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Los interinos con menos de cinco meses y medio trabajados durante el
curso se quedarán, casi con toda seguridad, sin las retribuciones de los
meses de verano que hasta ahora cobran, algo que, según ha podido saber
este periódico, supondría un ahorro de 5 millones de euros a la Junta.
Además, el aumento de horas lectivas se va a circunscribir
exclusivamente a los profesores de Secundaria. Son las únicas dos
medidas, ambas de segundo nivel, que hasta el momento ha puesto sobre la
mesa la consejera de Educación, Trinidad Nogales, durante la reunión
que mantuvo ayer con los sindicatos para explicarles las propuestas
avanzadas el lunes por el ministro José Ignacio Wert y que todavía hay
que concretar con exactitud su relevancia en Extremadura, ya que no se
aplicarán de igual manera en toda España. Esas propuestas pasan por
aumentar la ratio de alumnos en las aulas, incrementar la jornada
lectiva de los docentes y no cubrir las bajas inferiores a dos semanas,
entre otras.
Nogales no concretó ayer lios grandes recortes que
hay que hacer en la educación. Insiste en que aún no se puede hablar de
cifras de ahorro en la región ni tampoco de la merma de docentes por
esos recortes (los sindicatos hablan de al menos un millar de puestos de
trabajo perdidos) ya que hay que esperar a la publicación del decreto,
señaló tras la cita de ayer. Esa poca claridad es la que denuncian los
responsables sindicales en materia educativa, que salieron de la reunión
sin nada que no conocieran al entrar, salvo la "mala noticia" de ese
plus que perderán los interinos afectados y que solo aumentará la
jornada lectiva para los decentes de Secundaria. Todos rechazan de plano
las propuestas de Wert por el detrimento del sistema educativo que, a
su juicio, van a suponer; e incluso UGT habla de que si no se retiran
llamará a la movilización de la comunidad educativa, y AMPE pide que
antes de que se apruebe el decreto se abra una mesa de negociación en
Extremadura para estudiar la situación de cada centro.
Nogales
insistió en que no se puede hablar de cifras ni de recortes de personal
ni de ahorro para la Junta hasta no conocer al detalle el decreto. "Son
medidas que no afectan a la calidad de la enseñanza y son flexibles, dan
un margen a cada comunidad para aplicarlas en cada caso particular",
destacó. A este respecto, señaló que "la aplicación de las ratios en las
zonas rurales va a ser distinta a la de otras comunidades", por la
ideosincrasia de Extremadura. "Hacer cábalas me parece arriesgado, la
ratio aumenta, pero analizaremos los casos, porque, por ejemplo, hay
cuarenta cuarenta centros rurales agrupados y muchos de ellos no
alcanzan la ratio mínima", indicó. Por ello, no es posible aplicar un
patrón estandar, recalcó; de ahí que haya posibilidad de adaptar las
medidas a las circunstancias particulares de la comunidad.
La
consejera aseguró por la mañana que los profesores "tienen garantizado
su trabajo", porque son funcionarios, pero que "hay que ajustar las
plantillas a las necesidades", sobre todo en la situación de los
interinos, porque "no sabemos hasta que punto van a repercutir las
sustituciones o los interinos, pero nuestro deseo es seguir trabajando
en pro de esa calidad de la enseñanza", argumentó por la tarde.
Esas pocas noticias por parte de la consejera decepcionó a los
sindicatos. Manuel Pascual, del sector de enseñanza de CSIF se mostró
preocupado porque "ni ellos mismos --la consejería-- conoce el alcance
exacto de las medidas avanzadas por el ministro", y señaló que "tampoco
le garantizan" esas retribuciones de verano a los interinos que hallan
cubierto una vacante durante el curso completo. En la región, comentó,
hay 1.500 interinos, pero los sindicatos desconocen cuántos de ellos
hacen el curso completo y cuantos solo cinco meses y medio.
En
ese mismo sentido se expresó Antonio Vera, presidente de AMPE, que ha
pedido que antes de que se apruebe el decreto se abra una mesa de
negociación en Extremadura para estudiar la situación de cada centro
educativo. "Nos vamos un poco decepcionados", comentó a la salida de la
reunión, por esa falta de concreción de la consejería.
Más
contundente es Miguel Salazar, responsable de educación de UGT, que
habla incluso de plantear movilizaciones si esas propuestas del
ministerio no se retiran, porque "suponen un recorte del profesorado y
de la calidad del sistema educativo", además de un problema para el
desarrollo de la Ley de Educación de Extremadura.
Su colega de
CCOO, Tomás Chaves, insiste en que se van a ver perjudicados en torno a
un millar de docentes, y esos recortes van a suponer "un terremoto en el
sistema educativo", por lo que pide a la consejera que "no insista en
hacer ver como que las medidas serán suaves, cuando van a ser duras".
El único sindicato que ha puesto sobre la mesa de dónde sacar dinero
para no tocar la calidad del sistema es PIDE, que presentó ayer en
Presidencia un escrito en el que muestra su contrariedad por las medidas
y da cuenta de partidas educativas de donde poder recortar sin
necesidad de recortar personal, y aumentar la ratio de alumnos o las
horas lectivas de los docentes. Así, cifra el ahorro en casi 53
millones, sobre todo suprimiendo los casi 50 millones destinados a
conciertos educativos; así como la partidas que presta para las
asociaciones Freapa y Concapa (casi 14.000 euros) o las que destina a la
investigación (367.000 euros).
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