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Extremadura es una de las regiones a las que menos ha favorecido la
entrada en vigor del nuevo modelo de financiación autonómica, que echó a
andar en el 2009. De acuerdo a un estudio del Instituto de Economía de
Barcelona (IEB), de los 9.198 millones de euros de recursos adicionales
que trajo aparejados el cambio de sistema durante su primer año de
aplicación, la comunidad autónoma recibió 159 millones, lo que supuso
136 euros por habitante. Se trata de la quinta comunidad que menos
fondos añadidos percibió en términos de población ajustada (teniendo en
cuenta aspectos como la dispersión o la población de mayor edad),
bastante por debajo de la media española, que fue de 210 euros, y lejos
de las autonomías que más fondos ingresaron: 486 euros en las Islas
Baleares, 283 en la Comunidad Valenciana, 273 en Madrid y 269 en
Cataluña.
La puesta en marcha del nuevo modelo ha incrementado la
autonomía financiera de las comunidades autónomas de régimen común
(todas a excepción del País Vasco y Navarra) mediante el aumento de los
porcentajes de recaudación en el IRPF, el IVA o los Impuestos
Especiales. De este modo, en el IRPF se pasa de un 33% a un 50%, en el
IVA de un 35% a un 50% y en los Impuestos Especiales se alcanza un 58%, a
excepción del Impuesto sobre la Electricidad, que se recauda en un
100%.
Ninguna comunidad perdió recursos en términos absolutos.
Sin embargo, Elena Manzano, profesora de Derecho Financiero y Tributario
de la Universidad de Extremadura, resalta que el aumento de estas
partidas ha beneficiado "sin lugar a dudas, a aquellos territorios que
tienen una elevada capacidad fiscal ante el importante nivel de renta y
riqueza de las personas físicas y jurídicas que residen en ellos".
Además, agrega, la contrapartida del incremento de recaudación por la
Haciendas autonómicas es la disminución de recursos de la estatal, "lo
que dificulta la necesaria redistribución de la renta y riqueza personal
y territorial más equitativa contenida en el artículo 40 de la
Constitución española". Por ello, precisa, el modelo establecido en el
2009 "no beneficia a nuestra comunidad autónoma en la misma medida que a
territorios que presentan un mayor potencial recaudatorio".
La autora de este estudio del IEB, incluido en el Informe sobre federalismo fiscal 2011 ,
la catedrática Nuria Bosch, señala que el principal problema del
anterior método de reparto es que proporcionaba unos "resultados
arbitrarios y una sobrenivelación, en el sentido de que los territorios
con más capacidad fiscal acababan disfrutando después de la nivelación
de menos recursos por habitante que los territorios con la capacidad
fiscal más baja".
Entre estos últimos se menciona a Extremadura,
comunidad de la que se afirma que, a pesar de contar con una de las
capacidades fiscales más bajas, pudo "disfrutar" de unos recursos por
habitante "substancialmente por encima de la media". Así las cosas,
entre 2002 y 2008 (el anterior modelo se aprobó en el 2001), la región
encabezó el ranking de las autonomías con mayor capacidad
tributaria una vez efectuada la aportación a la solidaridad regional. En
el 2008, considerando cien la media de las autonomías, Extremadura se
situaba en un 124. Un año después, la región aparece en segundo lugar,
tras Cantabria y empatada con Castilla y León, con 112. Eso en términos
de población de derecho, porque en los de población ajustada baja hasta
el cuarto lugar, con un 105,4 tras, en este orden, Cantabria, La Rioja y
Madrid.
"DISFUNCIONALIDADES" En cualquier caso, Bosch
indica que los cambios introducidos no han conseguido eliminar las
"arbitrariedades", y destaca los casos de Murcia y Comunidad Valenciana,
"que siguen castigadas por el sistema", situación que se contrapone a
la de Cantabria y La Rioja, territorios con unas capacidades fiscales
por encima de la media, pero que después de efectuar la nivelación
"todavía ganan posiciones". Por este motivo, Bosch cree que las
"disfuncionalidades" que presentaba el sistema no han sido corregidas
totalmente.
Elena Manzano realiza, sin embargo, un análisis muy
diferente. Esta experta apunta que con la nueva estructura se limita la
nivelación a los servicios públicos fundamentales, y se mejora la
financiación de territorios con un elevado nivel recaudatorio mediante
el nuevo Fondo de Competitividad, "en el que la mayor beneficiada,
paradójicamente al tratarse de un pretendido instrumento de realización
de la solidaridad interterritorial, es Cataluña con 937 millones de
euros"."No hay que olvidar --continúa-- que el modelo vigente reproduce
el esquema impositivo recogido en la reforma del Estatuto de Autonomía
de Cataluña"
Esto lleva a que Manzano no sea partidaria de
continuar por la senda de incrementar la cesión impositiva a las
comunidades autónomas, ya que ello conllevaría
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