La portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, ha
denunciado que el Gobierno se ha gastado siete millones de euros en
enviar dos cartas a cada pensionista, en una anunciando la actualización
de la paga y en otra lamentando que la subida del IRPF pueda disminuir
la cuantía.
Rodríguez ha revelado esta cifra en el pleno del
Congreso, en una pregunta dirigida a la vicepresidenta del Ejecutivo,
Soraya Sáenz de Santamaría, sobre si las decisiones del Gobierno
respondían a los intereses generales.
Según Rodríguez, la remisión de estas dos cartas, una
firmada por la ministra, Fátima Báñez, y otra por la directora general
de la Seguridad Social, María Eugenia Martín Mendizábal, han costado
450.000 euros en papelería y sobres y 0,36 céntimos más por cada envío.
"Los españoles merecen una explicación sobre este gasto", ha considerado
Rodríguez, sobre todo cuando se han reducido el 50% las becas para
estudiar idiomas en el extranjero.
En su réplica, la vicepresidenta ha dejado claro que seis
millones de pensionistas han visto actualizadas sus pagas y que al 70%
no le afecta la subida del IRPF. Sáenz de Santamaría ha señalado, en
este contexto, que el Gobierno del PP ha subido un impuesto progresivo
como el IRPF, y no el IVA, como hizo el Ejecutivo de José Luis Rodríguez
Zapatero.
Al servicio de "grupos de interés"
Al margen de las cartas a los pensionistas, Rodríguez ha
reprochado al Gobierno que en estos 80 días de mandato haya tomado
decisiones que responden "a grupos de intereses, pero no a los intereses
generales" de los ciudadanos. Por ejemplo, ha citado la reforma
laboral, que, a su juicio, responde a los intereses de los empresarios
mientras el Ejecutivo ha empezado "una campaña de descalificación" de
los sindicatos y de "intoxicación" contra todos los que están en contra.
Tras una "aparente negociación" con las compañías eléctricas, Rodríguez
ha insinuado que "ya les han torcido la mano y les han ganado el pulso"
al Gobierno de manera que el déficit tarifario lo pagarán sólo los
consumidores, con una subida del recibo de la luz después de las
elecciones del 25 de marzo.
La reforma de la ley del aborto, por su parte, "responde
única y exclusivamente a los intereses de un sector de la Iglesia
católica, que quiere imponer por ley su moral y sus creencias
religiosas", ha añadido.
Hay otras actuaciones, en opinión de la portavoz
socialista, que sólo obedecen "a la propaganda del Gobierno", como el
código de buenas prácticas para los impagos hipotecarios. "Para la
banca, un código voluntario; para las mujeres, un código muy distinto,
el Código Penal", se ha quejado.
"Al servicio de todos los españoles"
Frente a estas críticas, la vicepresidenta ha defendido
que el Gobierno "cumple con su deber al servicio de todos los españoles"
y ha esgrimido la mayoría absoluta de su partido como la mejor prueba
del aval que tiene el PP para llevar a cabo sus políticas.
"Defender los intereses generales es gobernar de acuerdo
con la voluntad general y, viendo las bancadas, esta tiene un amplio
respaldo social para hacer las reformas que está acometiendo", ha
apostillado.
Y, según ha remachado, lo está haciendo con diálogo, como
lo demuestra el hecho de que la reforma financiera se aprobara en el
Congreso con el 90% de apoyos, cifra que se eleva hasta el 93% en el
caso de las medidas para que las administraciones públicas paguen a sus
proveedores.
Ha aprovechado además para afear la postura de los
socialistas en torno a las manifestaciones sindicales contra la reforma
laboral y la huelga general y ha apuntado que no hay mejor manera de
defender el interés general que diciendo lo mismo en la oposición y en
el Gobierno.
Al hilo de lo anterior, ha recordado que el PP ya dijo
con motivo de la huelga general de 2010 que ese tipo de respuesta
sindical no era la solución, postura que sigue manteniendo, en tanto que
el PSOE pedía entonces "un acto de patriotismo" a los sindicatos y
ahora les comprende.
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