctica
este gravamen en los servicios de hostelería que se presta en los
hospitales.
«Si uno está en casa, se paga la comida y la calefacción,
pero si está en un hospital, no paga nada de esto. ¿Por qué ha de ser
así? Esto no pasa en otros países, como Alemania, donde se pagan unos 10
euros diarios por manutención tras un ingreso hospitalario», llegó a
declarar el pasado 10 de abril el portavoz de la Generalitat, Francesc
Homs.
La norma se regiría por el mismo principio de
progresividad fiscal que, por ejemplo, ha arbitrado el Gobierno central
en el copago farmacéutico. Por lo tanto, quedarían exentos los enfermos
crónicos o los de menor poder adquisitivo.
Los interesados plantearon esta cuestión en los
prolegómenos del Consejo Territorial del Sistema Nacional de Salud, que
se celebró el 18 de abril, y en el cónclave que mantuvo Mariano Rajoy
con los barones autonómicos en la sede nacional de la madrileña calle
Génova.
Ana Mato, ministra de Sanidad, en una conversación
informal con periodistas en el Senado, indicó que su departamento no es
partidario de aplicar esta medida, aunque recordó que la competencia
sobre la hostelería hospitalaria recae de manera exclusiva en las
comunidades autónomas y que, por lo tanto, la última palabra sobre este
asunto la tienen los gobiernos regionales. Otras fuentes del Ministerio
recalcaron que, en cualquier caso, los dirigentes de Castilla-La Mancha,
Valencia y Galicia no concretaron si se trataba de una mera idea en
estudio o un proyecto en firme.
El Gobierno, por el momento, ha optado por otras vías de
ahorro. Tras la publicación en el BOE del Real Decreto Ley aprobado por
el Consejo de Ministros el 20 de abril, los pacientes de la Sanidad
pública están obligados a desembolsar parte de las prótesis, los
productos dietéticos e incluso el transporte sanitario no urgente. Unos
productos que, desde entonces, se consideran como «servicios accesorios»
sujetos al copago.
La iniciativa también incluye que eventualmente los
enfermos sufraguen, al menos parcialmente, todas aquellas prestaciones
que no sean estrictamente sanitarias como la limpieza de sábanas y
toallas o el mantenimiento de las camas.
«Si una persona está hospitalizada seis, siete, ocho
días, tiene una pensión completa y eso en cualquier pensión de cualquier
ciudad tiene un coste», explica un alto responsable del Gobierno
gallego.
El propio presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ya
avanzó su preferencia de cobrar por cualquier prestación no
estrictamente sanitaria, «como ducharse, comer o dormir en los
hospitales», para preservar la gratuidad y universalidad de las
consultas, pruebas diagnósticas, actividad quirúrgica y material
sanitario.
Gestión privada
La secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La
Mancha, María Dolores de Cospedal, había respaldado el copago
farmacéutico según la renta de cada ciudadano. De hecho, no cerró la
puerta a la posibilidad de implementar una tasa para ciertas consultas
médicas, una decisión que dejó en manos de los servicios sanitarios de
su región. De momento, se ha decantado por fomentar la gestión privada
de hospitales públicos.
Las últimas medidas que ha adoptado la Comunidad
Valenciana para ahorrar en Sanidad van en esta misma senda. El Gobierno
que preside Alberto Fabra hizo público la semana pasada su proyecto para
crear un nuevo modelo del sistema sanitario público, que entrará en
vigor en enero de 2013, basado en «intensificar el grado de colaboración
público-privada» que ya existe en la externalización de algunos de los
servicios no sanitarios, y que permitiría ahorrar unos 443 millones de
euros al año.
El nuevo modelo consistirá en la agrupación dentro de
cada departamento de salud de los servicios que ya están externalizados
para adjudicarlos a entes gestores que llevarán a cabo la planificación
de acuerdo con la Consejería de Sanidad, sin que esto suponga, según la
Generalitat, la privatización de los servicios como la prevención,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
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