La ley educativa extremeña impide que los recortes superen los 32 millones La partida en educación no deberá bajar de 950 millones para tener el 20% del presupuesto total, como fija la ley. La consejera defendió en su momento el "blindaje" ante los ajustes y el PP pidió una mayor financiación de la ley

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El 11 de noviembre del 2010 el entonces presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el por aquella fecha líder de la oposición, José Antonio Monago, pactaron la Ley de Educación de Extremadura, un "pacto histórico" como se calificó en aquel momento por todas las partes; y el 24 de febrero del 2011 fue aprobada por unanimidad en la Asamblea (foto). Ahora, quienes se oponen a los recortes educativos denuncian que no se cumplirán los objetivos de ese gran acuerdo. Pero, qué dotación económica fija esta normativa y cómo van a repercutir esos ajustes. La disposición adicional cuarta de la Ley de Educación de Extremadura dice: "La Comunidad Autónoma de Extremadura destinará al servicio público educativo una cuantía económica anual no inferior al seis por ciento del Producto Interior Bruto regional y que represente, al menos, el veinte por ciento del importe total de los Presupuestos Generales para la Comunidad Autónoma de Extremadura". El presupuesto de la Junta de este año cumple ese compromiso y otorga a educación exactamente el 20% de la cuantía total de las cuentas; en concreto, 982.798.061 euros (el presupuesto global es de 4.914 millones).
Sin embargo, a falta de cifrar en Extremadura el recorte de esas medidas aprobadas a nivel nacional, hay un dato que resulta evidente y es que la consejería de Economía ya ha difundido la necesidad de afrontar ajustes de 163 millones para cuadrar las cuentas y cumplir el objetivo de déficit a final de año impuesto por el Gobierno a las comunidades autónomas. Así, el presupuesto final quedaría con 4.751 millones. Por tanto, para que al final se siga manteniendo ese 20% a educación del presupuesto total, la cuantía para la Consejería de Educación debe quedarse en 950,2 millones. Ahora tiene 982,7; con lo que el recorte no debe superar los 32,5 millones para cumplir con la Ley de Educación.
Hay otro matiz relacionado con todo esto. Para ajustar esos 163 millones, Economía ya ha manifestado que el recorte educativo será del 0,93% de su presupuesto, eso supone eliminar 9,5 millones, pero solo para cumplir con los ajustes impuestos por la Consejería de Economía, por lo que no están incluidas las medidas acordadas la pasada semana por ministerio y comunidades autónomas para recortar 3.000 millones de euros en todo el sistema educativo nacional.
Llegados a este punto, cobran relevancia algunas manifestaciones de responsables políticos sobre esta cuestión, tales como las realizada por la consejera de Educación, Trinidad Nogales, el pasado 30 de agosto en la Mesa Sectorial de Educación en Extremadura, donde aseguró que "Educación es una materia blindada frente a los recortes, lo que no impedirá que los centros tengan la obligación optimizar recursos dentro de las políticas de austeridad que ha marcado el Gobierno autonómico". También el ahora secretario general de Educación, César Díez Solís, defendió el 24 de febrero del 2011 durante el pleno en el que se aprobó la ley por unanimidad una enmienda sobre la financiación del sistema educativo en la que el PP, entonces en la oposición, pedía que el mínimo del 6% del PIB anual y del 20% del presupuesto general de la comunidad autónoma fijado en la ley se destine al "servicio público educativo". Además, en declaraciones a este periódico el 26 de julio pasado, cuestionado por si se bajaría la ratio de alumnos por aula, aseguró que "hay centros que superan el máximo legal de alumnos por docente --25 alumnos en Primaria y 30 en Secundaria-- y eso hay que estudiarlo centro por centro. Es consecuencia de bajar un 10% el presupuesto, porque desde las competencias las ratios bajaron y hay que volver a esa línea".
Sin embargo, los sindicatos también hacen sus cábalas. Si es base a la "población", los recortes podrían estar "en torno a los 160 millones", pero si se toma la "inversión que en educación hace cada comunidad dentro del conjunto del Estado español, quizá "correspondería 80 millones", señala el responsable de enseñanza de UGT, Manuel Flores. En términos parecidos se muestra su colega de CCOO, Tomás Chaves, quien a la hora de calcular los ajustes en la región apunta la variable del déficit del año pasado y estima que estarán entre los 75 y 120 millones de euros.